lunes, 17 de agosto de 2015

GNB hace censo en edificios de Misión Vivienda en busca de delincuentes (III)

GNB hace censo en edificios de Misión Vivienda en busca de delincuentes (III)
Choques de convivencia comprometen la seguridad en los edificios que entrega el Gobierno Foto: Dagne Cobo - Dagne Cobo

Beneficiarios de los urbanismos se organizan para evitar tener "malandros" como vecinos

Por:
LORENA MELÉNDEZ G./ YORMAN GUERRERO

Asesinatos, robos de apartamentos y consumo de droga en áreas comunes, son delitos recurrentes en los complejos del programa social. En esta tercera entrega, Contrapunto analiza por qué estas edificaciones son "zonas rojas" según las autoridades

El jueves 25 de junio, a las 3:00 de la tarde, llamaron a la puerta de Mariana Rodríguez (nombre ficticio para proteger su identidad). Una vecina le advirtió que en la entrada de la torre B del complejo Libertador II, ubicado en la avenida de nombre homónimo en Caracas, aguardaba una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que venían a preguntar sobre la convivencia en el edificio.

"Buenas tardes señora, venimos en representación del Despacho de la Presidencia y estamos haciendo un censo para conocer la situación de este edificio", dijo uno de los funcionarios de la GNB que se presentó ante Rodríguez. A la improvisada sala de reunión en el pasillo del primer piso se acercaron tres vecinos más para ayudar, con sus testimonios, a llenar el formulario que minutos después mostrarían los efectivos.

El cuestionario arrancaba con preguntas sobre la cantidad de personas que viven en la edificación, la gestión de las áreas comunes, y el acceso a centros educativos cercanos. Hasta ese momento, los cuatro vecinos respondían al unísono a todas las preguntas del funcionario: ¿Jornadas de Mercal o Pdval? No. ¿Unidades de batalla Bolívar Chávez? Sí. ¿Simoncitos? No. ¿Casas Maternales? No.

“Aspectos de seguridad”, era el tercer renglón que debía llenarse en el censo. El segundo funcionario de la GNB explicó a los propietarios que la encuesta se está haciendo en todos los complejos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) porque se determinó que registran “un alto índice delictivo”. De sus respuestas depende si el edificio figurará como “limpio” o no en el informe que presentarán a sus superiores. En ese mapa, los complejos de la avenida Libertador son considerados como “zonas rojas”.

Mariana Rodríguez tomó la vocería de los vecinos para decir que aprovecharía la oportunidad de hablar porque "no sabía cuándo la tendría de nuevo". La primera pregunta del uniformado fue concisa: "¿Cuáles son los tipos de delitos que se cometen en el edificio?". Uno de los vecinos que conforma uno de los llamados "comité multifamiliar" de la torre respondió que el robo a los apartamentos y el consumo y venta de drogas en las áreas comunes eran las tres situaciones más recurrentes, aunque se había dado el caso de peleas con armas blancas que terminaron con personas heridas.

Segunda pregunta: "¿Identificación de líderes delictivos, azotes de barrio y pranes?". El silencio se adueñó del pasillo. Los vecinos se veían unos a otros. El funcionario que llenaba el formulario irrumpió para lanzar una suposición al aire: "Creo que aquí estamos pura gente seria, así que si pueden dar un apodo o algo sería bueno. Si no dan nombres, el edificio quedará como un espacio modelo".

"Nadie los va a decir ahorita", afirmó Rodríguez. Los otros tres vecinos discreparon del comentario y admitieron que en el edificio había una banda apodada "Los Mandarines" y que ellos están relacionados con casi una decena de robos que se han registrado en los últimos meses en el urbanismo, además de consumir drogas en las escaleras y la entrada de la torre.

Los ánimos se caldearon. Rodríguez invitó a los presentes a decir el nombre de "los otros", refiriéndose a delincuentes que también viven en el complejo y lo tienen tomado . "Ustedes dicen 'Los Mandarines' pero la verdad es que esos son los menos peligrosos del edificio. Aquí también hay gente grande, ¿por qué no dicen los nombres de la gente vieja?", repetía Rodríguez.

