viernes, 9 de mayo de 2014

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Ley de Arrendamiento llegará para fijar costos de locales

en el CENTRO COMERCIAL SAMBIL ha bajado la calidad de los servicios

 Gobierno y centros comerciales acuerdan metodología.

 El ministro de Vivienda y Hábitat Ricardo Molina destacó en las mesas de trabajo con el sector de los centros comerciales “hemos estado buscando ceder en las visiones de parte y parte ahora llegamos a acuerdos”.
Desde diciembre del año 2013 está publicado en Gaceta Oficial  Nº 40.305 el reglamento de protección de arrendamientos de inmuebles que fue anunciado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro para regular los precios de alquileres en los centros comerciales. Dicha publicación expresa que “los cánones de arrendamiento de inmuebles constituidos por centros comerciales, galpones, locales, oficinas, establecimientos con fines turísticos, de uso educacional y asistencial no podrán exceder de Bs. 250, 00 el metro cuadrado”. Así lo establece el Artículo 2 del decreto que regula los cánones de arrendamiento en todo el país.

 “Vamos a presentarle a usted la propuesta conclusiva de estas mesas de reunión. El texto de esta propuesta es la muestra de que se pueden llegar a acuerdos conjuntos, sabiendo que en Venezuela vamos camino a la construcción de una patria socialista”, resaltó Molina.

 Expresó que en el documento se plantean tres posibilidades metodológicas para determinar los cánones de arrendamiento: la primera plantea un canon de arrendamiento fijo, la segunda propone ajustarlo a los porcentajes de ganancia de los propietarios de locales comerciales y una tercera posibilidad sería la combinación de ambas, puntualizó Molina.
Manifestó que se llegó a establecer las condiciones claras y definidas para el proceso de desocupación o desalojo de los locales comerciales con el respeto a todas las partes involucradas y se estableció cuales serían “taxativamente las actividades prohibidas en la relación arrendaticia”.

 Anunció sobre la creación de una comisión paritaria condominial que determinaría que no solo el propietario, que es quien establece las condiciones de operación del condominio, sino que se involucrará a los inquilinos,  que tienen participación activa en los centros comerciales.

 Por su parte, el Mandatario nacional, Nicolás Maduro, indicó que los centros comerciales como establecimientos económicos deben funcionar con justicia: “Se tiene que buscar un punto medio tanto para los inquilinos, como para los propietarios, los grandes y pequeños comerciantes, todos deben tener la oportunidad de crecer en sus actividades económicas”, enfatizó.

 Cavececo

 Centros comerciales permanecen aún en campaña informativa

 Según la Directora Ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales explicó que aún sigue vigente la paralización de la construcción de 24 centros comerciales debido a la falta de inversión en el sector “para los próximos 2 años, teníamos 24 proyectos de edificación en los centros comerciales, algunos ya están en construcción, pero otros quedaron en espera como Proyecto”.

 Cavececo ha participado en la redacción de la nueva Ley de Arrendamientos así lo manifestó la directora ejecutiva Claudia Itriago. “Estamos  participando en la redacción de la Ley para que los Centros Comerciales vuelvan a prestar calidad de servicios a los usuarios”.

 Éste sector se encuentra optimista debido a las reuniones sostenidas con el Ministro de Vivienda, Ricardo Molina, asegura que se reconocieron las “condiciones adversas” que vive el sector tras las regulaciones en los locales comerciales. El gremio congrega a más de 140 centros comerciales del país, se ha "avanzado" en la solución de "temas claves" que afectan al sector.

 Posible cierre

 Vale recordar que la Junta Directiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines acordó diferir la medida de cerrar los establecimientos los días lunes, de acuerdo con su cuenta oficial de Twitter.
La medida, que entraría en vigencia hace más de un mes, se planteó para dar  respuesta al Decreto Nº 602 que regula el arrendamiento y condominio de los locales comerciales. La norma ha ocasionado la caída de los ingresos de los centros comerciales y la desmejora de los servicios. “Hemos tenido que poner de nuestros recursos para mantener el servicio”, señaló Alfredo Cohen, presidente de la Cámara.

