editorial
Un balde de agua fría ha sido lanzado a la cara de las familias que han recibido una vivienda o que están en proceso de recibirla: Maduro ha anunciado que los beneficiarios se convertirán en deudores. En otras palabras, tendrán que pagar la vivienda. Todo el palabrerío altisonante, la infatuación del régimen populista se ha derrumbado como un castillo de naipes. La cantinela que repetía que el Estado debía entregar unas viviendas al pueblo, “cueste lo que cueste”, ha sido silenciada. Como siempre ocurre, la realidad finalmente se ha impuesto: el gobierno repartidor se ha quitado la careta y ha mostrado su verdadero rostro: gobierno vendedor y cobrador.
¿A qué incertidumbre se refiere el título de este editorial? A las que los gobiernos de Chávez y de Maduro han fabricado de modo sistemático. En primer lugar, sobre el costo, pero también sobre el modo en que se pagarán, legítimas preguntas que se hacen las personas a quienes les fue entregada una vivienda, pero que todavía, en la mayoría de los casos, no conocen su vínculo con la propiedad. No saben si son dueños o si están allí bajo el imperativo de mantener una lealtad al PSUV. No saben si pagarán o no los servicios que reciben. No entienden por qué los refugiados no pagarán y los que no son refugiados sí pagarán, como si un derecho pudiese sostenerse sobre una base de privilegios y beneficios políticos.
Pero esta política generadora de incertidumbres no termina aquí: el mismo Maduro que habla de pagar, también habla de aportar. Recordemos que todo aporte tiene una condición voluntaria. Con lo cual se introduce una nueva discriminación: habrá los que pagan, los que no pagan y los que aportan. Tres categorías: los que tienen una obligación, lo que no tendrán obligación alguna y los que contribuirán según criterios desconocidos.
Estas tres categorías, a las que podrían sumarse otras en los próximos días, derivadas del monto de las cuotas, los plazos para pagar, las flexibilidades para aportar y otras que deben estar cocinándose, no son fruto únicamente de la improvisación: son el modo en que se concreta una mentalidad pervertida del ejercicio de lo público, un modo de hacer las cosas cuyo destino fatal no es otro que la corrupción.
Porque a eso van dirigidos los regímenes de privilegio: no a facilitar la recolección de recursos financieros que hagan posible la construcción de nuevas viviendas, sino a disponer de mayores herramientas, como las misiones o los cargos en la administración pública, para la coacción electoral, para la creación de obligaciones políticas. Que se use la vivienda como transacción que amarre las lealtades de las familias que las necesitan, es propio de inescrupulosos. La actuación del que ha perdido los escrúpulos tiene una técnica: la de promover la incertidumbre que, como bien reconocía Michael de Montaigne, es el método más efectivo de propagar la servidumbre, de imponer la sujeción sobre las personas y las familias que viven en las condiciones más adversas.
El Nacional
27-05-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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