Andrés Araya
Esto genera un déficit de 120 mil viviendas en Lara; de las cuales 80 mil se ubican en la zona urbana de Barquisimeto, así lo informó Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de la Construcción del estado.
Luego de regulaciones, decretos, nuevas leyes y el acceso nulo a los materiales de construcción, no existen constructoras interesadas en invertir en proyectos habitacionales, sino que más bien han migrado a edificar locales comerciales, lo cual resulta más rentable y menos problemático.
“Existen una serie de variables que se nos presentan, una de ellas y la más importante es que las únicas dos fábricas de los insumos más necesarios para la construcción, como lo es la producción de cabillas y cemento, las tiene el Estado venezolano.
A esto se suma el irrespeto que existe a la propiedad privada y la permisividad del Gobierno nacional en cuanto a las invasiones”, explicó Mendoza.
Agregó que en este particular, los entes gubernamentales se saltan las leyes antimonopolio, pues serían ellos los primeros monopolizadores y acaparadores de los insumos para la construcción.
Informó además que las conversaciones entre la cámara venezolana y el Gobierno no se han dado del todo; sin embargo, en Barquisimeto han tenido reuniones con el presidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara), a fin de agilizar el acceso a las materias primas.
Mendoza resaltó que el sector que preside, resulta en el país como el que más genera empleos directos e indirectos, haciendo mención al 85% de albañiles que hoy se encuentran desempleados como consecuencia del cese de los nuevos proyectos habitacionales Se pronuncian A propósito del anuncio en cadena nacional del presidente de la república Nicolás Maduro, acerca de la regulación de precios del mercado de viviendas de segunda mano, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González, informó “lo que el presidente dijo significaría vulnerar otra disposición constitucional, esta vez el artículo 115 de la Constitución, en el cual se garantiza el derecho de propiedad.
De acuerdo con la Constitución, si usted es propietario de su vivienda, puede valorarla y disponer libremente de ella en el mercado según su apreciación. Ningún funcionario sobrevenido debería decirle lo que cuesta lo suyo”.
González agregó que eso solo traerá más pobreza y dificultades si se compara con referentes internacionales, pero “estoy seguro de que la mayoría indiscutible de la población venezolana lo entiende así y lo desea, incluyendo por supuesto a los beneficiarios de Misión Vivienda que desean pagar su inmueble y obtener su propiedad”, dijo.
Para González, los controles que debilitan la propiedad privada y empobrecen masivamente a las familias venezolanas no son la forma como el país superará sus dificultades económicas y sociales; al contrario, solo el estímulo a la inversión inmobiliaria y en otros sectores productivos, con los derechos económicos y sociales plenamente garantizados, incluyendo el derecho de propiedad privada, podrá solucionar las críticas condiciones que producen sufrimiento y desasosiego a millones de venezolanos.
Exorbitante
El que se aventura a comprar material revendido debe pagar un alto costo. Por ejemplo, un saco de cemento lo venden entre Bs.3.000 y 4.000, aún cuando el precio regulado es de Bs.580. Las cabillas de media pulgada con doce metros de largo se consigue en Bs.9.000, mientras que la de una pulgada llega a Bs. 12.000 y lo mismo pasa con mallas, tubos estructurales y lo necesario para una edificación.
El Informador
13-06-2016
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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