La nueva ley que regulará el arrendamiento de viviendas en Venezuela fue creada por el oficialismo para acabar con la "especulación", aunque para los propietarios es un nuevo ataque del gobierno de Hugo Chávez a la propiedad privada y "exterminará" la oferta de alquileres.
Según el gobierno, la ley, aprobada el jueves por la mayoría oficialista del Parlamento venezolano, surgió de la iniciativa popular y busca eliminar "la especulación" en los alquileres y evitar que la renta de viviendas sea vista "como un negocio".
"Se hace justicia a más de 750.000 familias que viven como inquilinas y también al pequeño arrendador", aseguró el diputado oficialista Diosdado Cabello, uno de los promotores del instrumento jurídico.
Pero, para los propietarios, "esta ley decreta un exterminio total del mercado de alquiler, porque la gente bajo estas condiciones de inseguridad jurídica sencillamente no va a arrendar su inmueble", aseguró a la AFP el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR), Roberto Orta.
"Es una ley que va en contra del derecho a la propiedad y para la que no se escuchó a los propietarios. Es una ley política y extremadamente punitiva donde todas las multas van para el arrendador y son altísimas", explicó Orta, que representa a más de 300 propietarios de inmuebles urbanos.
"No es verdad" que vaya a acabar con el alquiler, ni tampoco que se favorezca "al inquilino que atropella, que no paga", defendió por su parte Cabello, precisando que la ley "se encarga de proteger al débil jurídico".
La normativa establece la creación de una Superintendencia de Inquilinato, un organismo estatal que llevará un registro de arrendadores y arrendatarios, se encargará de revisar todos los contratos, establecer el canon de alquiler y mediar en caso de problemas, entre otras funciones.
"Nadie podrá alquilar sin aprobación previa del gobierno, convirtiendo el arrendamiento de viviendas en un trámite burocrático que durará meses", resalta un documento publicado este viernes por APIUR.
Los propietarios critican también los "procedimientos interminables" para recuperar una vivienda alquilada, el "indefinido impuesto a las viviendas desocupadas" que no se ofrezcan en renta, el "irrisorio" monto del alquiler que será fijado por el Estado, y las sanciones a los arrendadores que van de multas a expropiaciones.
"La ley es anticonstitucional (...) y, de ser necesario, vamos a recurrirla incluso ante instancias internacionales porque vulnera el derecho a la propiedad", advirtió Orta.
Sin embargo, durante la discusión final de la ley en el Parlamento -que se extendió por más de un mes- el oficialismo cedió en algunos puntos y, así, los contratos finalmente se firmarán por un año y no por tres, y la rentabilidad anual podrá ser de hasta 5% del valor del inmueble y no solo de 3% como estaba inicialmente estipulado.
Solucionar la fuerte crisis habitacional es una de las prioridades del presidente Hugo Chávez -que en octubre de 2012 optará a un tercer mandato consecutivo-, y para lograrlo el gobierno lanzó un programa que busca compensar en los próximos seis años un déficit de unos dos millones de viviendas.
"Vamos a comenzar a aplicar pronto esta maravillosa ley, es una ley socialista. Aplaudo la aprobación de la ley" de arrendamiento, celebró el jueves el mandatario venezolano.
Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, la ley tiene un carácter eminentemente "político e ideológico".
Además, según Martini, la nueva legislación "traerá la eliminación del mercado formal de inquilinato" porque da prioridad a los derechos de los inquilinos y desmotiva a los propietarios a alquilar sus inmuebles.
Chávez deberá promulgar la ley en los próximos días para su entrada en vigencia, ante las presiones de los propietarios y las críticas de sus detractores políticos, que aseguran que tiene fines electorales y responde a "la incapacidad del gobierno" de cumplir su meta de construcción de viviendas.
