Martini dice que pequeñas y medianas empresas serán afectadas por nueva norma
Los riesgos propios de toda actividad comercial serán llevados al límite con la recién aprobada Ley de Costos y Precios Justos. A juicio de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) la normativa publicada el martes en Gaceta Oficial, acarreará que “muchas empresas opten por bajar la santamaría”. Según el gremio, la intención del texto de “uniformar” los importes de bienes y servicios, será negativa a futuro.
La norma que comenzará a ser instrumentada en 90 días -el 21 de noviembre- busca fijar “precios justos de intercambio” en bienes y servicios esenciales. Los sectores abarcan alimentos, vestido, calzado, útiles escolares y vivienda.
Para el presidente del gremio inmobiliario, Aquiles Martini, la normativa es “nefasta”. Explica que en el caso de las constructoras, la utilidad de cada proyecto es menor a 25%, y “aunque la cifra pueda calificarse de alta” por algunos, no es así. “Cada obra tarda entre tres y cinco años en ser concluida y la inflación anual oscila entre 25% y 30%. Entonces, se termina perdiendo plata a futuro, porque resulta más rentable tener el capital en el banco ganando intereses a una tasa de 12%, que invirtiéndolo y arriesgándolo”.
Además del desestímulo a la inversión, precisó que los eventuales cierres por efecto de la Ley pueden impactar en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas. Refiere que éstas suelen ostentar costos operativos más elevados que las compañías grandes, por lo que -agrega- limitar la utilidad puede llevar a la clausura.
Martini sostiene que someter a un precios máximo de venta o banda de precios (artículo 31, literal 6) los bienes y servicios esenciales mermará las operaciones empresariales trayendo menos oferta. Anticipó que generará el efecto contrario que busca la regulación, porque se restringirá el acceso de los ciudadanos a productos y prestaciones diversos.
Bajo margen de ganancia
El gremialista precisó que en el caso de los corredores inmobiliarios (gestión de compra-venta de inmuebles), el mercado se autorreguló desde hace muchos años y actualmente su margen de ganancia se sitúa entre 3% y 5% sobre el monto total que implicó la operación. Apuntó que la diferencia entre lo que cobran unos y otros está marcada por el tipo de servicio que ofrece cada empresario.
Para Martini, estandarizar los precios y los costos será inviable debido a la complejidad de cada sector económico. “No distinguir cada empresa por tamaño, servicio que presta o rubro que produce y acceso a los insumos, generará escasez, y abrirá el espacio a negociaciones truculentas, porque un ente tendrá la potestad de determinar cuánto se gana o no”, alertó.
Alejandro Uzcátegui, presidente de Empresarios por Venezuela (Empreven), apuesta por la norma, al considerar que cada dueño de compañía obtendrá las ganancias justas, para contribuir al desarrollo social y financiero del país.
Añadió que el control permitirá eliminar la especulación, y por ende reducir la inflación.
Articulado
La Ley de Costos y Precios Justos contiene 88 artículos. El texto crea una Superintendencia que instrumente la norma y ordena un registro de empresas y precios, a los fines de aplicar un “modelo estadístico” que determine el valor de bienes y servicios esenciales.
El Tiempo
22-07-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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