lunes, 2 de febrero de 2015

Galipán pide revisar norma que prohíbe construcciones

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Los residentes requieren que les permitan construir escuelas y centros de salud VENANCIO ALCÁZARES

Quieren que les permitan crear escuelas y centros de salud en su área.

NADESKA NORIEGA ÁVILA

La Guaira.- Pobladores de espacios como Galipán, Hoyo de la Cumbre y Camino de los Españoles solicitarán, por tercera vez en los últimos cinco años, la revisión de la sentencia Nº 1.738, de fecha 16 de diciembre de 2009, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se prohíbe cualquier intervención y nueva construcción de infraestructuras en la zona, que forma parte del Parque Nacional Wuaraira Repano. 

La medida fue ratificada en los años 2012 y 2014, tras sendas solicitudes de reinterpretación hecha por pobladores de las mencionadas comunidades.

"Entendemos que es una medida de protección para el Wuaraira Repano, pero también es cierto que como pobladores autóctonos crecemos y nos desarrollamos y requerimos de servicios como una escuela, un liceo o un ambulatorio, y estos servicios no pueden ser levantados por la referida sentencia. Ahora más que la anulación, queremos una flexibilización en la misma", indicó el lugareño Javier Pérez.

Apoyo institucional

En este sentido los residentes tradicionales de la zona solicitaron apoyo del Ejecutivo regional litoralense, pues la mayoría de las poblaciones afectadas están en esa jurisdicción.

"Desde el Gobierno regional estamos analizando con otros entes y organismos del estado, así como vecinos, la necesidad de ejecutar obras de servicios públicos y viviendas dignas en estas zonas. Estas son gestiones de políticas públicas que se ven afectadas por la interpretación estricta de la sentencia y nosotros debemos realizar esfuerzos con el fin de salvaguardar los derechos de los poblados autóctonos del Waraira Repano (mejor conocido por los habitantes como el Parque Nacional El Ávila)", señaló Pedro Rodríguez, procurador general del estado Vargas, quien acotó que el Ejecutivo local apoya la revisión de la sentencia. 

Por su parte, el Defensor del Pueblo del estado Vargas, Alberto Bellorín, explicó que el equipo técnico que integra esta mesa de discusiones, pretende solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia una aclaratoria de la aplicación de esa sentencia en relación con las poblaciones que allí habitan.

Indicó que si bien están reconocidas legalmente, la existencia de esas comunidades estas podrían verse afectadas "con esas prohibiciones de carácter tan absoluto".

Destaca Bellorín que se trata de seres humanos que tienen un conjunto de necesidades, las cuales deben ser suplidas a través de políticas públicas.

En el espíritu de la revisión que solicitarán está la necesidad de proveer a la población servicios esenciales para una adecuada calidad de vida.

El Universal
25-01-2015
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo corredor_inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es



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