Semanas atrás, el embajador panameño Guillermo Cochez comentó el saneamiento de la Bahía de Panamá confiado a la empresa brasileña Odebrecht, la cual primero preparó el proyecto y después obtuvo la buena pro en la licitación. Atribuyó las deficiencias en las obras a la superposición de proyectista con constructor, modalidad que favoreció al contratista por haber elaborado el proyecto a su medida. Entre nosotros esta forma de contratación se implantó hace muchas décadas, en especial en actividades petroleras por considerarla apropiada cuando la diversidad de actividades requería una muy eficaz coordinación. Se denominaba Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) y el éxito en la ejecución dependía de contar con gerencia e Inspección muy competentes y por supuesto, muy transparentes.
En años recientes, la formula IPC ha sido aplicada en los dos nuevos puentes sobre el Orinoco y en varios ferrocarriles como el transversal a lo largo del norte llanero, el que uniría Las Mercedes con Caicara, el de la región central y el transporte masivo entre Petare y Guarenas, cuatro obras en ejecución espasmódica, por errores en su concepción, por falta oportuna de recursos y por administración incompetente o mediocre. Otras, como el sistema de riego El Diluvio cuya ejecución camina al ritmo de la escasez de recursos escasos y el puerto de SIDOR, son ejemplos de ingeniería bien concebida donde el proyecto y la construcción fueron asignados al mismo ente.
El Metro Cable en San Agustín y el tren aéreo entre Petare y La Urbina son dos obras también construidas con la modalidad IPC. En la primera estaciones y torres fueron construidas adyacentes a la vía de acceso a la antigua Televisora Nacional mientras que en Petare la ruta quedó entre la Autopista y la carretera vieja, decisiones que permitieron un óptimo y barato acarreo de materiales y de personal constructor, condición muy conveniente para el contratista, pero que situó las estaciones muy alejadas de la gran mayoría de los usuarios. Parece que el propósito predominante fue facilitar la construcción. El acceso al transporte público para los barrios es un problema mayúsculo y es una anomalía que las autoridades municipales no hayan intervenido en la concepción de los dos sistemas citados porque ningún organismo tiene mayor conocimiento sobre la ciudad que las Alcaldías, en especial la Metropolitana. También anómala es la falta de reacción de las municipalidades ante decisiones erradas o cortas de visión, quizás en estos dos casos por temer que la crítica sea interpretada como menosprecio a sectores mal ocupados o por un complejo de inferioridad ante despachos centrales, entendible tiempo atrás, pero no ahora cuando el gremio de ingenieros, arquitectos y urbanistas supera los 200.000 profesionales.
En propuestas mayores como una autopista al litoral, la circunvalación sur de Caracas y nuevas vías del Metro, deberían participar las Alcaldías, tanto en la concepción de soluciones como al definir modalidades de contratación que procuren buenos resultados y ejecuciones transparentes, condiciones que no parecen caracterizar a las obras caraqueñas otorgadas bajo la modalidad de Ingeniería, Procura y Construcción.
Víctor Artis
El Univeersal
12-12-2016
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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