 Añadió que bajo estas condiciones las operaciones podrán mantenerse por muy poco tiempo, por lo que resulta urgente la publicación de la Ley de Arrendamiento de locales comerciales. El gremio informó a través de su cuenta oficial de Twitter:  "Nos vamos a volver a reunir para revisar la ley”, señaló Cohen.

 En campaña continua

 La Directora Ejecutiva de  Cavececo, Claudia Itriago expresó que los Centros Comerciales siempre han sido bien vistos por el público y debido a esa razón realizaron una campaña informativa sobre la situación que presenta este sector. Pretenden que por medio de mensajes como “Lo bueno hay que preservarlo”, “Sin inventario no hay que inventar”, “Sin insumos no hay calidad de servicio”, “Sin recursos no hay seguridad”,  informar sobre los problemas que llevaron este sector a desmejorar los servicios que anteriormente ofrecían a la población venezolana. Estos mensajes también los pueden visualizar en las redes sociales Twitter y Facebook adscritas a Cavececo.  

El Gobierno nacional acordó con los propietarios y arrendatarios de los centros comerciales una propuesta para fijar los costos de arrendamientos de locales comerciales que fue entregada al Presidente de la República para su aprobación, así lo expresó el ministro para la Vivienda, Ricardo Molina.

 Mercado de Dinero
08-05-2014
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Aumentan las invasiones en primeros kilómetros de la Petare-Guarenas

Vecinos de las urbanizaciones y los barrios ubicados en los alrededores del Distribuidor Metropolitano denuncian en 100 metros de largo y 30 de ancho, que funciona como retiro vial ya se han construido cerca de cinco ranchos.

 Viviendas, negocios y hasta alojamientos hay en los primeros kms de la vía

 MIGDALIS CAÑIZÁLEZ V.

 Caracas.- En los últimos 16 años, los retiros viales de los primeros siete kilómetros de la autopista Petare-Guarenas se han copado de ranchos que nacieron con cuatro láminas de zinc y ahora son barrios consolidados, que cuentan desde bodegas, restaurantes, caucheras y hasta canchas deportivas y servicio de transporte público.

 "No sabemos en cuánto vendieron los terrenos, pero se lo que hicieron  y ya están construyendo", denunció una vecina del barrio Metropolitano, quien prefiere omitir su nombre por temor. Recuerda que a través de la Sala de Batalla "Unidos con Bolívar", que está conformada por 20 consejos comunal de los barrios de Petare Norte, se logró desalojar esta área en 2009 y desde principio el año pasado nuevamente la invadieron".

 De cinco barrios habían en el 2013 han nacido otro tres que se ubican justamente frente al sobreancho donde están  las ventas de comida y en sentido contrario (Guarenas-Petare) hay tres más.

 Riesgos en la vía 

 Según informó Adolfo Miquilena, directivo del Colegio de Ingenieros, "no se trata de que han crecido o no las invasiones, el problema grave es que ya son barrios consolidados, lo que le está haciendo un grave daño a esta autopista".

 Explicó que cuando se construye una autopista se hacen unos retiros viales que son básicamente para posibles ampliación de la vía en el futuro o para proyectos de un trazado de un sistema ferroviario.

 En el caso de la Petare-Guarenas dijo "ya éstos no existen, porque ahora hay casas, que como no pueden crecer más horizontalmente por el poco espacio, ahora lo hacen verticalmente sin servicios de drenajes y red de cloacas, por lo que todas sus aguas van a caer libremente a los drenajes de la autopista".

 Advirtió que "este problema de invasiones es responsabilidad tanto del Gobierno Nacional, regional y municipal, que se han hecho de la vista gorda para enfrentar este problema.

 La pantalla se agrietó

 Se agudiza la falla a la altura de Parque Caiza

 Desde hace cuatro meses profundizó la falla geológica en la autopista Petare-Guarenas a la altura de Parque Caiza, en sentido Caracas.

 Este año se agrietó la pantalla atirantada que se construyó hace dos años

 MIGDALIS CAÑIZÁLEZ V.