AFP
29-10-2011
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martes, 1 de noviembre de 2011
Aspiran a que Chávez promulgue ley de arrendamiento y reglamentos de manera conjunta
Los inquilinos que trabajaron en la redacción de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, aprobada este jueves en segunda discusión por la Asamblea Nacional (AN), trabajan junto con la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento en dos propuestas de reglamento del instrumento legal, con el fin de entregarlas al Ejecutivo en los próximos días, de manera que el presidente Hugo Chávez firme el ejecútese de la Ley y la aprobación de los dos reglamentos de manera conjunta la semana que viene.
El presidente de la Comisión, diputado Diosdado Cabello (Partido Socialista Unido de Venezuela – Psuv), aseveró este viernes, tras una reunión con los integrantes de los colectivos de arrendatarios, que los reglamentos están "bien adelantados", y que pretenden entregarlos a la Vicepresidencia para que luego se apruebe en Consejo de Ministros.
La idea es que la Ley entre en vigencia junto con los reglamentos, con el propósito de que puedan ponerse en práctica de inmediato aspectos importantes como la definición del canon de arrendamiento.
Los inquilinos que acompañaron la redacción de la Ley se dividieron en comisiones de trabajo para desarrollar los dos reglamentos: el de la Ley como tal, que incluirá los aspectos procedimentales y la definición del canon en base a los criterios aprobados en el texto legal; y el de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, un órgano que nacerá por mandato del nuevo instrumento normativo en sustitución de la Dirección Nacional de Inquilinato.
Otra comisión desarrollará la propuesta de creación del Fondo para la Protección del Inquilino y el Pequeño Arrendador. Éste también está incluido en el instrumento legal, pero la comitiva le dará forma más precisa.
El Nacional
29-10-2011
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El presidente de la Comisión, diputado Diosdado Cabello (Partido Socialista Unido de Venezuela – Psuv), aseveró este viernes, tras una reunión con los integrantes de los colectivos de arrendatarios, que los reglamentos están "bien adelantados", y que pretenden entregarlos a la Vicepresidencia para que luego se apruebe en Consejo de Ministros.
La idea es que la Ley entre en vigencia junto con los reglamentos, con el propósito de que puedan ponerse en práctica de inmediato aspectos importantes como la definición del canon de arrendamiento.
Los inquilinos que acompañaron la redacción de la Ley se dividieron en comisiones de trabajo para desarrollar los dos reglamentos: el de la Ley como tal, que incluirá los aspectos procedimentales y la definición del canon en base a los criterios aprobados en el texto legal; y el de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, un órgano que nacerá por mandato del nuevo instrumento normativo en sustitución de la Dirección Nacional de Inquilinato.
Otra comisión desarrollará la propuesta de creación del Fondo para la Protección del Inquilino y el Pequeño Arrendador. Éste también está incluido en el instrumento legal, pero la comitiva le dará forma más precisa.
El Nacional
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Se afianza el control estatal en el mercado de los alquileres
El Gobierno se encargará de fijar el canon de arrendamiento y además de coordinar la venta de los inmuebles que están destinados al alquiler. ARCHIVO
Venezuela ⁄ La Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que incrementa el control del Gobierno en el mercado de los alquileres. Los entes oficiales ahora serán los encargados de determinar el canon, revisar los contratos e intermediar en la venta de los inmuebles que están en renta.
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, Diosdado Cabello, indicó a AVN que ante el visto bueno de la ley ya se trabaja en la redacción de los reglamentos, que se redactan en coordinación con las organizaciones de inquilinos.
Según el diputado, los textos están "bien adelantados", y serán entregados a la Vicepresidencia. "La idea es que la Ley entre en vigencia junto con los reglamentos, con el propósito de que puedan ponerse en práctica de inmediato aspectos importantes como la definición del canon de arrendamiento".
Los principios de la reforma legal señalan que por esa vía "se promoverá el arrendamiento socialmente responsable, de conformidad con la política nacional de vivienda" y "se combatirá el acaparamiento, la desocupación así como la mercantilización de las viviendas".
