La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) considera que las recientes invasiones en diversas localidades del país, la falta de pago en expropiaciones y la creación de leyes cercena cada día más el sector inmobiliario, Roberto Orta, presidente de Apiur, señaló que las normas jurídicas ocasionan un impacto grave en la oferta de alquileres.
Añadió que la congelación de arrendamientos, renovada en noviembre de 2011 por noveno año consecutivo y el oficio emanado por el Tribunal Supremo Justicia (TSJ), que ordena a jueces paralizar cualquier medida cautelar en viviendas, sigue perjudicando a los propietarios que tienen inquilinos.
"No solo afecta el tema de inquilinato sino afecta un desalojo por invasión.
Si hay un tribunal penal que ordena desalojar una toma entonces el invasor puede alegar que el área asumida es su vivienda".
A su juicio la Ley contra los Desalojos Arbitrarios tampoco ha permitido que las personas que tengan sentencias, ya sean de inmuebles alquilados e invadidos, sean procesadas.
Respecto a la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, indicó que hay irregularidades con la Superintencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas porque no está funcionando adecuada− mente a escala nacional.
Manifestó que en estos momentos hay oficinas municipales de inquilinato pero le quitaron competencia en materia de vivienda, ya que fueron centralizadas en la Superintencia Nacional.
Añadió que están colocando una sede por cada estado para que atienda todas las revisiones de contratos de arrendamiento de ese estado, actos conciliatorios y regulaciones.
"¿Se imaginan en el estado Zulia una oficina atendiendo toda a esa cantidad de gente? Aquí en Caracas hay colas de hasta 300 personas desde las 5 de la mañana, aguantando sol".
El presidente de Apiur condenó la serie de tomas ilegales de terrenos y estructuras urbanísticas en Caracas y los estados Carabobo, Lara, Miranda, Nueva Esparta y Zulia, entre otros.
"Solicitamos a la Guardia Nacional y al comandante general de la Policía Nacional que prevengan el delito de invasión. El Gobierno debe proteger a los vecinos y ciudadanos de las organizaciones dedicadas a este delito".
También instó a la Fiscalía General de la República a revisar los expedientes que reposan en esa institución porque hasta ahora no han sido procesadas.
En referencia a las expropiaciones de unidades habitacionales, talleres y estacionamientos, Orta destacó que el 95% de éstas no han sido canceladas. Por ello solicitó al Ejecutivo pagarlas "para que las mismas no se conviertan en confiscaciones a la propiedad".
noticias24
01-03-2012
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Lic. Henry Medina
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