MAYELA ARMAS H.
Mañana 26 de junio vence el plazo para que los propietarios de aquellos edificios de vieja data que están destinados al alquiler vendan las viviendas a los inquilinos.
El pasado 28 de marzo el Ministerio de Vivienda y Hábitat emitió una resolución en la cual ordenaba la oferta de los inmuebles en aquellos edificios que por 20 años o más han estado orientados al arrendamiento, con lo cual reactivó una de las disposiciones transitorias de la Ley de Arrendamientos Inmobiliario, que está vigente desde 2011. Ese plazo culmina esta semana.
Sin embargo, el proceso de venta de las edificaciones ha marchado con lentitud. Voceros de las redes de inquilinos indican que varios propietarios han manifestado la intención de vender, pero agregan que las negociaciones más adelantadas se tienen con los dueños que iniciaron los procedimientos en junio de 2011.
En ese período, la Vicepresidencia de la República convocó a los propietarios de 100 inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Caracas a que iniciaran las ventas de los apartamentos alquilados. Luego, cuando la Asamblea Nacional autorizó la Ley de Alquileres, ese proceso pasó a manos de la Superintendencia de Arrendamientos de Vivienda, que volvió a enviar comunicaciones a los dueños de esas 100 edificaciones.
En tres años, las negociaciones se han concretado con los propietarios de 23 edificios y según los voceros de las organizaciones, actualmente las familias que habitan en esos inmuebles están haciendo los procedimientos para gestionar los créditos.
Comentan que del resto de los 77 edificios, el 40% de los propietarios han indicado al organismo supervisor que están dispuestos a ofertar los apartamentos, sin embargo, los demás han señalado que no han negociado por las dificultades que han tenido para transformar los inmuebles en propiedad horizontal.
Los representantes del sector inmobiliario apuntan que esos cambios requieren de un período de dos años.
Pero la normativa fija unos lapsos y si no se concretan las negociaciones los propietarios de los inmuebles serán objeto de severas sanciones.
De acuerdo a la disposición, aquellos dueños de edificaciones que no vendan las viviendas tendrán que pagar una multa de 2.000 Unidades Tributarias (254.000 bolívares) por cada apartamento no ofrecido a sus inquilinos.
La multa deberá ser pagada en un plazo de cinco días hábiles siguientes y, en caso contrario, se considerará reincidente en la sanción, por lo que la multa se doblará.
Si la multa no se cancela, la Superintendencia puede acudir a los tribunales y pedir el embargo del inmueble.
marmas@eluniversal.com
El Universal
26-06-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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