Una vez que entre en vigencia el texto, los contratos de arrendamiento tendrán un año de duración y podrán ser renovados. La renta a cobrar se determinará mediante una fórmula que tomará en cuenta el valor de reposición, dimensiones del inmueble, vulnerabilidad sísmica, depreciación y región geográfica. Ese cálculo lo efectuará la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, que estará adscrita al Ministerio de la Vivienda.
Los desalojos de los inmuebles se materializarán cuando esa Superintendencia le haya conseguido a los inquilinos un destino habitacional.
En manos del nuevo organismo supervisor estará la oferta de las viviendas que se encuentran en los edificios destinados al alquiler. Para ello fijará los precios de venta de esas unidades, cuya fórmula sería la misma de estimar el canon.
Los procesos de fiscalización por parte del Estado se amplían y se contemplan multas de hasta 400 unidades tributarias por no cumplir con la ley. La reincidencia en los incumplimientos implicará expropiaciones, si los propietarios poseen más de cinco inmuebles.
Observaciones
Ante el contenido aprobado, los inmobiliarios consideran que ya no habrá mercado de alquiler. Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, "el contenido de la ley creará anarquía, porque muchos dejarán de pagar sus rentas amparados en lo que señala el texto".
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, apunta que el texto contempla sanciones que en gran medida son para el propietario, "se castiga a los dueños".
Cuestiona los ajustes finales realizados al marco legal y comenta que en la disposición transitoria que ordena la venta de los inmuebles con más de 20 años arrendados "existen muchos vacíos. El Estado para poder vender esos edificios tiene que transformarlos en propiedad horizontal".
Apunta que se generan dudas sobre el plazo para la venta de las unidades habitacionales. "Si los propietarios no ofertan los inmuebles tendrían que someterse a juicios".
Otro de los aspectos que objeta es el traspaso de las consignaciones al Fondo de Protección del Inquilino y el Pequeño Arrendatario. "Según el texto si los arrendadores no retiran los pagos por consignación en el plazo de un año, el dinero pasa al fondo. Ello es grave , porque los propietarios no retiran esos recursos, porque no les conviene". Las consignaciones se realizan cuando existen diferencias entre dueños e inquilinos y éstos deciden depositar en los tribunales.
Ante la aprobación de la ley, los inmobiliarios contemplan presentar un recurso de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia. Orta dice que no se descarta ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y al Parlamento Europeo.
Tras la defensa
Por su parte Rigel Sergent, vocero de Red Metropolitana de Inquilinos, señala que esta reforma surgió del debate y "pensamos en la justicia, se defiende a los inquilinos".
Considera que con los últimos cambios efectuados al texto, y que son referentes a la estimación del canon de arrendamiento, existen mejorías.
El diputado Tito Oviedo le indicó a Unión Radio que la Ley de Arrendamientos "en nada vulnera a los propietarios"
El Universal
29-10-2011
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Venezuela ⁄ La Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que incrementa el control del Gobierno en el mercado de los alquileres. Los entes oficiales ahora serán los encargados de determinar el canon, revisar los contratos e intermediar en la venta de los inmuebles que están en renta.
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, Diosdado Cabello, indicó a AVN que ante el visto bueno de la ley ya se trabaja en la redacción de los reglamentos, que se redactan en coordinación con las organizaciones de inquilinos.
Según el diputado, los textos están "bien adelantados", y serán entregados a la Vicepresidencia. "La idea es que la Ley entre en vigencia junto con los reglamentos, con el propósito de que puedan ponerse en práctica de inmediato aspectos importantes como la definición del canon de arrendamiento".
Los principios de la reforma legal señalan que por esa vía "se promoverá el arrendamiento socialmente responsable, de conformidad con la política nacional de vivienda" y "se combatirá el acaparamiento, la desocupación así como la mercantilización de las viviendas".
Una vez que entre en vigencia el texto, los contratos de arrendamiento tendrán un año de duración y podrán ser renovados. La renta a cobrar se determinará mediante una fórmula que tomará en cuenta el valor de reposición, dimensiones del inmueble, vulnerabilidad sísmica, depreciación y región geográfica. Ese cálculo lo efectuará la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, que estará adscrita al Ministerio de la Vivienda.
