Desde 50 hasta 400 unidades tributarias serán aplicadas como multa a los arrendadores que se nieguen a cumplir la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda que además contempla que la superintendencia que crea será la encargada de fijar el valor de una vivienda. Entre las infracciones a ser sancionadas se encuentra el "negarse a registrarse en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, a acatar el canon de arrendamiento, realizar cobros excesivos y negarse a devolver el dinero por los cobros excesivos", así lo explicó el diputado (AD) César Rincones, vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
En lo que respecta a la sanciones en el proyecto que se presentó originalmente para su segunda discusión en plenaria había ocho sanciones, sin embargo, aumentaron a 17 puntos, el texto del articulado de dicha herramienta legislativa. El parlamentario del Psuv, Claudio Farías, asegura en el capítulo séptimo que se refiere a las sanciones, sí se incluye a los inquilinos al igual que a los propietarios. "Hay sanción para el inquilino cuando incumpla con alguna de las clausulas de contrato, bien sea porque deja de pagar o porque destruye la propiedad, igualmente en el caso de propietario a quien se le aplicará sanciones de no cumplir con el canon acordado", aseveró Farías.Rincones señaló que "según lo que vamos a discutir este jueves todas (las sanciones) están dirigidas hacia el propietario y se aplican multas que van desde 50 hasta 400 UT".
El dirigente de Acción Democrática resalta "no hay equilibrio en las sanciones". El legislador reitera que esta "es una ley enfocada hacia la protección del inquilino y el propietario, a quien siempre se le ha visto como el malo de la película". En relación con la rentabilidad anual, el pasado martes fue aprobada por la mayoría de la bancada oficialista que será un rango entre 3% y 5% la rentabilidad anual que tendrá el inmueble y será la Superintendencia la que decidirá a quién le corresponderá "eso va a depender de si es un pequeño arrendador o un multiarrendador".
Más allá del legislativo, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, insiste que con la Ley de Arrendamientos, se afectará a todos los ciudadanos y pretende beneficiar solamente a los inquilinos.En relación con el artículo 71, aprobado en la sesión del pasado martes, sobre el cálculo del valor de una vivienda, Martini Pietri indicó que no es posible considerar que todos los metros en todas partes de Venezuela valgan lo mismo. "Quitaron toda esa formulación increíble que habían hecho y ahora se lo dieron a la discreción de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos. Ahora está peor que antes, a la discreción de un funcionario publico que decide cuánto vale tu vivienda", acotó.
Se espera que la discusión sobre la Ley de Arrendamiento concluya hoy con el debate de 18 artículos que faltan y las 16 disposiciones transitorias que restan por debatirse por parte de los 165 diputados para que finalmente esta normativa sea aprobada.
Entorno Inteligente
27-10-2011
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Lic. Henry Medina
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viernes, 28 de octubre de 2011
Inseguridad jurídica podría paralizar construcción de viviendas
El clima de inseguridad jurídica que reina en el sector privado en el país, puede paralizar, de un momento a otro, la construcción de viviendas, ya que el Gobierno nacional podría decretar medidas de expropiación a inmuebles nuevos, poniendo contra la pared a las constructoras.
Dicho pronunciamiento fue realizado por el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, quien instó a los diputados a la Asamblea Nacional a revisar la Ley de Arrendamiento, pues la misma perjudicaría y hasta podría paralizar la construcción de viviendas en el país.
“El clima de inseguridad, de desconfianza debemos intentar revertirlo. Tenemos voluntad, pero no hemos conseguido un interlocutor en el Gobierno para iniciar el diálogo”, aseguró.
Explicó que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó que en el primer trimestre de 2010, el sector privado y público habían construido unas 90 mil viviendas, cifras que anteceden a la Misión Gran Vivienda Venezuela, sin embargo, en el 2011 no ha publicado ningún tipo de datos sobre obras habitacionales en el país.
“Han pasado seis meses y no tenemos las cifras, por eso el llamado es a este organismo nacional para que publiquen estos estudios”, dijo.
Por otra parte, indicó que desde las edificaciones privadas hasta las pequeñas obras de ampliaciones necesitan cemento y cabillas, pero lamentablemente en el país se está viviendo una “discriminación”, ya que el gobierno esta destinando estos materiales a ciertos tipos de construcciones, cuando es un producto producido en el país.
Sobre la situación de las constructoras intervenidas por el Ejecutivo, Jiménez, señaló que las mismas se caracterizaron por haber ayudado al desarrollo del país, con la construcción de 30 a 40 mil casas en su historia.
Precisó, que algunas empresas se encuentran inactivas, mientras que otras pocas han logrado llegar a acuerdos por el Gobierno Nacional.
