La OLP llegó a las residencias de Ciudad Betania el lunes 13 de julio - Lorena Meléndez G.
Por:
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Vecinos de los urbanismos del Estado temen a nuevas redadas y a la represalia de los delincuentes
Esto tenían que haberlo hecho desde que estábamos en los refugios. Yo les insistía (a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Hábitat) en que hicieran mesas de trabajo para que conversáramos sobre la seguridad. Ahí los hubiésemos podido denunciar, porque uno vivía con ellos y sabía quién era quién. Pero nos entregaron los apartamentos y esto se convirtió en un infierno. Habitante de Ciudad Tiuna
A los chicos malos no los tocaron porque no estaban aquí. Ellos vinieron con el propósito de encarcelar a la gente, entonces se llevaron a todo pendejo que se consiguieron para justificar su trabajo. Vecino de Ciudad Betania
Dejé a mi amiga encargada de mi casa porque como están las cosas, uno prefiere dejar gente para que no lo roben. Ese viernes llegó el operativo. Cuando se dieron cuenta que ella era colombiana y no figuraba en la lista de adjudicatarios, se la llevaron detenida y la acusaron de invasora. Habitante de La Paz
Habitantes de complejos en Caracas y los Valles del Tuy advierten que los hampones no fueron capturados porque policías y militares los alertaron. Entre los detenidos destacan presuntos bachaqueros, colombianos y visitantes acusados de invasores
Matilde* se siente más segura desde que la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) llegó a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) de Ciudad Tiuna, el domingo 12 de julio, con el despliegue de 1.200 uniformados. Asegura que la intervención marcó un antes y un después en una zona roja donde las balaceras eran frecuentes, la venta de droga constante y se reportaba al menos un asesinato por arma de fuego cada año desde su inauguración en 2011, a pesar de ubicarse dentro Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante de Venezuela.
“Uno vivía con zozobra porque los malandros tomaban esto desde las 7:00 de la noche. Bajaban empistolados y a veces se agarraban a plomo entre ellos y a uno le daba miedo salir. ¿Cómo podía mandar a mi hijo a jugar afuera? Desde los allanamientos eso se acabó”, cuenta la mujer que reside en la torre 34, considerada como una de las más peligrosas del complejo. Justo en la entrada de la loma donde se ubica su edificio se instaló una carpa de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que desde entonces permanece operativa día y noche.
A Matilde le toma un rato de conversación revelar un detalle crucial de la operación: quienes sembraban el miedo entre los habitantes de Ciudad Tiuna nunca fueron capturados. Cuando se le interroga sobre las detenciones, desaprueba con la cabeza: “La verdad es que agarraron a los pendejos porque a los verdaderos malandros les avisaron y se fueron antes. Ellos ya sabían que esto iba a ocurrir”, indicó.
Esta afirmación se repite no sólo entre otros vecinos de la GMVV en Ciudad Tiuna, sino en urbanismos de la Gran Caracas y el estado Miranda donde se llevaron a cabo las OLP que el gobierno del mandatario Nicolás Maduro ha aplicado desde el 12 de julio para desmantelar focos de criminalidad. Contrapunto visitó los complejos de Ciudad Tiuna, Ciudad Betania, Montalbán y La Paz para recoger las impresiones de sus habitantes después de las intervenciones. Todos lamentan que los verdaderos delincuentes hayan huido sin castigo.
"Ya no hay más plazo, vamos por ustedes. Ya basta de que estén atracando al pueblo, traficando con droga, dañando a los niños, dañando a los muchachos ¿Hasta cuándo? Llevando los valores del capitalismo. No, la Gran Misión Vivienda Venezuela se creó para construir prosperidad y paz en la comunidad”, advirtió Maduro el 18 de junio, casi un mes antes de que arrancara la OLP.
Carlota*, miembro de uno de los consejos comunales de Ciudad Tiuna, dijo a Contrapunto que dentro de las torres quedaron “infiltrados” que les pasan datos a los hampones sobre las actuaciones del Gobierno en el urbanismo, luego de los allanamientos.
Desde el operativo, el Ejecutivo ha mantenido reuniones con los voceros de cada edificio para pedir que denuncien a los delincuentes. Pero muchos dejaron de asistir a esos encuentros para preservar su seguridad. Carlota indicó que el aviso de los operativos provino de guardias nacionales relacionados con los malhechores y que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) de la delegación de El Valle eran amigos de las bandas.