Los desalojos de los inmuebles se materializarán cuando esa Superintendencia le haya conseguido a los inquilinos un destino habitacional.
En manos del nuevo organismo supervisor estará la oferta de las viviendas que se encuentran en los edificios destinados al alquiler. Para ello fijará los precios de venta de esas unidades, cuya fórmula sería la misma de estimar el canon.
Los procesos de fiscalización por parte del Estado se amplían y se contemplan multas de hasta 400 unidades tributarias por no cumplir con la ley. La reincidencia en los incumplimientos implicará expropiaciones, si los propietarios poseen más de cinco inmuebles.
Observaciones
Ante el contenido aprobado, los inmobiliarios consideran que ya no habrá mercado de alquiler. Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, "el contenido de la ley creará anarquía, porque muchos dejarán de pagar sus rentas amparados en lo que señala el texto".
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, apunta que el texto contempla sanciones que en gran medida son para el propietario, "se castiga a los dueños".
Cuestiona los ajustes finales realizados al marco legal y comenta que en la disposición transitoria que ordena la venta de los inmuebles con más de 20 años arrendados "existen muchos vacíos. El Estado para poder vender esos edificios tiene que transformarlos en propiedad horizontal".
Apunta que se generan dudas sobre el plazo para la venta de las unidades habitacionales. "Si los propietarios no ofertan los inmuebles tendrían que someterse a juicios".
Otro de los aspectos que objeta es el traspaso de las consignaciones al Fondo de Protección del Inquilino y el Pequeño Arrendatario. "Según el texto si los arrendadores no retiran los pagos por consignación en el plazo de un año, el dinero pasa al fondo. Ello es grave , porque los propietarios no retiran esos recursos, porque no les conviene". Las consignaciones se realizan cuando existen diferencias entre dueños e inquilinos y éstos deciden depositar en los tribunales.
Ante la aprobación de la ley, los inmobiliarios contemplan presentar un recurso de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia. Orta dice que no se descarta ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y al Parlamento Europeo.
Tras la defensa
Por su parte Rigel Sergent, vocero de Red Metropolitana de Inquilinos, señala que esta reforma surgió del debate y "pensamos en la justicia, se defiende a los inquilinos".
Considera que con los últimos cambios efectuados al texto, y que son referentes a la estimación del canon de arrendamiento, existen mejorías.
El diputado Tito Oviedo le indicó a Unión Radio que la Ley de Arrendamientos "en nada vulnera a los propietarios"
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La muerte del alquiler
TalCualDigital.com
Todos los alquileres de unidades habitacionales estarán prácticamente sepultados en un cementerio una vez que la Asamblea Nacionalaprobó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamiento de Vivienda. Esta fue la conclusión a la que se llegó ayer en la mesa de análisis sobre la futura ley de regulación de alquileres organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice).
Felipe Benítez, coordinador del Observatorio de Propiedad de Cedice, comentó que la futura ley es completamente injusta y perjudicial para toda la sociedad venezolana porque vulnera todos los derechos de la propiedad privada. Además, expresó que de aprobarse la norma jurídica sólo beneficiaría al corto plazo a una minoría de la población (inquilinos).
"Estamos ante una ley ponzoñosa, que siembra el odio y genera conflicto y cizaña", dijo Benítez. El integrante del Observatorio de Propiedad aseguró que si los partidos políticos hubiesen presionado y pedido más información, el proyecto de ley aún estaría siendo discutida y debatida desde el principio. A su juicio, hubo fallas y atrasos, de los propietarios, en las exigencias a las organizaciones políticas que adversan el texto.
Para Benítez, desde el artículo 1 del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamiento de Vivienda se observa la errada visión que tiene el Ejecutivo sobre la propiedad. Resaltó que el escrito hace ver a la propiedad privada como un "pecado" y señala que la crisis habitacional es un factor producto del "modelo capitalista explotador y excluyente".