“El país no puede seguir por el rumbo que tiene, ya que se le está cerrando el acceso a la inversión privada, la cual contribuye en todos los países del mundo, al desarrollo de la naciones, pero aquí nadie va invertir con la amenaza de expropiación o intervención por parte del Estado”, indicó
Al ser consultado sobre la Ley de Emergencia por las lluvias y la Ley de Precios y Costos Justos, el presidente de la Cámara de la Construcción, indicó que esto forma parte de una estrategia gubernamental clara, que solo pretende controlar a su antojo las inversiones y ganancias del sector privado.
Sobre el costo de las viviendas, explicó que existen productos y materiales esenciales regulados, pero se consiguen en el mercado especulativo en altos precios y por eso el precio final tiene que incrementarse.
“Todos los procesos inflacionarios de especulación afecta a los productores”, dijo.
Para concluir, Francisco Jiménez, precisó que en el primer trimestre de este año, el sector privado solo construyó 10 mil viviendas y opinó que para lograr la meta del gobierno de 150 mil casas en el año, se debe invertir en recursos e incentivar al sector privado.
EL IMPULSO
27-10-2011
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Dicho pronunciamiento fue realizado por el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, quien instó a los diputados a la Asamblea Nacional a revisar la Ley de Arrendamiento, pues la misma perjudicaría y hasta podría paralizar la construcción de viviendas en el país.
“El clima de inseguridad, de desconfianza debemos intentar revertirlo. Tenemos voluntad, pero no hemos conseguido un interlocutor en el Gobierno para iniciar el diálogo”, aseguró.
Explicó que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó que en el primer trimestre de 2010, el sector privado y público habían construido unas 90 mil viviendas, cifras que anteceden a la Misión Gran Vivienda Venezuela, sin embargo, en el 2011 no ha publicado ningún tipo de datos sobre obras habitacionales en el país.
“Han pasado seis meses y no tenemos las cifras, por eso el llamado es a este organismo nacional para que publiquen estos estudios”, dijo.
Por otra parte, indicó que desde las edificaciones privadas hasta las pequeñas obras de ampliaciones necesitan cemento y cabillas, pero lamentablemente en el país se está viviendo una “discriminación”, ya que el gobierno esta destinando estos materiales a ciertos tipos de construcciones, cuando es un producto producido en el país.
Sobre la situación de las constructoras intervenidas por el Ejecutivo, Jiménez, señaló que las mismas se caracterizaron por haber ayudado al desarrollo del país, con la construcción de 30 a 40 mil casas en su historia.
Precisó, que algunas empresas se encuentran inactivas, mientras que otras pocas han logrado llegar a acuerdos por el Gobierno Nacional.
“El país no puede seguir por el rumbo que tiene, ya que se le está cerrando el acceso a la inversión privada, la cual contribuye en todos los países del mundo, al desarrollo de la naciones, pero aquí nadie va invertir con la amenaza de expropiación o intervención por parte del Estado”, indicó
Al ser consultado sobre la Ley de Emergencia por las lluvias y la Ley de Precios y Costos Justos, el presidente de la Cámara de la Construcción, indicó que esto forma parte de una estrategia gubernamental clara, que solo pretende controlar a su antojo las inversiones y ganancias del sector privado.
Sobre el costo de las viviendas, explicó que existen productos y materiales esenciales regulados, pero se consiguen en el mercado especulativo en altos precios y por eso el precio final tiene que incrementarse.
“Todos los procesos inflacionarios de especulación afecta a los productores”, dijo.
Para concluir, Francisco Jiménez, precisó que en el primer trimestre de este año, el sector privado solo construyó 10 mil viviendas y opinó que para lograr la meta del gobierno de 150 mil casas en el año, se debe invertir en recursos e incentivar al sector privado.
EL IMPULSO
27-10-2011
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Cámara Inmobiliaria reitera que alquileres desaparecerán
Martini Pietri señaló que la Ley de Arrendamientos es de naturaleza "política e ideológica".
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, insiste que con la Ley de Arrendamientos, actualmente en discusión final en el Parlamento, se afectará a todos los ciudadanos y pretende beneficiar solamente a los inquilinos.
En entrevista a Actualidad de Unión Radio, Martini Pietri señaló que el instrumento legal es político e ideológico, que no tiene relación con lo económico y lo lógico. Asimismo advirtió que el mercado inmobiliario en lo que respecta al alquiler es prácticamente nulo. "Nadie quiere alquilar una vivienda, ante la posibilidad de la no recuperación de la vivienda", dijo.
Aseguró que a partir del articulado de la nueva ley, se está generando la idea de que los grandes arrendadores son testaferros del cemento. "La realidad es que los que arriendan viviendas en Venezuela son todos y cada uno que tuvieron, más bien, que ahorrar en su vivienda y preveer que el día de mañana iban a poder vivir allí".