“Esto tenían que haberlo hecho desde que estábamos en los refugios. Yo les insistía (a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Hábitat) en que hicieran mesas de trabajo para que conversáramos sobre la seguridad. Ahí los hubiésemos podido denunciar, porque uno vivía con ellos y sabía quién era quién. Pero nos entregaron los apartamentos y esto se convirtió en un infierno”, contó la integrante del consejo comunal, quien estuvo atormentada durante las semanas previas a la OLP por las fiestas ruidosas que los malandros hacían cada fin de semana en un edificio del urbanismo.
Otros vecinos comentaron que incluso un hombre con orden de aprehensión ha vuelto varias veces en su motocicleta y llega sin que los guardias nacionales de la entrada lo detengan. “Esos militares no lo conocen. Él y su hijo tienen el mismo nombre y cuando los policías han venido a buscarlo, siempre agarran al hijo pero no le consiguen nada”, explicó Carlota.
Contrapunto solicitó una entrevista con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, para contrastar estas versiones pero su despacho se negó a concederla. Consulta en esta infografía el balance de la OLP por estado:
http://www.contrapunto.com/static/muse/OLP/
Balance de la OLP
El delito del bachaqueo
La puerta del apartamento que le asignaron a Carmen* en los complejos de Montalbán III retumbó a las 5:00 de la mañana, el lunes 27 de julio. Adentro no había nadie. Ella y sus tres hijos durmieron la noche anterior en la casa de un familiar que estaba enfermo.
Cuando sus vecinos la llamaron para avisarle del movimiento inusual de militares en el complejo donde reside, mandó a su hija mayor, de 17 años de edad, a ver qué pasaba. Al llegar, la joven se encontró con la toma de los 10 edificios de la urbanización Juan Pablo II por parte de la GNB.
Los funcionarios revisaron su vivienda: no había drogas, ni armas, ni objetos robados. Lo que sí consiguieron fue 8 paquetes de papel sanitario, 24 kilos de harina de maíz, 24 paquetes de azúcar, 15 frascos de champú pequeño, 12 litros de aceite, 10 kilos de leche y 7 paquetes de pañales.
Los uniformados detuvieron a la adolescente y más tarde, ese mismo día, Maduro la identificó como “bachaquera” en el discurso que profirió para inaugurar el mercado de Carúpano en el estado Miranda. “Estaba full de productos de bachaqueo. Full. Full de todos los productos que ustedes se puedan imaginar. Tenían un centro de coordinación del bachaquerismo”, agregó el mandatario.
Carmen llegó a su casa a las 10:00 de la mañana, justo cuando los funcionarios de la GNB sacaban sus pertenencias del apartamento. “Nosotras no somos bachaqueras, yo voy comprando porque me gusta tener mis vainas. Si aquí se prende un peo, ni Dios lo quiera, ¿a dónde voy a ir después a comprar comida? Yo tengo dos niños pequeños que necesitan comida y pañales”, repetía la madre desesperada al ver que sus bienes eran sacados del edificio y trasladados en un camión a unos galpones en La Yaguara.
Entretanto, la hija mayor de Carmen estaba retenida en una carpa ubicada en las adyacencias de otro edificio del mismo urbanismo. Al terminar de desalojar la vivienda, un guardia escribió con bolígrafo azul en la puerta: “Apartamento recuperado, no entrar”. Luego le informó a Carmen que fue desalojada por la cantidad de productos que encontraron en su vivienda. Su hija terminó presa en el Comando Regional de la GNB número 5 (Core 5), localizado en la parroquia El Paraíso en Caracas.
Carmen y otros vecinos afectados por el operativo arrancaron aquel día un recorrido por varios organismos del Estado para exigir la liberación de sus parientes. Miércoles 29 de julio: el Palacio de Miraflores. Jueves 30: la Defensoría del Pueblo y el Palacio de Justicia. Viernes 31: el Instituto Nacional de Deporte en El Paraíso, donde Maduro pronunciaría un discurso. Los afectados planearon trancar las calles adyacentes para llamar la atención del Presidente, pero un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se los impidió. “Nos prometieron que le harían llegar el mensaje y que nos darían un enlace al día siguiente (sábado 1 de agosto) para hablar con un encargado de Vicepresidencia, pero eso tampoco ocurrió”, contó Carmen a Contrapunto.