Entre las consecuencias negativas, afirmó que se generará un mercado negro, habrá una profundización en la escasez de la oferta y existirá una depreciación en el valor del inmueble.
DESCONTENTO OFICIALISTA
Al parecer el descontento por la también denominada "Ley Cabello" ha tocado la puerta de los portales de información que simpatizan con el Gobierno.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria en Venezuela (CIV), señaló que en la página web www.aporrea.org "portal alternativo de noticias a favor del gobierno de Chávez" hay cartas de propietarios que se quejan por imposibilidades de desalojos y de venta, originados desde que comenzó el anuncio de la regulación en el sector de los alquileres.
Igualmente, se preguntó en dónde habitarán las personas que no podrán conseguir un techo porque, de paso, el déficit habitacional ya alcanza los 2.200.000 inmuebles en todo el territorio nacional. Insistió en que el mercado de alquileres se acabará de una manera formal.
En cuanto al valor que ahora tendrá la vivienda en alquiler, dijo que con la "fórmula inmobiliaria" el costo de la estructura será más económico. No obstante, aclaró que el valor de la unidad habitacional no superará su precio original. También, al igual que Benítez, dijo que se originará un mercado negro de arrendamiento.
Indicó que en la página web de la CIV hay una serie de tips que orientan al propietario sobre los efectos que tendrá la referida ley de arrendamiento.
Tal Cual
28-10-2011
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Felipe Benítez, coordinador del Observatorio de Propiedad de Cedice, comentó que la futura ley es completamente injusta y perjudicial para toda la sociedad venezolana porque vulnera todos los derechos de la propiedad privada. Además, expresó que de aprobarse la norma jurídica sólo beneficiaría al corto plazo a una minoría de la población (inquilinos).
"Estamos ante una ley ponzoñosa, que siembra el odio y genera conflicto y cizaña", dijo Benítez. El integrante del Observatorio de Propiedad aseguró que si los partidos políticos hubiesen presionado y pedido más información, el proyecto de ley aún estaría siendo discutida y debatida desde el principio. A su juicio, hubo fallas y atrasos, de los propietarios, en las exigencias a las organizaciones políticas que adversan el texto.
Para Benítez, desde el artículo 1 del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamiento de Vivienda se observa la errada visión que tiene el Ejecutivo sobre la propiedad. Resaltó que el escrito hace ver a la propiedad privada como un "pecado" y señala que la crisis habitacional es un factor producto del "modelo capitalista explotador y excluyente".
Entre las consecuencias negativas, afirmó que se generará un mercado negro, habrá una profundización en la escasez de la oferta y existirá una depreciación en el valor del inmueble.
DESCONTENTO OFICIALISTA
Al parecer el descontento por la también denominada "Ley Cabello" ha tocado la puerta de los portales de información que simpatizan con el Gobierno.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria en Venezuela (CIV), señaló que en la página web www.aporrea.org "portal alternativo de noticias a favor del gobierno de Chávez" hay cartas de propietarios que se quejan por imposibilidades de desalojos y de venta, originados desde que comenzó el anuncio de la regulación en el sector de los alquileres.
Igualmente, se preguntó en dónde habitarán las personas que no podrán conseguir un techo porque, de paso, el déficit habitacional ya alcanza los 2.200.000 inmuebles en todo el territorio nacional. Insistió en que el mercado de alquileres se acabará de una manera formal.
En cuanto al valor que ahora tendrá la vivienda en alquiler, dijo que con la "fórmula inmobiliaria" el costo de la estructura será más económico. No obstante, aclaró que el valor de la unidad habitacional no superará su precio original. También, al igual que Benítez, dijo que se originará un mercado negro de arrendamiento.
Indicó que en la página web de la CIV hay una serie de tips que orientan al propietario sobre los efectos que tendrá la referida ley de arrendamiento.
