Oriana Faoro Martes
Un grupo de los 42 propietarios de los apartamentos de Villa Tempo enseñaron los documentos de compra-venta y recibos de cuotas por el inmueble
Un grupo de los 42 propietarios de los apartamentos de Villa Tempo enseñaron los documentos de compra-venta y recibos de cuotas por el inmueble
ofaoro@correodelcaroni.com
El sábado, alrededor de las 7:00 de la noche, un grupo de trabajadores de Ferrominera Orinoco invadió el Conjunto Residencial Villa Tempo, ubicado en la avenida Caracas del sector Villa Icabarú, conjuntamente con un grupo de personas residenciadas en las adyacencias del complejo habitacional.
Las personas entraron a la propiedad pues, según declararon, “el acceso estaba abierto”, refiriéndose a las láminas de zinc que sirven de portón al conjunto residencial, que tiene alrededor de tres años sin habitar, debido a que aún se encuentra en fase final de construcción.
Alexis Ramírez, trabajador de Ferrominera y parte del grupo de resguardo, notificó que alrededor de 40 personas de esta empresa “fuimos estafados por los dueños de la constructora de Villa Tempo”, indicando que a este grupo de trabajadores “se les tomó sus prestaciones sociales como parte de pago, así como su aporte de vivienda”, monto que podría oscilar entre 200 mil y 700 mil bolívares, “como parte de pago para obtener una vivienda en el edificio” Villa Tempo.
Ramírez reveló que, a pesar de descontárseles el dinero, los trabajadores nunca formalizaron un documento que les garantizara la propiedad o la opción a compra de los inmuebles, y al no recibir respuestas decidieron tomar acciones.
Compra-venta paralizada
Ante la situación, un grupo de 42 propietarios de los apartamentos del edificio, quienes poseen los respectivos documentos de opción a compra y recibos de pago de la cuota inicial, se movilizaron al lugar para rechazar la situación.
Juan Carlos Camero, representante de los propietarios, declaró que la obra no ha sido concluida por problemas internos de la constructora encargada, Conycon C.A., donde hay una “disolución de sociedad que no se ha concretado entre ellos”, lo que ha imposibilitado la obtención de los inmuebles por parte de sus propietarios. Por esto, el 21 de marzo introdujeron una denuncia ante la fiscalía segunda de Puerto Ordaz, por estafa inmobiliaria e incumplimiento de contrato a la constructora, y reclamaron al juez primero de control en instancia civil, José Sarache, que se pronuncie ante el caso, pues hasta ahora no han obtenido respuesta a su denuncia.
Los propietarios demandan que se finalice la obra y les sean entregados sus apartamentos, debido a que realizaron una inversión y se encuentran esperando por sus viviendas durante tres años.
“Por cumplir las leyes nos vemos afectados” dijo Jermadeth Yánez, otra representante del grupo con opción a compra, indicando que nunca habían considerado invadir los apartamentos como una forma de solucionar su litigio, pues “invadir es ilegal (…) no vamos a permitir que otras personas lo hagan”, declaró, afirmando que junto con sus compañeros, se quedaría en las afueras del Conjunto Residencial Villa Tempo, para supervisar la situación.
Ambos grupos se encuentran a la espera de respuestas frente a una estafa: el grupo de personas que presentó los documentos de opción a compra responsabilizó a la empresa Conycon, C.A., mientras que el grupo que intentó invadir se refirió a la constructora Vinsoca Guayana II, C.A.
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Resguardar versus invadir
Ayer a las 5:00 de la mañana efectivos de la Policía del Estado Bolívar (PEB) se aproximaron al sitio y “trancaron el portón, dejándonos encerrados adentro”, según declaró Benjamín Castel, trabajador de Ferrominera.
El defensor del Pueblo, Kenny Vargas, estuvo en el lugar para mediar entre ambas partes, ayer a las 8:00 de la mañana, y explicó a los ciudadanos que invadieron el lugar que entrar a las instalaciones de esa forma es ilegal, como tal debían realizar un resguardo de la construcción afuera de la misma, por lo que este grupo de personas se apostó en la acera de enfrente de Villa Tempo, hasta el momento de la reunión de la tarde.
De acuerdo con la Ley de Tierras Urbanas, publicada en el extraordinario 5922 de la Gaceta Oficial del 21 de octubre de 2009, la comunidad organizada deberá presentar primero una denuncia del terreno que se presume no tiene uso y comenzará un procedimiento administrativo.
Vargas conversó con ambos grupos de afectados por la construcción y acordó una reunión para las 5:00 de la tarde en la sede de la Coordinación Policial Cachamay, con el secretario de seguridad ciudadana, Julio César Fuentes Manzulli “para conciliar, no queremos confrontación, queremos que las autoridades se encarguen y le den solución a su problema de vivienda”, declaró el funcionario, sin mencionar cuál sería el organismo encargado de solventar el conflicto.
Correo del Caroní
17-09-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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