ENDERSON NARVAEZ
Américo De Grazia
“Sin concordia no puede existir ni un estado
bien gobernado, ni una casa bien administrada”
Joan Miró
La vivienda es un derecho constitucional y humano. Garantizarla, proveerla y facilitarla debería ser prioridad de estado. Hasta el gobierno de Medina Angarita, construir viviendas era responsabilidad estrictamente familiar. Así nació entonces, “El Silencio” obra arquitectónica de Carlos Raúl Villanueva; de modo que oficialmente iniciamos con buen pie. De allí en adelante gobiernos más, gobiernos menos, hicieron lo propio. Inventaron sus propias instituciones, planes y leyes al respecto. Llegamos a ser referencia mundial en la lucha contra la malaria. Focalizar, fumigar, vacunar y construir viviendas rurales fue la clave para convertirnos en líderes mundiales en la lucha contra esta plaga.
La industria petrolera y el centralismo burocrático, indujo a las grandes urbes y con ello a los cinturones de miseria. La falta de planificación urbana, la deficiencia y la precariedad de los servicios acentuó la crisis. Otro salto importante en política de viviendas, fue la instrumentación de la “Ley de Política Habitacional” que involucraba, como debe ser al Estado, el ciudadano, la familia, y las entidades financieras; no en balde fue el momento histórico en el que más viviendas se construyeron en el país.
Luego de 15 años de régimen, podemos inventariar la “Misión Vivienda” como política fracasada. No solo por los pírricos resultados, sino por la deficiencia, precariedad, mala calidad y escasos servicios. Todo, producto de la monopolización gubernamental que terminó estrangulando la oferta habitacional. El gobierno en principio no cree en lo ciudadanos, ni en la descentralización, ni en la propiedad privada, ni en la iniciativa particular, esto nos condena al fracaso y con ello al sufrimiento colectivo de millones de familias venezolanas.
A modo de inventario apuntaremos parte de los errores fatales que inducen a agravar la crisis de vivienda en todo el territorio nacional. La inflación y la permanente devaluación es el principal enemigo; el monopolio mafioso de la producción de cabilla y cemento por parte de entes gubernamentales; “la colectivización” de la propiedad, las expropiaciones en invasiones, la ley de arrendamiento que opera como camisa de fuerza estranguladora del mercado inmobiliario.
A todo esto debemos sumarle la conspiración permanente en contra de la descentralización. Guayana no escapa a este fenómeno, por el contrario aquí se acentúa, agrava y evidencia el fraude que este régimen de mentiras encarna. Más de 40 mil familias agrupadas en 405 asociaciones civiles pro-vivienda, burladas y estafadas por los organismos gubernamentales. Muchas de ellas compraron los terrenos a la CVG, pero ninguna tiene título de propiedad, y los más avanzados obtuvieron un precario documento de “Beneficiario” sin valor hipotecario y con periodo de caducidad. Es en esta región del país, donde la mafia de la cabilla tiene mayor presencia, por ser este, el centro de operaciones de quien funge como jefe de esa banda organizada, Francisco Rangel Gómez, Gobernador del estado. Justo aquí está el asiento de las factorías de hierro del país. Hipócritas, porque dicen creer en la gente, pero excluyen a mansalva a este genuino movimiento cívico guayanés.
El Comercio
26-06-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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