La Asamblea Nacional está discutiendo la Ley Contra Monopolios, la cual, de ser aprobada tal como está redactada, podría hundir el último clavo del ataúd del sector privado. La nueva Ley no solo castigaría abusos, sino también la apariencia del dominio del mercado, en claro contraste con la Ley modelo de 1991, que se centraba en la promoción de la competencia, un enfoque reflejado en el propio nombre de la ley: Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (conocida como Ley Pro Competencia). Difería de las leyes antimonopolio tradicionales en que la "posición de dominio" de una compañía no constituía en sí una violación. Las violaciones se definían en términos de los posibles abusos de las posiciones de dominio. La nueva ley castigaría a las empresas privadas en posiciones de dominio, incluso aquellas que realmente promueven la competencia como parte de su filosofía corporativa. (Si no fuese un mercado competitivo, ¿Cómo podría una empresa justificar los precios que cobraba?). Entre otras cosas, la Ley propuesta eximiría a las empresas del Estado del cumplimiento de la ley, a pesar del hecho de que muchas de las prácticas en contra de la competencia que se ven en el país ocurren en empresas públicas. La Ley también eximiría a microempresas, empresas pequeñas y medianas, empresas sociales y similares. La usura Igual que con tantas leyes del Gobierno de Chávez, las "violaciones" no están claramente definidas, pero sí se castigan severamente; una situación que otorga al burócrata−regulador de peligrosos e innecesarios poderes discrecionales. La usura se define como "beneficio por encima de los promedios proporcionados por los índices económicos dictados por el Banco Central de Venezuela" y contempla pena de prisión de uno a cinco años. Ahora bien, nadie sabe cómo el burócrata− regulador definirá "por encima". Como regla general, alrededor de la mitad de una muestra estaría "por encima del promedio" mientras que la otra mitad estaría "por debajo del promedio". El concepto también deja fuera las diferencias de precio atribuibles a diferencias de calidad. En otras palabras, "por encima" será un concepto definido de manera arbitraria por un burócrata−regulador que probablemente esté bajo la influencia del clima político. Especulación implica la modificación del precio de un bien o servicio en el mercado, "con la intención de obtener para sí o para interpuestas personas un beneficio excedentario" (cualquier cosa que esto quiera decir) y será penada con prisión de dos a cuatro años. La "intención", por supuesto, quedará a discreción del burócrata− regulador. El acaparamiento ocurre cuando el control o dominio de bienes se ejerce con la "intención de crear o mantener una situación de escasez" y será penado con prisión de tres a seis años. Un boicot se podría presentar si una empresa se niega a aceptar la entrega de bienes o la prestación de servicios (aunque el proveedor se considere poco confiable o su oferta no sea totalmente adecuada), o se niegue a vender bienes o prestar servicios a un comprador potencial (aunque la experiencia con ese comprador hubiera sido negativa en el pasado). En otras palabras, si una empresa tiene un motivo legítimo para no comprar o vender a una empresa determinada, corre el riesgo de ser multada o de que su personal sea encarcelado. Expropiación Igualmente peligrosa es la idea de que el Gobierno podría iniciar procedimientos de expropiación en contra de cualquier empresa que se considere en violación de cualquiera de las disposiciones de la ley. El Presidente del Instituto Nacional Antimonopolio y Antioligopolio (entiéndase, el "burócrata− regulador") que pronto será creado, será nombrado a dedo por el Presidente y las credenciales para tener acceso a este cargo son: Ser venezolano de nacimiento, mayor de 30 años y graduado universitario. No se menciona experiencia en economía, regulación de la competencia ni ninguna otra área que pudiera calificar a la persona para una labor tan difícil y delicada. La Ley además estipula excepciones que son extremadamente contrarias a la competencia, entre ellas, algunas que permitirían al Gobierno fijar todos los precios en una cadena de producción de alimentos (desde la granja hasta el consumidor final) o aquéllas "justificadas" en nombre de la salud, escasez de alimentos y turismo, entre otras. En pocas palabras, se trata de una Ley mal concebida, cuya principal característica no es otra sino representar otro instrumento para aplastar y acosar a la empresa privada. Proyecto de Ley Contra Monopolios Señala que el 80% de las multas por violar la Ley irían al Fondo Nacional de los Consejos Comunales. Cabe recordar que ya las entidades financieras destinan semestralmente 5% de su resultado bruto antes de impuestos a los Consejos Comunales.
Reporte
08-06-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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