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Nueva Ley de Arrendamiento frenará plan masivo de viviendas
El Presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Juan Francisco Jiménez señaló que los efectos negativos del texto del recién aprobado proyecto de Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, comprometen las metas del plan masivo de viviendas que adelanta el Gobierno nacional, por lo que exhorta al Presidente de la República a evaluar las propuestas formuladas por el sector construcción, y así cumplir con el objetivo de beneficiar a las familias venezolanas.
El presidente de la institución, Juan Francisco Jiménez enfatizó que para garantizar el éxito de cualquier plan masivo de construcción de viviendas en el país, es preciso concertar definitivamente una política nacional coherente y profesional, diseñada para permitir e incentivar la participación de todos los actores involucrados en el área de vivienda.
Reiteró que la construcción de viviendas de interés social para alquilar debe ser financiada principalmente por el sector público, con el apoyo decidido de la empresa privada, para lo cual se ha propuesto la constitución de empresas mixtas (Gobierno-sector privado) que se encarguen de ejecutar estos desarrollos habitacionales, en toda su integralidad.
Para que esto ocurra y tenga viabilidad real el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, Jiménez indicó que es fundamental que el texto final de dicha ley tome en consideración las propuestas y visiones de todos los actores involucrados, a fin de garantizar el objetivo de beneficiar a la familia venezolana. “En caso contrario, traerá graves consecuencias para los venezolanos que requieren una vivienda digna y para los cientos de miles de trabajadores y empresas que operan en el sector”, manifestó.
A propósito de la obligatoriedad de las empresas constructoras de destinar, para el arrendamiento, un porcentaje del total de las viviendas que construyan, enfatizó que esta situación haría inviable la construcción masiva de viviendas promovidas por el sector privado. “Adicionalmente –destacó- se estaría delegando el establecimiento de ese porcentaje a un ente público, para que actúe de forma totalmente discrecional, lo que podría fomentar prácticas poco transparentes o situaciones donde se beneficie a unos en perjuicio de otros”.
Según Jiménez es necesario que la ley que apruebe la Asamblea Nacional establezca medidas equilibradas, tanto para arrendadores como arrendatarios, que respete la libre contratación inquilinaria, evitando el abuso de cualquiera de las partes involucradas; que genere confianza y seguridad jurídica, y que estimule la participación de la inversión privada nacional y extranjera para la construcción masiva de viviendas destinadas al arrendamiento.
“Experiencias en otros países – puntualizó- han logrado establecer con éxito una política de incentivos y motivación para la construcción de viviendas en alquiler. Existen muchas formas de lograr una mayor participación del sector privado en este campo, pero definitivamente no es a través de la imposición como se pueden alcanzar resultados favorables para todos”.
Cámara Venezolana de la Construcción
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Reiteró que la construcción de viviendas de interés social para alquilar debe ser financiada principalmente por el sector público, con el apoyo decidido de la empresa privada, para lo cual se ha propuesto la constitución de empresas mixtas (Gobierno-sector privado) que se encarguen de ejecutar estos desarrollos habitacionales, en toda su integralidad.
Para que esto ocurra y tenga viabilidad real el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, Jiménez indicó que es fundamental que el texto final de dicha ley tome en consideración las propuestas y visiones de todos los actores involucrados, a fin de garantizar el objetivo de beneficiar a la familia venezolana. “En caso contrario, traerá graves consecuencias para los venezolanos que requieren una vivienda digna y para los cientos de miles de trabajadores y empresas que operan en el sector”, manifestó.
A propósito de la obligatoriedad de las empresas constructoras de destinar, para el arrendamiento, un porcentaje del total de las viviendas que construyan, enfatizó que esta situación haría inviable la construcción masiva de viviendas promovidas por el sector privado. “Adicionalmente –destacó- se estaría delegando el establecimiento de ese porcentaje a un ente público, para que actúe de forma totalmente discrecional, lo que podría fomentar prácticas poco transparentes o situaciones donde se beneficie a unos en perjuicio de otros”.
