En el sector 5 del barrio El Bosque de Las Mayas, en la parroquia Coche, Ana Jaime vive junto a decenas de vecinos en casas de zinc levantadas en áreas de alto riesgo KISAÍ MENDOZA
A los cuatro primeros kilómetros de El Junquito llegaron en 2005 los damnificados del estado Vargas que no recibieron viviendas tras la vaguada de 1999, y muchos más. Mientras, otros seis barrios crecieron en el municipio Libertador, por una política de Estado que culminó con las invasiones de las zonas protectoras y el crecimiento de áreas de alto riesgo, a causa de la construcción improvisada de ranchos y viviendas de bloques.
"Lo que estamos viviendo es justamente la antítesis de la planificación", resalta Zulma Bolívar, urbanista y gerente de Gestión para la Ciudad de la Alcaldía Metropolitana.
Bolívar recuerda que las invasiones en Caracas se originaron justamente por la anarquía y una acción inducida por el Estado. "Se realizaron ubicaciones atomizadas y sin criterio alguno. Ruedan la miseria de un lado hacia otro y trasladan la esperanza de vivir adecuadamente con expectativas de construcción de viviendas, que en suma no se han cumplido en la ciudad".
En el sector 5 del barrio El Bosque de Las Mayas, parroquia Coche, Ana Jaime, vocera comunal, lleva ocho años esperando por una solución habitacional. Ella construyó su rancho en el área protectora cercana a La Rinconada porque el Estado le ofreció casa en cuatro oportunidades, sin éxito.
"En junio nos informaron que 60% de las familias de El Bosque saldrían al complejo Acosta Carlez del Km 7 de la carretera Panamericana. Luego redujeron la asignación de casas a 40%. Finalmente, el Ministerio de Vivienda informó oficialmente que los apartamento del complejo serían solo para damnificados", indica.
Eliú Baudín, vocero comunal y vecino de El Bosque, precisa que en 169 viviendas de zinc, bloques y bahareque residen decenas de venezolanos y extranjeros en condiciones precarias y de alto riesgo. "El Ejecutivo no da respuesta rápida. Son ocho años de bajo progreso".
Su vecina, Clara Pacheco, cuenta cinco censos en ocho años. Hoy las paredes de su casa son parte del cerro.
Los vecinos de Las Mayas protestaron el pasado 11 de abril en la autopista Valle-Coche y nadie los atiende. Denuncian que la Misión Barrio Tricolor fue un fracaso en Coche.
Al otro lado de la ciudad, desde el barrio San Rafael hasta el kilómetro 4 de El Junquito, la zona protectora de la comunidad alberga a más de 1.500 familias de Vargas y otros sectores que invadieron el área para hacer "autoconstrucción".
Antonio Molina, vecino, afirma que las invasiones se iniciaron en El Junquito, mientras gobernaba en 2005 el ex alcalde de Libertador, Freddy Bernal. "En esa zona se dio luz verde a las invasiones, lo que saturó la vialidad, los servicios de agua y electricidad y la inseguridad".
Otros sectores que crecieron por la falta de viviendas fueron la Cota 905, Blandín, Caricuao, barrio Federico Quiroz (Catia) y las áreas a las orillas de la autopista Caracas-Guarenas.
Marta Rojas, vocera vecinal del sector Colinas de El Pinar (Cota 905), señala que el Ministerio de Vivienda y Hábitat les rechazó un proyecto propio para construir 16 edificios destinados a 300 familias que viven en 147 ranchos de tabla y zinc. "Policaracas nos decomisa herramientas y cobra altas multas para devolverlas", dice.
Gerardo Suárez y otros vecinos prefirieron levantar sus casas en la Cota 905 porque no creen en las promesas del Gobierno desde hace seis años.
Bolívar propone la construcción de casas en tierras urbanizadas y seguras. "Urbanizaciones de desarrollo y consolidación progresivos. Eso tampoco se ha hecho".
La experta cree que la ciudad se ha rebasado. "Hay barrios como Gramovén y Blandín, entre otros, que deben ser reubicados", apunta.
La urbanista Zulma Bolívar, entre tanto, opina que las invasiones afectaron los servicios de Caracas. "Las redes de infraestructura y de servicios se calculan sobre la base de la población".
Agrega que El Junquito y otras zonas se pueden convertir en áreas residenciales donde se debe prever y ampliar la vialidad, servicios, áreas de salud y recreación, y por último las obras de viviendas. "Hay que cumplir la reglas porque el Estado es el primer infractor".
El Universal
27-07-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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