A dos semanas de la detención de su hija, Carmen solo sabe que la joven sigue detenida en el Core 5 mientras ella peregrina por casas de vecinos con sus otros dos hijos de 2 y 6 años de edad. “Esto no era lo que Chávez quería. Él siempre nos dijo que nos cambiaría ranchos por estos apartamentos, para que ahora nos saquen así como si uno fuese un delincuente”, comentó.
Desacato a la autoridad
Otros habitantes de los edificios de Montalbán alegan que durante el desalojo intentaron salir de sus apartamentos para protestar contra las arbitrariedades. “Nos decían que si salíamos, también iríamos presos por desacato a la autoridad y que nos podían desalojar porque esas eran las órdenes. Nos repetían una y otra vez que que estos apartamentos no eran de nosotros”, comentaron.
Así ocurrió con Raúl*, un mototaxista que fue detenido en Montalbán y fue enviado al Core 5 por reclamar a la GNB la incautación de su moto, a pesar de que tenía los documentos de propiedad del vehículo y un certificado como integrante de una cooperativa de conductores.
Aquel lunes 27 de julio Patricia*, esposa de Raúl, fue obligada por los guardias a permanecer en su apartamento durante todo el día, a pesar de que su hijo de 3 años de edad tenía un absceso bucal y fiebre alta. “Aquí no hubo un representante de la Lopna (Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) que velara por la salud de mi hijo. ¿Eso es justo?”, cuestionó.
La moto de Raúl fue una de las 31 confiscadas ese día. Así lo refiere el balance oficial presentado por González López, quien aseguró que también fueron recuperados 3 vehículos, 21 apartamentos resultaron desalojados, y 9 ciudadanos fueron detenidos.
Uno de los voceros del complejo de Montalbán, y que pidió mantenerse en el anonimato, comentó a Contrapunto que no cayó la criminalidad en esos edificios después de la OLP. “Los malandros se fueron horas antes de que comenzara la operación y no van a regresar hasta que las aguas se calmen. A la mayoría de los detenidos los acusan de asociación para delinquir y los vinculan con bandas de delincuentes aunque no sea cierto”, afirmó.
Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat los llamaron a quitar las rejas que instalaron en sus puertas porque no estaba permitido hacer modificaciones a la infraestructura. “¿Cómo nos van a decir que no podemos tener una reja para proteger a nuestras familias de los delincuentes que viven en este edificio?”, cuestionó el representante de la comunidad.
Colombianos, blancos de detenciones
A menos de 10 minutos en Metrobús de las residencias de Montalbán se encuentra el urbanismo La Paz Socialista, un complejo de 10 torres ubicado cerca del Puente de los Leones, en el que habitan 5.135 personas. La madrugada del viernes 31 de julio, la OLP desplegó a 1.000 efectivos, que decomisaron 70 gramos y 30 pitillos de marihuana, un revólver calibre 38, un arma blanca, dos vehículos solicitados, piezas de una moto, un chaleco antibalas, productos de primera necesidad, un equipo de sonido y 173 cajas de cervezas. Las autoridades indicaron que recuperaron 15 apartamentos y fueron capturadas 38 personas.
Entre esos detenidos figura Alejandra*, quien se quedó cuidándole el apartamento a su amiga Berenice* en la GMVV de La Paz mientras ella visitaba a su familia en Colombia. “Dejé a mi amiga encargada de mi casa porque como están las cosas, uno prefiere dejar gente para que no lo roben. Ese viernes llegó el operativo. Cuando se dieron cuenta que ella era colombiana y no figuraba en la lista de adjudicatarios, se la llevaron detenida y la acusaron de invasora. Ella les explicó la situación pero de nada sirvió. Hasta un hueco dejaron en el techo porque buscaban armas”, relató a Contrapunto Berenice.
Tras llegar a Caracas en un autobús proveniente de Barranquilla, Berenice averiguó que Alejandra estaba detenida en un destacamento de la GNB en la carretera Caracas-La Guaira. “La tienen esposada, eso ni siquiera es una cárcel como tal. Mi amiga ya está entrando en depresión, ella es cristiana y ahora está involucrada en todo esto por hacerme un favor a mí”, comentó.
El miércoles 5 de agosto, Contrapunto se acercó a las inmediaciones del Core 5 en El Paraíso. Allí estaba Berenice en compañía de otras 15 personas que hacían fila para entregar comida y ropa a familiares que tenían detenidos bajo las mismas circunstancias. Cuando eran las 3:27 de la tarde, y tras acumular más de hora y media de espera sentada en la acera contigua a la instalación militar, Berenice fue llamada por un Capitán de la GNB de apellido Sánchez, quien le indicó que el caso de su amiga ya estaba por solucionarse y que sólo faltaba la revisión formal en la data del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería y luego de eso sería liberada. Aún esperan por ello.