Según Jiménez es necesario que la ley que apruebe la Asamblea Nacional establezca medidas equilibradas, tanto para arrendadores como arrendatarios, que respete la libre contratación inquilinaria, evitando el abuso de cualquiera de las partes involucradas; que genere confianza y seguridad jurídica, y que estimule la participación de la inversión privada nacional y extranjera para la construcción masiva de viviendas destinadas al arrendamiento.
“Experiencias en otros países – puntualizó- han logrado establecer con éxito una política de incentivos y motivación para la construcción de viviendas en alquiler. Existen muchas formas de lograr una mayor participación del sector privado en este campo, pero definitivamente no es a través de la imposición como se pueden alcanzar resultados favorables para todos”.
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Se amplían las sanciones en la Ley de Arrendamientos
En las multas de la Ley de Alquileres se contemplan de hasta 400 Unidades Tributarias ENIO PERDOMO/ARCHIVO
La Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en la cual el Gobierno fija el canon, ordena la venta de las viviendas en alquiler y además amplía las sanciones, que en gran medida recaen en los propietarios de los inmuebles.
Aunque el texto ya estaba en segunda discusión, los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional esta semana realizaron ajustes al informe final de la ley y con esos cambios de última hora las sanciones ahora ascienden a 17. La Ley las multas prevé multas entre 50 y 400 Unidades Tributarias (3.800 bolívares y 30.400 bolívares).
Los montos más altos, de 400 Unidades Tributarias, los tendrán que cancelar aquellos propietarios que, por ejemplo, al momento de vender la vivienda al inquilino no realicen los descuentos que plantea el texto en los precios finales, así como si no se garantiza el uso pacífico de las casas, o si se realizan desalojos bajo otras causales no previstas en la ley o si las condiciones de las viviendas no son las más adecuadas.
Si los dueños de los inmuebles no realizan el registro ante la Superintendencia de Arrendamiento, efectúan cobros indebidos del canon o los avisos de alquiler no cumplen con los términos del marco legal, las multas serán también de 400 Unidades Tributarias.
Las sanciones equivalentes a 100 y 50 Unidades Tributarias se aplicarán si los propietarios incumplen con las preferencias arrendaticias, no redactan los contratos de alquiler de acuerdo a los términos del marco legal, si realizan cobros en moneda extranjera, si no efectúan reintegros por los cobros en exceso o si no garantizan los servicios en las habitaciones.
Para los inquilinos solamente se contempla la sanción en caso de que hagan subarrendamientos, señala el proyecto.
Los parlamentarios no sólo hicieron cambios en las sanciones, también revisaron las disposiciones transitorias.
En la sexta disposición transitoria se señala que los propietarios tendrán que ofertar las viviendas a aquellos inquilinos que tienen más de 20 años arrendados. El proceso de venta de esas unidades será coordinado por la Superintendencia de Arrendamientos.
El presidente de la Comisión, Diosdado Cabello, dijo que más de 750.000 familias están en condición de inquilinos y se hace justicia. Agregó que se reconoce al pequeño arrendador.
Mercado irregular
Para los representantes del sector inmobiliario esta reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios impactará en el valor de la propiedad y creará un mercado irregular.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señaló que "con ese marco legal ahora la propiedad vale menos" y agregó que "ante la diferencia que está en el texto de pequeños arrendadores y multiarrendedores se respeta la propiedad de unos, pero no de otros".
La visión de que el marco legal impulsará un mercado de alquileres irregular es compartida por Felipe Benítez, coordinador del Observatorio de Propiedad del Cedice, quien añadió que "el alquiler no desaparecerá por ser un servicio, pero la ley terminará creando otro mercado".
Detalló que cuando la ley entre en vigencia se profundizará la escasez de viviendas, debido a que la oferta de unidades en alquiler caerá y apuntó que por un breve lapso los precios de las viviendas bajarán, debido a que las operaciones de venta aumentarán.
Benítez apuntó que las nuevas reglas en materia de alquiler incrementarán el deterioro de los activos y generarán más expropiaciones.