Los funcionarios pidieron a los vecinos que se calmaran y aprovecharan el momento para hablar. De no hacerlo, podían llamar anónimamente al número del Cuadrante 5 de la parroquia El Recreo, y dar los datos para terminar de llenar el formulario.

Los guardias prosiguieron con el cuestionario: ¿Hay línea de mototaxis en la entrada?, ¿hay cobro de vacunas?, ¿venta de drogas?, ¿venta de bebidas alcohólicas? Un vecino se coló en la conversación y contó cómo fue robado. "Salí de mi apartamento a las 5:00 de la tarde a llevar a mi hija al parque y cuando regresé a las 7:00 de la noche me habían llevado unas barras de chocolate, 15 mil bolívares y los pañales de la bebé", comentó indignado.

Los vecinos se quejaron de que en varias ocasiones han llamado al Cuadrante 5 y que ni siquiera les atienden el teléfono. Los efectivos aclararon que esa unidad responde a 14 zonas de la parroquia El Recreo y sólo tiene dos motos; si una se daña no pueden trasladarse. Tampoco si está lloviendo o “si alguna manifestación altera el orden público”.

Según una vecina, en los edificios de la avenida Libertador viven varios azotes de barrio
Según una vecina, en los edificios de la avenida Libertador viven varios azotes de barrio

Recelo hacia los colombianos

La delincuencia en los complejos urbanísticos de la Misión Vivienda está asociada a factores de convivencia. Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, explica que hay varios factores que inciden en que los asesinatos y peleas se hayan convertido en moneda corriente dentro de estas edificaciones.

El experto apunta que el hecho de que se lleve a vivir a un mismo edificio a una gran cantidad de gente - que se desconoce entre sí - proveniente de barriadas populares y refugios y acostumbrada a desenvolverse en un contexto distinto al de la vivienda multifamiliar genera conflicto, más si se toma en cuenta que todos llegan al mismo tiempo. Estos elementos contribuyen al roce y al caos y, al mismo tiempo, se definan grupos de control que intentan aprovecharse económicamente de la situación (como cobrar para ofrecer protección a los vecinos) o, simplemente, dominar a sus vecinos.

Los cursos de convivencia, explica Briceño León, son poco efectivos si no hay ninguna autoridad que vele por el orden. “Lo que falta en todo el país es el cumplimiento de las reglas y normas, porque aquí el sentido de estas se acabó (...) En nuestra sociedad, las reglas fueron sustituidas por las armas y la fuerza y ese es el modelo impuesto por el Gobierno desde la última década”, sentenció.

En algunos complejos, la comunidad se ha organizado para librarse del hampa. Los habitantes del urbanismo Samán de Güere, en Boleíta Sur, aseguran que ellos mismo han depurado la lista de adjudicados para evitar que se cuelen delincuentes entre los beneficiarios. Uno de sus requisitos es limitar la presencia de familias de origen colombiano, un recelo común a muchos habitantes de distintos urbanismos de la GMVV consultados por Contrapunto.

Cuando invadieron los terrenos de Samán de Güere en 2011 acordaron algunas reglas. “La primera era dar prioridad en la misión al que no tuviese vivienda. La segunda es que no íbamos a traer a los malandros para acá. La tercera, que a lo mejor te suena un poquito drástica pero así es, tratamos de no traer tanto colombiano, solo un 10% de gente que conocíamos, que tienen un buen vivir y un buen comportamiento. A lo mejor suene feo, pero también va a sonar patriótico. Los venezolanos tenemos muchos años sin vivienda”, indicó Yaisy Grimán, una de las voceras del conjunto residencial.

“La verdad es que en los urbanismos ha pasado de todo, eso es innegable. Lamentablemente cuando se le entregan viviendas a los damnificados, ahí se arropa a cualquier cantidad de gente que ni agradece ni tiene la conducta debida”, añade Grimán.