Con relación al artículo 71 aprobado en la sesión de este martes, sobre el cálculo del valor de una vivienda, Martini Pietri indicó que no es posible considerar que todos los metros en todas partes de Venezuela valgan lo mismo.
"Quitaron toda esa formulación increíble que habían hecho y ahora se lo dieron a la discreción de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos. Ahora está peor que antes, a la discreción de un funcionario público que decide cuánto vale tu vivienda", acotó.
Recalcó que la sobre protección que se le está dando al inquilino, basándose en el artículo 84 de la Constitución, "va en violación a lo establecido en el artículo 115 que habla de la libre disponibilidad del bien que afectaría a la propiedad de aquellos venezolanos que tuvieron que ahorrar toda su vida para tener mayor patrimonio y una renta que permita subsanar las deficiencias que puedan tener en sus jubilaciones".
Unionradio.net
27-10-2011
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Aseguró que a partir del articulado de la nueva ley, se está generando la idea de que los grandes arrendadores son testaferros del cemento. "La realidad es que los que arriendan viviendas en Venezuela son todos y cada uno que tuvieron, más bien, que ahorrar en su vivienda y preveer que el día de mañana iban a poder vivir allí".
Con relación al artículo 71 aprobado en la sesión de este martes, sobre el cálculo del valor de una vivienda, Martini Pietri indicó que no es posible considerar que todos los metros en todas partes de Venezuela valgan lo mismo.
"Quitaron toda esa formulación increíble que habían hecho y ahora se lo dieron a la discreción de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos. Ahora está peor que antes, a la discreción de un funcionario público que decide cuánto vale tu vivienda", acotó.
Recalcó que la sobre protección que se le está dando al inquilino, basándose en el artículo 84 de la Constitución, "va en violación a lo establecido en el artículo 115 que habla de la libre disponibilidad del bien que afectaría a la propiedad de aquellos venezolanos que tuvieron que ahorrar toda su vida para tener mayor patrimonio y una renta que permita subsanar las deficiencias que puedan tener en sus jubilaciones".
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jueves, 27 de octubre de 2011
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Incertidumbre en Los Roques por los anuncios de expropiación
Los Roques, el idílico archipiélago en el Caribe venezolano que alguna vez fue guarida de piratas, ahora atrae a miles de adinerados turistas. Pero el archipiélago, considerado el parque marino más grande de América Latina, podría perder su exclusividad, luego de que el Presidente Hugo Chávez dijera que llevará su revolución socialista a las islas.
"Vamos a construir unas posadas para la gente. Allá hay unas casas que fueron construidas ilegalmente (...) las vamos a expropiar, yo siempre he dicho, eso hay que nacionalizarlo, Los Roques", aseguró Chávez a principios de mes.
"Creo que los dueños están asustados", dijo a Reuters el gerente de una de las posadas en el Gran Roque que prefirió el anonimato.
Muchos en el archipiélago creen que el verdadero objetivo de Chávez son los ricos empresarios, algunos cuyas casas están en el pequeño cayo Madrisquí.
Una noche en Los Roques, incluido el vuelo desde Caracas, cuesta unos 450 dólares, fuera del alcance de la mayoría. Incluso, si pudieran llegar, las pequeñas posadas son también costosas.
El Universal
27-10-2011
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"Creo que los dueños están asustados", dijo a Reuters el gerente de una de las posadas en el Gran Roque que prefirió el anonimato.
Muchos en el archipiélago creen que el verdadero objetivo de Chávez son los ricos empresarios, algunos cuyas casas están en el pequeño cayo Madrisquí.
Una noche en Los Roques, incluido el vuelo desde Caracas, cuesta unos 450 dólares, fuera del alcance de la mayoría. Incluso, si pudieran llegar, las pequeñas posadas son también costosas.
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Consideran que la Ley de Alquileres afectará a la construcción
Privados estiman que este año terminarán 40.000 viviendasEl presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Juan Francisco Jiménez, indicó que la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios afectará la producción de soluciones habitacionales.En los artículos de la Ley de Alquileres que ya fueron aprobados por la Asamblea Nacional se obliga a las constructoras a destinar un porcentaje de las viviendas ubicadas en los desarrollos habitacionales nuevos al arrendamiento y se establece que las empresas además tienen que notificar a las autoridades la cantidad de unidades que realizarán.Jiménez expresó a Globovisión que "dicho porcentaje será discrecional, dado que será determinado por la Superintendencia de Arrendamientos, y ello puede paralizar las obras",El presidente de la organización comentó que las constructoras se siguen enfrentando a los problemas con el suministro de insumos. "La prioridad de los materiales la tiene la Misión Vivienda Venezuela, pero existen proyectos públicos y privados que requieren de materiales para poder avanzar".Agregó que "existen obras que necesitan más productos que los proyectos de vivienda y por ello se les tiene que garantizar el suministro".El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción comentó que para el cierre de este año los privados terminarán realizando cerca de 40.000 soluciones habitacionales.Según el Gobierno con la misión Vivienda ya se han hecho 58.000 casas.