Expresó que esa Ley de Arrendamientos se regirá por la política nacional de vivienda y, en ese contexto, el Gobierno está impulsando la propiedad familiar, por lo que no descarta que los inquilinos reciban las viviendas bajo esa nueva forma de propiedad.
El presidente de la República, Hugo Chávez, al terminar la sesión donde la norma fue aprobada, instó al Parlamento a acelerar la reglamentación de la Ley, para que pueda ser aplicada realmente y no quede en letra muerta.
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La Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en la cual el Gobierno fija el canon, ordena la venta de las viviendas en alquiler y además amplía las sanciones, que en gran medida recaen en los propietarios de los inmuebles.
Aunque el texto ya estaba en segunda discusión, los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional esta semana realizaron ajustes al informe final de la ley y con esos cambios de última hora las sanciones ahora ascienden a 17. La Ley las multas prevé multas entre 50 y 400 Unidades Tributarias (3.800 bolívares y 30.400 bolívares).
Los montos más altos, de 400 Unidades Tributarias, los tendrán que cancelar aquellos propietarios que, por ejemplo, al momento de vender la vivienda al inquilino no realicen los descuentos que plantea el texto en los precios finales, así como si no se garantiza el uso pacífico de las casas, o si se realizan desalojos bajo otras causales no previstas en la ley o si las condiciones de las viviendas no son las más adecuadas.
Si los dueños de los inmuebles no realizan el registro ante la Superintendencia de Arrendamiento, efectúan cobros indebidos del canon o los avisos de alquiler no cumplen con los términos del marco legal, las multas serán también de 400 Unidades Tributarias.
Las sanciones equivalentes a 100 y 50 Unidades Tributarias se aplicarán si los propietarios incumplen con las preferencias arrendaticias, no redactan los contratos de alquiler de acuerdo a los términos del marco legal, si realizan cobros en moneda extranjera, si no efectúan reintegros por los cobros en exceso o si no garantizan los servicios en las habitaciones.
Para los inquilinos solamente se contempla la sanción en caso de que hagan subarrendamientos, señala el proyecto.
Los parlamentarios no sólo hicieron cambios en las sanciones, también revisaron las disposiciones transitorias.
En la sexta disposición transitoria se señala que los propietarios tendrán que ofertar las viviendas a aquellos inquilinos que tienen más de 20 años arrendados. El proceso de venta de esas unidades será coordinado por la Superintendencia de Arrendamientos.
El presidente de la Comisión, Diosdado Cabello, dijo que más de 750.000 familias están en condición de inquilinos y se hace justicia. Agregó que se reconoce al pequeño arrendador.
Mercado irregular
Para los representantes del sector inmobiliario esta reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios impactará en el valor de la propiedad y creará un mercado irregular.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señaló que "con ese marco legal ahora la propiedad vale menos" y agregó que "ante la diferencia que está en el texto de pequeños arrendadores y multiarrendedores se respeta la propiedad de unos, pero no de otros".
La visión de que el marco legal impulsará un mercado de alquileres irregular es compartida por Felipe Benítez, coordinador del Observatorio de Propiedad del Cedice, quien añadió que "el alquiler no desaparecerá por ser un servicio, pero la ley terminará creando otro mercado".
Detalló que cuando la ley entre en vigencia se profundizará la escasez de viviendas, debido a que la oferta de unidades en alquiler caerá y apuntó que por un breve lapso los precios de las viviendas bajarán, debido a que las operaciones de venta aumentarán.
Benítez apuntó que las nuevas reglas en materia de alquiler incrementarán el deterioro de los activos y generarán más expropiaciones.
Expresó que esa Ley de Arrendamientos se regirá por la política nacional de vivienda y, en ese contexto, el Gobierno está impulsando la propiedad familiar, por lo que no descarta que los inquilinos reciban las viviendas bajo esa nueva forma de propiedad.
El presidente de la República, Hugo Chávez, al terminar la sesión donde la norma fue aprobada, instó al Parlamento a acelerar la reglamentación de la Ley, para que pueda ser aplicada realmente y no quede en letra muerta.
El Universal
28-10-2011
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