 Los trabajos de asfaltado que ha ejecutado en los últimos meses en la autopista Petare-Guarenas en nada han mejorado las condiciones de esta arteria vial, por el contrario en los últimos cuatro meses  se agrietó la pantalla atirantada que fue construida hace menos de dos años a la altura de parque Caiza y esa misma falla ha generado un levantamiento en la defensa central de la vía.   

 Adolfo Miquilena, directivo del Colegio de Ingenieros  explicó que el exceso de humedad que hay a nivel subterráneo es producto de las invasiones que se han agudizado en los últimos años en la autopista, no solo en este tramo de parque Caiza -donde existe una falla importante- sino a la altura de la Terminal de Pasajeros de Oriente, que puede afectar el pavimento seriamente, por las descargas de aguas negras.

 Consideran que estos trabajos que se han ejecutado en este tramo en nada ha mejorado esta falla porque se trata de "pañitos calientes" y no van al fondo del problema. "Lo peor es que en caso de ocurrir una falla grave  en la autopista no se cuenta con una vía  porque la carretera vieja también se encuentra en muy malas condiciones".     

 Por esta autopista Petare-Guarenas,  circulan más de unos 300 mil vehículos diarios, y a pesar de ser uno de los accesos a Caracas se encuentra "en un estado de deterioro progresivo por la falta de mantenimiento, según los expertos en vialidad.

 El Universal
08-05-2014
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LOS CORREDORES RÁPIDOS PARA AUTOBUSES O BRT, ¿ UNA SOLUCIÓN EFECTIVA?



LOS CORREDORES RÁPIDOS PARA AUTOBUSES O BRT, ¿ UNA SOLUCIÓN EFECTIVA?



Las ciudades alrededor del mundo, tienen un problema creciente de movilidad urbana. El transporte privado ya ha dejado de ser la solución, por lo que el transporte  [continue leyendo…]
















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OIT emite informe al Gobierno venezolano sobre caso de cementeros

Por: Prensa Unete

 Este martes se dio a conocer el resultado del informe provisional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto a la queja presentada por la Alianza Nacional de Trabajadores Cementeros (ANTRACEM) y la Central Obrera UNETE, contra el Gobierno venezolano.

 Según informaron los líderes sindicales del sector cementero Orlando Chirino, Alexander Santos y José Vale, el Comité de libertad sindical de la OIT emitió un informe hace algunos días llegando a varias conclusiones, y dando sus recomendaciones al Gobierno, luego que el pasado año 2.013 varias organizaciones sindicales de las empresas Cementeras del País acudieran al organismos internacional y del cual Venezuela forma parte debido a una serie de violaciones a la libertad sindical y derechos fundamentales en el trabajo de estas personas, ante la falta de respuesta y soluciones a los mismos por parte de organismos nacionales.

 Agregaron que en los últimos años se paralizaron las discusiones de las convenciones colectiva en este sector, además trabajadores y líderes sindicales como el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Empresa Vencemos en el Distrito Metropolitano (SINTUECAV) Ulises Rodríguez entre otros, han sido objeto de suspensión de salarios y varios otros de sus derechos, así como de calificaciones de despidos.

 Informaron que la OIT en algunas de sus conclusiones dice que los procedimientos son lentos y se estancan afectando a directivos sindicales, incluso llega a mencionar que la demora en la aplicación de la justicia en estos casos equivale a la denegación de esta última. “Llevamos los casos ante los representantes de las empresas de Cementos estatales, ante las inspectorias del trabajo e incluso ante tribunales y las violaciones continuaron (…) nos tocó acudir a instancia internacionales, y para vergüenza de nuestra institucionalidad son las que están dando resultados”.

 Agregaron que el mencionado informe provisional ordena restituir derechos a un grupo de afectados entre los que se encuentran estos voceros y otros como Ulises Rodríguez y Luis Chaparros por las desmejoras en el trabajo de que fueron objeto, esperan que los gerentes de estas empresas se pongan a derecho.

