La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos enviará una carta a Ana Marina Rodríguez, designada como titular de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, para solicitarle que no se renueve la congelación de cánones de alquiler vigente desde 2003.
Apiur considera necesario que Rodríguez inste al Ministerio de Vivienda y Hábitat a que fije el valor de reposición, requisito indispensable para que pueda aplicarse el método de cálculo fijado en la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
La organización asegura que la congelación, combinada con la inflación de 183% acumulada durante el período, ha provocado que muchos propietarios de edificios de vieja data arrendados no puedan ni siquiera cubrir los gastos de mantenimiento.
Roberto Orta, presidente de Apiur, informó que en la carta también le pedirán a Rodríguez que prorrogue el plazo de 12 meses establecido en la novena disposición transitoria de la Ley para el retiro del dinero acumulado en los tribunales de consignación.
Recordó que el Juzgado 25 de Municipio del Área Metropolitana de Caracas único que recibía consignaciones está cerrado desde hace tres meses, lo que ha impedido que los dueños de inmuebles retiren el dinero que les pertenece y que, en algunos casos, es su único sustento.El cierre también ha colocado a muchos inquilinos en mora, pues la dirección de la Superintendencia que se encargaría de recibir las consignaciones no ha sido creada.
La situación afecta además el alquiler de comercios y oficinas, que aún se rige por la ley de 1999 que permite el pago en tribunales.
Otras solicitudes de Apiur son agilizar los procedimientos del organismo y exigir el nombramiento de más defensores públicos en materia inquilinaria (sólo existen cinco en el país).
Observaciones. Orta advirtió que el proyecto de ley de arrendamiento de inmuebles comerciales, que se discute en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, generará los mismos problemas que la norma que regula el alquiler residencial.
El presidente de Apiur dijo que la propuesta repite errores como centralizar la toma de decisiones en una superintendencia. Propuso que este organismo se limite a coordinar a las oficinas de inquilinato que existen en los municipios.
La organización también considera negativo que se imponga una duración mínima de 2 años para los contratos y se prohíban las medidas cautelares de secuestro, entre otras disposiciones. Apiur presentará las observaciones a los diputados de la Comisión.
Entorno Inteligente
18-07-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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