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Inquilinos con más de 20 años tendrán titularidad del inmueble
La Superintendencia fijará los precios de venta de esas casas arrendadasPara calcular el canón de arrendamiento se tomará en cuenta valor de reposición, dimensión del inmueble, región geográfica y depreciaciónLa Asamblea Nacional hoy tiene en agenda terminar de aprobar la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y los puntos objeto de discusión serán las sanciones y las disposiciones transitorias.En el marco de esta segunda discusión, los diputados de la Comisión de Administración y Servicios realizaron ajustes a los artículos que serán analizados este jueves, y uno de los aspectos modificado fue el correspondiente a las ventas de las casas en alquiler.Según el proyecto, los propietarios de los inmuebles tendrán que dar la titularidad de las solución habitacionales a los inquilinos que tengan más de 20 años arrendados. Y el proceso de venta de esas unidades será coordinado por la Superintendencia de Arrendamientos.El texto detalla que "por ser contrario al interés general de esta Ley el monopolio sobre las viviendas en alquiler, por considerarse el arrendamiento de interés social, colectivo y con fines de utilidad pública, los arrendatarios tendrán derecho a ser titulares de la vivienda constituida sobre los edificios que tengan 20 años o más dedicados al arrendamiento, debiendo ser ofertados en venta en un lapso máximo de 10 días, a partir del momento en que la Superintendencia fije el precio de venta, según el método establecido en la ley".En ese proceso de oferta de las viviendas alquiladas quedan exceptuados los pequeños arrendadores (que son aquellos que tienen en renta hasta dos unidades de vivienda).Esta nueva disposición por ahora no contempla sanciones ni expropiaciones a quienes no vendan las viviendas. No obstante, los diputados apuntan que en la discusión la norma puede tener más ajustes.La redacción anterior de esa disposición, la cual estaba en el informe de septiembre, decía que "los propietarios de inmuebles de vieja data destinados al arrendamiento, deberán ofertar las viviendas a los inquilinos en un lapso máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigencia de la Ley".Si los propietarios no realizaban la oferta en el lapso previsto en la ley, la Superintendencia publicaría carteles dos veces a la semana por 30 días solicitando la presencia de los dueños de los edificios. Si pasado 15 días después de la última publicación el propietario no comparecía, el organismo expropiaba los inmuebles y los adjudicaba a los inquilinos.Nueva metodologíaEl Parlamento en la sesión del pasado martes ya aprobó el nuevo esquema de cálculo de los cánones de arrendamiento.Los diputados efectuaron ajustes en el método de estimación del canon y decidieron que para fijar el valor de las viviendas se tomarán en cuenta: valor de reposición, dimensiones del inmueble, valor de depreciación, vulnerabilidad sísmica y región geográfica. En manos de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento quedará el cálculo de la renta.Al respecto, la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbano (Apiur) señaló que la metodología afectará la figura del alquiler. En un comunicado, agregó que esa metodología "obvia los valores de inmuebles similares en el mercado así como los precios de compra que tuvieron esas viviendas y los gastos que asumen los propietarios de los inmuebles".En los artículos aprobados los parlamentarios establecieron que los dueños de las viviendas pueden tener una rentabilidad anual entre 3 y 5%.ResidenciasLa Asamblea Nacional el pasado martes incorporó a la reforma de la ley nuevos artículos a fin de regular el alquiler en las residencias estudiantiles.El texto señala que todo aquel que alquile una vivienda a un estudiante tendrá que estar registrado en la Superintendencia de Arrendamiento y agrega que los contratos para los estudiantes "deberán tomar en consideración la duración del tiempo de estudio prevaleciendo así la continuidad de la relación arrendaticia de dos contratos continuos".Según el instrumento, el espacio (habitación) deberá tener como mínimo nueve metros cuadrados y si el dormitorio es colectivo debe tener como mínimo seis metros cuadrados entre cada arrendatario.Respecto a esos artículos, Apiur indicó que "esas disposiciones complican los alquileres de las habitaciones a los estudiantes, ya que la duración no sería de un año, sino que dependerá de la duración del programa académico y un estudiante podría no terminar la carrera. La situación académica no tiene nada que ver con el arrendamiento y el propietario no puede estar sujeto a su suerte estudiantil. Además esto podría aplicar a estudiantes del postgrado, ya que no establece el tipo de estudiante".MAYELA ARMAS H. | EL UNIVERSALmarmas@eluniversal.com
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