María Milagros Reyes, otra de las encargadas de Samán de Güere, afirmó que por ser invasores, los vecinos los tildaron de delincuentes. “Nosotros instamos a los empresarios de la zona a que pusieran cámaras de seguridad y que si había alguien que era de aquí, que lo trajeran. Claro, no descartamos haya algún malandro porque aquí hay mucha gente”, remata.

No más malandros en Misión Vivienda

El propio presidente Nicolás Maduro reconoció, el pasado 29 de abril, que la delincuencia era un problema en los complejos del programa social y por eso advirtió que los irregulares no tenían cabida en las casas y apartamentos que entregaba su Gobierno.

"El que esté metido en delitos narcotráfico, o atracando, he dado la orden de que le quiten la vivienda ya. Los urbanismos son para crear familias de paz (...) No voy a aceptar un solo malandro", dijo y denunció que detrás de estos hechos de violencia estaba la "mano de la derecha" que daba "droga y plata" para generar conflictos.

Las declaraciones de Maduro ocurrieron tres días después del asesinato de nueve personas en una fiesta familiar celebrada en uno de los edificios de Lomas de la Guadalupe II, en Ocumare del Tuy. El hecho desencadenó un enfrentamiento en otro urbanismo de la Misión Vivienda, Ciudad Betania II, ubicado en Charallave, donde los policías hallaron a los autores de la masacre y estos les respondieron con balas y la explosión de una granada. El saldo fue de cuatro muertos, incluyendo a un GNB. En este último complejo se ha registrado un repunte de los homicidios, de acuerdo a una fuente policial. En toda la zona, además de este delito, se ha registrado tráfico de drogas así como robo, hurto y desvalijamiento de vehículos, cometidos por bandas que se forman entre habitantes viejos y nuevos de estos espacios que, de paso, se asocian con otros grupos delictivos de la ciudad.

El Presidente pidió en esta misma alocución que se coordinaran acciones al respecto entre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el de Hábitat y Vivienda. Contrapunto solicitó una entrevista con titular de este último despacho, Ricardo Molina, pero esta no se concretó para la fecha de publicación de este reportaje.

No hay cifras oficiales con las que se pueda construir un balance de los delitos que se cometen en los inmuebles de la Misión Vivienda, una opacidad que se mantiene en el presupuesto que se destina a sus construcciones, criterios de adjudicación y números necesarios para auditarla. En la siguiente infografía interactiva están los datos clave que Contrapunto extrajo sobre la GMVV:
http://162.243.44.42/static/muse/INFOVIVIENDA/index.html


Violencia de vieja data

La criminalidad dentro de los urbanismos de la GMVV no es nueva, sino que casi nació con estos. El primer caso se registró el 22 de noviembre de 2011, año en el que empezó el programa, cuando se reportó el asesinato de William José Orocopey Manzano, un albañil de 22 años de edad que trabajaba en una edificación de la calle principal del sector Villa Anzoátegui en Anaco, estado Anzoátegui. A las 2:30 de la tarde de aquel día, un hombre que llegó a pie hasta el lugar y pidió agua a los obreros le disparó dos veces en el abdomen a la víctima.

En 2012, Edixon Ipuana, un patólogo de la Medicatura Forense de Bello Monte, fue ultimado luego de hacer un reclamo a un grupo de vecinos que consumía drogas en la entrada del edificio 37 de la segunda etapa de Cacique Tiuna, en La Rinconada. Fue en diciembre de ese año cuando empezó la ocupación de las torres del Puente de Los Leones, ubicadas en La Paz, que de acuerdo con los propios vecinos llegaron a ser identificadas como Rodeo I y II, en alusión a la cárcel mirandina, debido a los múltiples delincuentes que allí se han alojado.

