El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Carlos González, dijo que aun cuando Margarita entra en la crisis nacional, podría ser una de las regiones que alcance la recuperación más prontamente cuando el país inicie su verdadera etapa de transformación.
Carlos Alberto González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, aseguró que desde hace seis años el sector se encuentra en “caída libre” y todavía no se observa ningún signo que vislumbre su recuperación, sino todo lo contrario.
González participó en el foro “Mercado inmobiliario, ¿es todavía una inversión?”, realizado en la Isla de Margarita con motivo de juramentar la nueva directiva de la Cámara Inmobiliaria local, que en lo adelante dirigirá la corredora de inmuebles, Carolina Flores.
Respecto a la región insular, González consideró que no obstante de la caída de la inversión, Margarita pudiera ser una de las regiones que alcance la recuperación más prontamente cuando el país inicie su verdadera etapa de transformación.
“El escenario inmobiliario de este año es dramático en todo el país”, afirmó y dijo que la peor circunstancia la marca la desconfianza e inseguridad jurídica.
Sobre esto último recordó que tienen dos años trabajando con una agenda legislativa en la se considera necesario cambiar algunas leyes, como la de Arrendamiento, que calificó como nefasta, y la Ley contra la contra la estafa inmobiliaria que piensa también hay que revisarla profundamente así como todo lo referido al ámbito financiero.
González precisó que la situación del país está tan vulnerable que extrañamente, la multiplicación por tres que ha tenido el precio del dólar en las últimas semanas, llevó a la baja al mercado inmobiliario en la misma proporción, tanto en divisas como en bolívares.
“Al 80% de los venezolanos escasamente le alcanzan sus ingresos, y al menos un 10% hurga entre la basura para poder comer, con esta realidad cómo pueden tener aspiraciones para adquirir soluciones habitacionales”, se pregunta.
Una medida equivocada
González también se refirió a la decisión del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), de impedir que las negociaciones se hagan a través de las notarías públicas del país, señalando que la medida es inconstitucional porque ha pasado por encima del Código Civil, de la Ley de Notariado o de Registro Público, cuando este es un ente administrativo.
Inclusive más allá de lo legal, sostiene que en la práctica complica las negociaciones porque el 80% de las transacciones de bienes raíces, se hacían bajo este mecanismo.
Rechaza en todo caso que un órgano administrativo impida a las personas negociar sus bienes como lo deseen, incumpliendo el artículo 20 de la Constitución Nacional.
ANA CAROLINA ARIAS
El Universal
07-12-2016
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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