Aunque el caso de Alejandra se repitió más de una decena de veces en la GMVV de La Paz, uno de los voceros principales acompañado por un grupo de 20 vecinos, declaró ante las cámaras del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información que pese a las irregularidades y al desalojo de varias familias acusadas de invasoras, cuando realmente eran visitantes, felicitaba a la OLP y a Maduro por el procedimiento.
La aprehensión de los “invasores”
La GNB no dejó un buen recuerdo en su primera incursión en abril en Ciudad Betania IV, urbanismo de Misión Vivienda en Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander del estado Miranda. Los vecinos recuerdan los abusos que cometieron los uniformados cuando buscaron a los presuntos autores de la masacre de nueve personas que ocurrió días antes en Lomas de la Guadalupe II: se robaron electrodomésticos, dinero y comida; insultaron a mujeres, retuvieron a hombres, quemaron motos y ajusticiaron a tres de los supuestos asesinos luego de que hicieron explotar una granada que mató a un uniformado. Cuando se refieren a la OLP que se ejecutó allí entre el 13 y el 18 de julio de este año, señalan: “Esta vez vinieron pacíficos”.
“De vez en cuando pasa una patrulla por ahí, pero eso no es siempre”, afirmó una habitante de la zona III. La escasa presencia policial no es motivo de preocupación para los vecinos, quienes describen que en Ciudad Betania no son frecuentes las balaceras ni los robos. Sin embargo, los consultados reconocen que es una guarida de delincuentes que “se enconchan” en los apartamentos donde tienen familia o amigos. Son ellos quienes organizan las fiestas en los estacionamientos los fines de semana .
Desde el Ejecutivo se divulgó que nueve personas fueron detenidas el primer día, pero los vecinos no saben exactamente cuántos fueron apresados mientras los uniformados estuvieron en el complejo, ni cuántos están aún tras las rejas. Lo que sí revelaron es que las aprehensiones están relacionadas con casos de invasiones a apartamentos y no con delincuencia.
“A los chicos malos no los tocaron porque no estaban aquí. Ellos vinieron con el propósito de encarcelar a la gente, entonces se llevaron a todo pendejo que se consiguieron para justificar su trabajo”, dijo a Contrapunto Marcos*, habitante de uno de los edificios.
En bodegas, ventas de víveres y verduras y en otros apartamentos de Ciudad Betania IV confirman que se llevaron únicamente a invasores y que el grueso de ellos fueron liberados posteriormente. “Hay gente que se fue de aquí y cedió su apartamento. La mayoría de los que venían de Caracas nunca se adaptaron y se fueron”, explicó un vecino.
En ese grupo quedó detenida Lisbeth Nataly Mata Machillanda, de 35 años, en el Fuerte Guaicaipuro, quien se mudó a un apartamento del sector V luego de pactarlo con su dueño. “Él le dijo que ya había entregado las llaves al Ministerio de Vivienda (y Hábitat) y le recomendó que luchara por el apartamento para que se lo dieran. El error de ella fue no haberle pedido el número de cédula para que pudieran legalizarlo todo”, contó a Contrapunto Yaneth Polo, hermana de la mujer que es madre de dos menores de edad y ama de casa. Sus allegados no entienden por qué está encerrada si el inmueble no ha sido solicitado por el propietario.
En Ciudad Tiuna también hubo detenciones irregulares como la de Miguel Son, habitante de la torre 34 del urbanismo. Los vecinos aseguraron que se lo llevaron porque estaba vestido de santero. Sin embargo, las autoridades lo vinculan con la invasión de uno de los apartamentos de ese edificio. Cuando Contrapunto intentó conocer más sobre el caso por medio de sus familiares, se negaron a declarar. “Hable sólo con la gente de los consejos comunales, que es la que está autorizada. No vamos a decir nada porque aquí les están quitando la casa a uno por cualquier cosa”, comentó una pariente consultada.
Haz click en esta infografía interactiva para ver las cifras clave de la GMVV:
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Misión Vivienda en cifras
*Nombre ficticio para proteger la identidad del entrevistado.
Contrapunto
11-08-2015
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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