Vivienda, represión y criminalización

Análisis del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y ConflictoVe

Artículo de Marco A. Ponce y Mikel las Heras

Protestar es un derecho, no un delito.

En Aragua reprimen a mujeres y niños.

La familia, los niños y los adolescentes han sido un eje constante en el discurso político venezolano de los últimos 14 años. Hemos visto dar vida a misiones dedicadas a ellos, y más de una Ley ha sido redactada o reformada para beneficiarlos.

Pero la realidad choca con las palabras. Centenares de familias permanecen en refugios desde 2010 esperando por una vivienda y exigiendo al Estado que garantice su derecho a habitar en un espacio digno.

En 2012 se efectuaron 1.874 protestas relacionadas con la solicitud de viviendas. En 2013, hasta abril, hemos contabilizado 251 protestas por esta causa.

Familias completas toman la calle de manera pacífica para llamar la atención de las autoridades. Y la respuesta a los manifestantes ha llegado a través de funcionarios policiales, militares y tribunales: represión y criminalización.

Cuando caracterizamos a quienes exigen vivienda encontramos cuatro aspectos claves: personas de escasos recursos, afectas o militantes del partido oficialista, grupos familiares donde destacan mujeres y niños y por último, son personas pacificas.

Más mujeres y niños que hombres

Los hombres tienen poca participación en las protestas por vivienda. Sin caer en simplicidades analíticas podemos decir que habrá muchas explicaciones, por ejemplo que las mujeres son las jefas de familia en los países en desarrollo, o que en Venezuela las mujeres son las que crían a sus hijos, etc. Pero en el caso de las protestas se incorpora un elemento adicional, y es que cuando los hombres participan, se convierten en el blanco principal de funcionarios represores y es a ellos a quienes sin compasión se llevan a la cárcel. Por eso, los vemos poco en las acciones de vecinos o con un bajo perfil.

Entonces nos encontramos con que las mujeres y niños son quienes salen a la calle y por lo tanto, los que reciben los embates de las acciones violentas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana cuando las protestas son reprimidas. ¿Cuántos niños no estarán recibiendo gas lacrimógeno en este momento, mientras leemos estas líneas? ¿Saben quienes dirigen la fuerza pública y los tribunales, y quienes ejecutan las órdenes, que las responsabilidades son individuales? Es posible que hoy la impunidad los ampare, pero la justicia llega, en algún momento llega, eso dice la historia.

Fueron a pedir vivienda y terminaron presos

A mediados de mayo, 32 familias realizaron varias protestas pacificas frente a la gobernación del estado Aragua por el derecho a la vivienda. Al no recibir respuesta alguna, las madres se declararon en huelga de hambre. Como sabemos la huelga de hambre es la forma de protesta más pacífica, pero también la más extrema y peligrosa porque se pone en riesgo la vida de quienes la realizan.

¿Y cuál fue la respuesta que recibieron por parte del gobernador? Represión y cárcel. Las madres en huelga y los padres que las acompañaban fueron detenidos y se les abrió expedientes por exigir sus derechos. En el momento de la detención fueron separados de sus hijos.

¿Qué razonamiento político puede justificar tal acción? Pareciera que el actual gobierno esta tentando al espíritu pacifico de quienes demostraron lealtad con el fallecido presidente. La criminalización de la protesta pica y se extiende.

Continúa el juicio a Rubén González

El pasado viernes 31 de mayo continuó el juicio que se le sigue al dirigente sindical Rubén González por “restricción al trabajo, agavillamiento y transgresión de zonas de seguridad”. La siguiente audiencia ha sido fijada para el próximo 21 de junio.

Rubén González ya había sido acusado -y condenado a 7 años y 6 meses de prisión en febrero de 2011- por esos delitos tras encabezar en agosto de 2009 una huelga del sindicato de Ferrominera del Orinoco, Sintraferrominera. Tras 17 meses de prisión fue liberado porque el juicio fue anulado y trasladado a Caracas.

Es bueno recordar que pocos días antes de la anulación del juicio, centrales sindicales y sindicatos de variados signos ideológicos anunciaron acciones conjuntas de protesta en solidaridad con el dirigente sindical.

Hoy vemos, de nuevo, cómo diferentes movimientos sindicales dejan escuchar su voz de apoyo a Rubén González y denuncian la persecución sindical y la criminalización de la protesta. La solidaridad, tan necesaria, parece estar dándose de nuevo dentro de los movimientos de trabajadores que, según denuncian, tienen más de 200 expedientes abiertos en tribunales.

@MarcoAPonce y @mlhccs

ConflictoVe

TalCual
03-06-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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