 En el documento emitido por la comisión de libertad sindical de la OIT y firmado por su Presidente Paul van der Heijden se lee lo siguiente: “el Comité pide al Gobierno que tome medidas en consulta con las organizaciones sindicales, y las organizaciones de empleadores más representativas para promover la negociación colectiva en el sector del cemento (…) y – dados los retrasos excesivos constatados – para agilizar los procedimientos administrativo sancionatorios en caso de incumplimientos( …)”.

 Los líderes obreros aprovecharon la oportunidad para solicitar al presidente Maduro que ponga la lupa en la situación de la industria cementera del país en cuanto a las condiciones laborales, el respeto a los derechos de la clase trabajadora de este sector y las condiciones de esta industria, y la distribución de sus productos.

 Aporrea
07/05/2014
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jueves, 8 de mayo de 2014

Propietarios de edificios de alquiler deben formalizar oferta de venta a sus inquilino

La resolución de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi) del pasado 28 de marzo de 2014, que ordena a los propietarios de edificios de larga data, con más de 20 años dedicados al alquiler de apartamentos formalizar la oferta de venta a sus inquilinos, movilizó a las partes involucradas.

 Por una parte, los colectivos y redes de inquilinos celebran la medida, pues apuestan a que esta vez sí se debe cumplir la ley a cabalidad. “Porque los propietarios no nos estaban parando”, apunta Maglene Sierralta, de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos.

 Para estas organizaciones, el hecho de que los dueños acepten el acuerdo de venta constituye un punto de honor a una lucha en la que llevan desde 2006. “Esto es justicia social. La mayoría de los inquilinos son de la tercera edad, muchos hijos de inmigrantes. Hemos hecho una vida con nuestros padres e hijos pagando alquiler desde hace 40 años y más”, cuenta Douglas Acevedo, quien logró comprar su apartamento en el edificio San Biaggio.

 “Esto es justicia social, gracias al presidente Chávez. Mi apartamento me costó 67 mil bolívares. A otros les salió un poco más caro porque son más grandes o por estudio socio-económico. A una señora aquí en el edificio le salió gratis, lo pagó un banco del Estado, porque ella es sola y de edad avanzada”.

 La medida beneficiará a 25 mil inquilinos que habitan en edificios de vieja data, según registros de las organizaciones de inquilinos.
Los gremios inmobiliarios, representantes de dueños de edificios y de compañías que administran los arriendos que se cobran a apartamentos ubicados en edificios viejos -la mayoría construidos en las décadas de los años 50, 60 y 70-, fustigan la resolución.

 La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), apenas se publicó la resolución, introdujo un recurso de nulidad ante los Tribunales Superiores Contenciosos de Caracas. “Esto es un atentado más contra la propiedad privada, no se puede obligar a vender”, señaló Aquiles Martini, presidente del gremio.

 La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), que además administra varios de los edificios que serán objeto de la medida, se opone a la resolución en el mismo orden de la CIV, e insiste en que los avalúos que se hacen de las edificaciones están muy por debajo del mercado. “El Estado no debe ponerle precio a la propiedad privada”, sostiene Roberto Orta, representante de Apiur.

 Los gremios también se oponen a la metodología de avalúo que aplica la Sunavi para determinar el precio final de los inmuebles, pues aducen que con esta fórmula no se toma en cuenta la ubicación y la zona donde están los edificios.

 En descargo, Rigel Sergent, del Movimiento de Inquilinos, sostiene: “Los propietarios dicen que se limita el derecho a la propiedad, pero son ellos quienes lo niegan porque saben que el inquilino que lleva más de 40 años, en muchos casos hasta 50 años pagando alquiler, ya ha cancelado esa vivienda; lo saben, pero quieren seguir lucrándose porque ven la vivienda como una mercancía. Nosotros luchamos por justicia social”.

 Empezó a correr el lapso. Lo concreto, en este momento, es que el plazo de sesenta días que prevé la resolución para que los propietarios hagan la oferta de compraventa empezó a correr desde que se publicó la medida que vence a finales de mayo.