El sitio ha sido escenario de balaceras, venta de drogas, allanamientos, requisas y homicidios. Fue allí donde vivió Leiver Padilla Media, apodado “El Colombia”, presunto cabecilla de una banda que lleva su nombre, y quien fue acusado como asesino material del diputado oficialista Robert Serra, ultimado en octubre de 2014 junto a una de sus asistentes dentro de su casa de La Pastora. En esos mismos edificios fueron detenidos otros de los señalados por el delito: Carlos García Martínez, alias “El Tin Tin”, y Edwin Torres, funcionario de Policaracas que era escolta del parlamentario.

En el mismo urbanismo del Puente de Los Leones, dos hombres murieron en un tiroteo cuando se enfrentaron en una fiesta de 15 años durante la primera semana de julio de 2013. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que acudieron a resguardar el lugar mientras llegaba el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística fueron atacados con objetos contundentes. Este video aficionado, tomado por un vecino, muestra cómo ocurrió la redada:
VIDEO: http://ow.ly/QLZ4D

Las versiones de los habitantes de ese urbanismo sobre si su vivienda está o no en un lugar seguro se contraponen. Unos dicen que están muy bien, que todo ha mejorado, que a los malandros los han corrido los propios vecinos porque a “la gente le gusta vivir tranquila”. Otros prefieren ser más cautelosos y dar pocos datos al respecto. “Yo no manejo esa información. Me la paso trabajando. Además, eso es muy delicado”, dijo un propietario que, como el resto, pidió que su nombre no fuese publicado. Lo cierto es que el 8 de enero de este año ocurrió otro asesinato allí. A Edgar Briceño Da Silva, de 24 años, lo mataron cuando apenas tenía una semana viviendo en la Torre A, presuntamente por un móvil pasional.

Hay un último grupo que admite que vive con temor y que, a pesar de que los tiroteos han disminuido, se sienten inseguros. “El que era sano se volvió malandro aquí. Yo vivo encerrada con mis hijas porque me da miedo la inseguridad. Sobre todo aquí abajo, que pasa de todo”, cuenta una residente de una de las torres.

Otra mujer que se acercaba al lugar para visitar a su nieta comentó que deseaba que pronto su familia saliera del urbanismo a otro menos peligroso. “Cuando vengo aquí no subo. Varias veces me ha tocado llamar a la policía cuando aquí ha habido tiroteos”, dijo. Su pariente confirma su intención de irse del lugar cuando consiga a alguien con quien pueda cambiar su apartamento por otro de la Misión Vivienda. “Ahorita se ha aplacado, es verdad. No ha habido balaceras desde hace meses, pero es que aquí la inseguridad no se va a terminar nunca. Uno prefiere irse y dejarle esto a los malandros para que entre ellos mismos se maten”, afirmó.

Las historias sobre muertes violentas ocurridas dentro de las urbanizaciones entregadas por la GMVV se acumulan. En Ciudad Caribia, adyacente a la autopista Caracas-La Guaira, ultimaron a uno y se hizo el hallazgo de tres cadáveres en hechos aislados; en Ciudad Tiuna, en La Rinconada, se han producido tres asesinatos; en los edificios William Lara de La Urbina acabaron con la vida de cuatro personas. Todo esto sin contar a quienes han sido detenidos como presuntos homicidas o a los habitantes que han caído por enfrentamientos con policías en otras áreas de la capital.

El 10 de junio se llevaron a 18 personas de una Misión Vivienda ubicada en las adyacencias a El Silencio, en el centro de Caracas. En un operativo que comenzó a las 5:00 am y se extendió hasta horas de la tarde se dio con el paradero de personas involucradas en hurtos, atracos y tráfico de drogas y que operaban en el sector. Allí se incautaron armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo.

En la torre B del complejo Libertador II, el jueves 25 de junio a las 4:00 de la tarde, el guardia encargado de llenar el censo para monitorear los delitos en este urbanismo recibió una llamada a la que sólo respondió: “Sí, sí estamos vivos, sólo estamos dando unas recomendaciones”. Diez minutos después los dos agentes de la GNB bajaron a la entrada donde eran esperados por otros dos funcionarios del mismo cuerpo de seguridad.

Contrapunto
11-08-2015
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo corredor_inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es



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