Martini avizora mayor déficit habitacional
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) prevén la eliminación a futuro de la oferta de alquileres, ante la situación de “desprotección” en que la nueva Ley de Arrendamiento -que actualmente se discute en el parlamento nacional- sumiría a los propietarios de viviendas en el país.
Ambos sectores reaccionaron para rechazar aspectos del mencionado texto legal, aprobados el pasado miércoles por los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, tales como la eliminación del depósito de garantía para poder alquilar; prohibición de cobros adicionales por ubicación del inmueble y por servicios básicos como electricidad y agua y la fijación de un plazo mínimo de tres años para la duración del contrato de arrendamiento.
“Como va el proyecto de ley- 57 artículos aprobados de 150- el propietario perderá los derechos sobre su propiedad, no puede hacer uso de ella ni ser resarcido, porque si necesita el apartamento o casa para un hijo no puede desalojar sin que la Dirección de Inquilinato lo ubique en otra vivienda (...) Si el inquilino rescinde el contrato no está obligado a pagar los meses restantes”, cuestionó el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini.
Hizo un llamado al gobierno nacional y al poder legislativo para que entiendan que con una ley excesivamente “reguladora, punitiva, que castiga y obliga a los propietarios”, no resolverá el déficit actual de 2 millones de vivienda, sino que por el contrario lo agrava.
“Con la prohibición de los desalojos forzosos que decretó el Ejecutivo (a comienzos de año) y lo que se ha dicho sobre la ley, la Cámara inmobiliaria de Caracas detectó que durante el primer trimestre de este año en la zona metropolitana, se observó un decrecimiento adicional de 3% en la oferta general de vivienda para alquilar, a lo que ya venía de 45%”.
Apoyo estatal
El presidente de Apiur, Roberto Orta Poleo, advirtió que ningún propietario alquilará por tres años, cuando la tradición en Venezuela es que sea por un año mínimo, prorrogable por otros doce meses. Pidió una reflexión a quienes puedan sentir protegidos por la ley en el sentido de que el día de mañana puede no haber viviendas para arrendar.
Al respecto, la vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos, Elizabeth Santos, respondió que el mercado de alquiler ya estaba contraído por los altos precios y que con la ley de inquilinato se busca acabar con los abusos, la especulación y la mercantilización del derecho a la vivienda. Indicó que el alquiler de una habitación puede costar Bs.F 2 mil.
“Los arrendadores tienen ya muchos años recibiendo protección y es hora de que las familias que no cuentan con suficientes recursos reciban apoyo del Estado”, justificó.
El Tiempo
29-07-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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