 Según la resolución, en ese plazo el propietario deberá formalizar la oferta de compraventa; en caso contrario, de no cumplir con este paso, se le aplicará una multa de 2 mil unidades tributarias (UT), que equivale a 250 mil bolívares (una cifra equivalente al precio máximo de un apartamento de vieja data, de 70 metros, tres habitaciones , según la fórmula de avalúo que aplica la Sunavi).

 Debido a que esta resolución es una derivación de la disposición transitoria quinta de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda, promulgada en noviembre de 2011, de no concretarse el acuerdo de compraventa al término de los 60 días, la ley prevé que las organizaciones sociales (en este caso, los colectivos y redes de inquilinos) podrán pedir al Ejecutivo que proceda a la expropiación del inmueble, pero voceros de los colectivos destacan que quieren llegar a acuerdos antes de pedir la expropiación.

 “Queremos comprar. No queremos nada regalado, aunque sabemos que aún con la expropiación el Estado le paga un justiprecio al dueño; pero no queremos recurrir a esa vía sin intentar acuerdos amigables”, resaltó Sergent.

 Este vocero relató que, en los avalúos que se han realizado con base en la metodología para calcular el precio del inmueble, la cual toma en cuenta la depreciación (antigüedad, años de construcción), el tamaño del apartamento (metraje) y el mantenimiento (condiciones de la infraestructura, servicios de luz, agua), el valor máximo de un apartamento de larga data es de 250 mil bolívares.

 Los censos que llevan los colectivos indican que de las 25 mil familias que habitan edificios viejos, 85% de los responsables del arriendo son mayores de 55 años de edad.

 Ante esta realidad, se llegó a un acuerdo con la banca pública encargada de otorgar los créditos hipotecarios -los cuales tienen una vigencia de entre 25 y 30 años para cancelar la hipoteca-, de suscribir un seguro de vida retornable en caso de fallecimiento del beneficiario del crédito. “Pero también en la banca pública nos han indicado que son créditos heredables”, aclaró Maglene Sierraalta.

 Otro acuerdo que están concretando colectivos de inquilinos con el Estado es que, en caso de que algún inquilino de los edificios viejos que se vendan en su totalidad no quiera comprar el apartamento, hay una propuesta de que la Inmobiliaria Nacional -estatal adscrita al Ministerio de Vivienda- compre el apartamento, y en el caso de que el ocupante decida mudarse, el Estado dispondrá de esta unidad, bien para el alquiler con opción a compra o para venderla.

 Maglene Sierraalta resalta que algunas familias que habitan los edificios viejos y que llevan más de 40 años vivienda allí y tienen la capacidad de comprarlos de contado. “Hemos ahorrado, tenemos una buena jubilación o contamos con el apoyo de nuestros hijos y nietos, pero necesitamos que nos hagan la oferta. Todas las familias tienen la mejor disposición y posibilidad de pagar el crédito”.

 Al tratarse de edificios con más de 30 años de construidos, y a muchos de los cuales se les ha aplicado la regulación, el alquiler que pagan en promedio ronda los 500 y 300 bolívares. En muchos de estos inmuebles los inquilinos asumen los gastos de mantenimiento, pagos de servicio de agua y luz. “En muchos casos las administradoras o los propietarios no quieren asumir ningún pago de servicios ni de mantenimiento”, apunta Sierraalta.

 Informe 21
06-05-2014
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Misión Vivienda ha entregado 2,8% de su meta 2014

La Misión Vivienda Venezuela ha entregado 15.886 viviendas de las 400 mil que fueron prometidas para 2014, según cifras publicadas este martes 6 de mayo en el sitio oficial Venezuela Socialista en Cifras. La cantidad de viviendas entregadas representa solamente 2,8% de la meta fijada.

 Misión Vivienda se encuentra afectada, según ha explicado el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, por falta de materia prima y problemas laborales.

 En 2013 Misión Vivienda falló en cumplir su meta anunciada: el presidente Nicolás Maduro prometió ese año entregar 380 mil viviendas, y se entregaron 201.075.

 Cámara Inmobiliaria de Venezuela
07-05-2014
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