Chávez y la Propiedad Privada

Es necesario evaluar y hacer un balance sobre el impacto de la era del Presidente Chávez sobre la institución de la propiedad privada en Venezuela en los últimos 14 años.

La implementación de un modelo denominado Socialismo del Siglo XXI, impulso figuras sin sustento constitucional, como la propiedad social, comunal o familiar, todas ellas tipos de propiedad que al final de cuentas, no le proveen facultades de disposición a los ciudadanos que la detentan sino que siempre dependen del control y las decisiones gubernamentales, por lo que no le proveen ni patrimonio, ni autonomía económica al ciudadano o la familia.

Apenas toma posesión el Presidente Chávez en 1999, empiezan a ocurrir espontáneamente en algunos casos y otras veces de manera inducida, invasiones agrarias y de terrenos urbanos a nivel nacional. El discurso de lucha de clases llevaba implícito o era interpretado como un aval para quienes tomaran una finca o un terreno. Estas acciones se vieron beneficiadas con una orden a la Guardia Nacional en 2001, para que no actuara de manera preventiva contra las invasiones sin una orden judicial. Ya en 2003, se formalizan grupos de invasores en Caracas, que se dedican a la toma de propiedades construidas, hecho inédito en Venezuela en donde que solo habían existido invasiones de terrenos o fincas. Sucede la primera ola de invasiones de edificios de vieja data que se encontraban en remodelación o en venta. El 25-11-03 la líder oficialista Lina Ron en Globovisión declara "convoco y llamo al pueblo a que tome los edificios que estén vacíos" y justifica las invasiones llevadas hasta ese momento a cabo. Por otra parte el 30-04-04, la llamada “Comandante Maniutt” adquiere relevancia en los medios de comunicación y declara desde su sede en el edificio invadido “Quetzal” de Plaza Venezuela a Televen, como organiza las invasiones y reconoce haber coordinado 40 de ellas. En ese año fueron invadidos 80 edificios en el área Metropolitana de Caracas. El gobierno de Chávez permanece indiferente ante estas usurpaciones y no se pronuncia al respecto, quedando consolidadas la mayoría de ellas hasta el día de hoy. En la actualidad cerca de 22.000 invasiones han ocurrido impunemente en el país y en Caracas 157 edificios públicos y privados permanecen invadidos, incluido el emblemático edificio público denominado Torre Confinanzas o Torre de David, la tercera torre más alta de Venezuela. Invasiones agrarias y urbanas siguen sucediendo a nivel nacional a pesar de que en 2005 fue tipificado el delito de invasión en el Código Penal. No existe en la actualidad una política contundente contra las invasiones y los poderes públicos no se ocupan de sancionar y evitar el delito en la mayoría de las oportunidades, afectando a venezolanos victimas de ellas, a la ecología, al orden urbanístico y a la inversión en el país.

En 2005 al promulgarse la Ley de Tierras Agrarias, el gobierno de Chávez comienza a realizar las tomas de cientos de hatos, fincas y fundos agrícolas productivos en su mayoría, sin indemnización de los semovientes, maquinarias, bienhechurías, ni de las tierras para ser sustituidas por cooperativas y empresas de propiedad social que no llegaron a sustituir la producción privada, creando el aumento de la importaciones de alimentos y la escasez de alimentos que hoy en día son irrefutables.

En 2006 comienzan las expropiaciones urbanas, impulsadas por el exalcalde  oficialista Juan Barreto, quien expropia 241 edificios, de los cuales 188 edificios estaban alquilados y que ninguno de ellos fue indemnizado, ni adjudicado a sus inquilinos y 53 edificios vacíos que fueron ocupados arbitrariamente, de los cuales solo 12 fueron indemnizados. Ninguno de ellos ha sido restituido a su propietario.

El país fue testigo de expropiaciones emblemáticas como la del Centro Comercial Sambil, el Edificio La Francia, donde fueron desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 comerciantes, sin indemnización de sus fondos de comercios. En 2010 fueron expropiados y desalojados arbitrariamente por las milicias oficialistas, cerca 200 terrenos y estacionamientos en Caracas y Vargas, aun sin pago a sus propietarios. La Misión Vivienda aunque positiva para el país, baso su construcción en la mayoría de los casos en terrenos privados que fueron despojados arbitrariamente a sus legítimos propietarios. También se intervinieron decenas de proyectos construidos por el sector privado, sin indemnización, ni culminación de muchos de ellos hasta la actualidad, creando una catastrófica disminución de la construcción privada a nivel nacional, afectada también por la promulgación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria.

El gobierno de Chávez y los poderes públicos impulsaron a partir del 2011, normativas dirigidas a minimizar el ejercicio de la propiedad privada como son: el oficio del TSJ que prohíbe desalojos de vivienda, la Ley contra Desalojos Arbitrarios, la Ley de Arrendamientos de Vivienda, la Ley de Propiedad de Viviendas y Ley de Emergencia de Viviendas y Terrenos, complementadas por la Ley de Justiprecios para expropiaciones. De todas ellas las de más nefastos y masivos efectos fueron la Ley de Arrendamientos de Vivienda y la Ley contra Desalojos Arbitrarios, las cuales exterminaron prácticamente con la oferta de viviendas en alquiler a nivel nacional y afectaron las propiedades alquiladas de cientos de miles de propietarios de la clase media y sectores populares.

En resumen, el gobierno de Chávez, apoyado por los demás poderes públicos, trato de disminuir sistemáticamente el ejercicio de la propiedad privada, con éxito en muchos ámbitos, pero sufriendo un gran revés en el referéndum constitucional de 2007, donde la mayoría del pueblo rechazo la reforma constitucional, siendo una de las principales razones el rechazo a los tipos de propiedad socialista y los riesgos que ellas implicaban. Millones de venezolanos, distintas ONG, asociaciones de propietarios, juntas de condominio y propietarios particulares, siguen aferrados a la lucha por la propiedad privada consagrada en el artículo 115 de la Carta Magna y por la restitución de los derechos infringidos en los últimos 14 años. Los venezolanos entienden el importante papel de la propiedad y la empresa privada en el país y estamos seguros que las dificultades económicas obligarán a los próximos gobiernos a reconocerlas e incentivarlas.
Por Roberto Orta Martínez. Twitter: @RobertoeOrta

Apiur
08-03-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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