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El inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) dio un aliento de esperanza a las familias que, a lo largo de los años, no habían conseguido obtener una vivienda propia. La promesa del Estado de crear un registro de personas necesitadas, habilitando inclusive la línea telefónica 0800-MiHogar (6446427) para lo propio, hizo parecer “accesible” este plan habitacional para todo el mundo.
Según la diputada del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), Roselis Salazar, el registro realizado por la GMVV en el estado Bolívar en 2011, totalizó unas 116 familias necesitadas de vivienda propia en toda la entidad, de las cuales más de 52 mil están en Caroní.
Cabe destacar que, de acuerdo con la Gobernación del estado Bolívar, la GMVV ha entregado en la ciudad 5 mil 726 viviendas, mientras 2 mil 705 están en ejecución actualmente.
Sumando estas cifras, se trata de apenas un 16,21% de la demanda habitacional satisfecha o por satisfacer. Esta quizás sería una de las causas del repunte de los llamados “resguardos” en la urbe, en la que cada vez son más los terrenos “custodiados” por un copioso número de familias que busca llamar la atención del Estado para obtener viviendas, o al menos la propiedad del terreno que vigilan, alegando no haber sido tomados en cuenta por el plan habitacional.
En un recorrido realizado por Correo del Caroní, entre Puerto Ordaz y San Félix hay, al menos, 25 “resguardos” de terrenos, y ninguno cuenta con respuesta oficial del Estado, o bien de desalojo, o bien de solución habitacional.
La diputada Salazar, quien además es el enlace del Movimiento de Pobladores y Pobladoras del estado Bolívar, enfatizó que para obtener respuestas “las familias tienen que organizarse” y ser pacientes, pues reconoció que el déficit habitacional en la entidad “es bastante (…) en los recorridos que hemos hecho por los resguardos son más las familias que no se han inscrito en la GMVV que las que sí”.
“Luchando” por una vivienda
Eneidys Ramírez no puede pagar un alquiler. Su esposo es quien lleva el sustento al hogar, para sus hijas de tres años y seis meses de edad. Se les hace cuesta arriba pagar aunque sea una habitación “que están por los 2 mil bolívares, pero igual si llamas no aceptan niños”.
Por eso vive en la casa de sus padres, en la Urbanización Guayana. Los cuatro integrantes de su familia se suman a su mamá y su papá, a su hermana embarazada, y a su hermano, quien también vive con su esposa allí, porque no tiene otra opción. Las nueve personas habitan la pequeña casa, aquejados por el alto costo de la vida en el país: “El sueldo se va comprando comida”.
Eneidys se inscribió en el registro de la GMVV en 2011 y asegura nunca haber recibido llamada del plan estatal, ni siquiera para hacerles el estudio socioeconómico que determina la necesidad de vivienda, para la adjudicación del inmueble.
Por esta razón, forma parte de las 500 familias que “resguardan” un terreno de la UD-309, ubicado en la avenida Norte Sur 4, al lado de residencias Villas del Valle. “Y aquí vengo todos los días, con mis dos hijos, estamos luchando por lograr una vivienda”, comenta, con su bebé en un brazo y el coche en la otra.
Aseguró que nunca han sido desalojados, pero tampoco han obtenido respuestas concretas para solucionar su problema habitacional, razón que le hace solicitar a las autoridades competentes a “que se apiaden de nosotros, que nos den apoyo, no es tanto que no construyan la casa sino que nos cedan el terreno, uno poco a poco puede construir” el inmueble que les facilite una vida en familia.
“Es fuerte pagar un alquiler”
Desde hace cinco meses las 40 familias que forman la asociación civil “Villa Altamira” resguarda una franja del cerro Roberto, en Unare. Indicaron que “como no hemos deforestado” ni están en la copa de la colina, no los han desalojado.
Elizabeth Moreno es una de las que está día a día bajo la sombra de un árbol “custodiando” el terreno. Hace poco le sacaron un riñón, y no puede trabajar, por lo que dispone de tiempo.
Vive con su hijo y dos sobrinos en casa de su mamá, y asevera que sus otras dos hijas son las que la ayudan económicamente, “pero no es igual que te pasen (dinero) a tu trabajar (…) es fuerte pagar un alquiler, lo mínimo son mil 600 bolívares, y una sola piecita”.
Quiere establecerse en Puerto Ordaz, pues sus hijas residen en El Callao, “para que mi hijo vaya a la universidad, ya se va a graduar de bachillerato (…) vimos la oportunidad de construir aquí y nos metimos”. Solo han hecho gestiones con la Alcaldía de Caroní, aunque no han recibido respuestas.
Con 65 años, Graciela Rondón también “resguarda” en el cerro Roberto. “Vivo arrimada en casa de mi hija” por lo que se mantiene en la custodia del espacio para cumplir su meta de tener un inmueble propio, pues aunque su hija le apoya, “no es lo mismo vivir independiente”.
Vivir en una biblioteca abandonada
Bajos sueldos, alquileres costosos, hacinamiento y dependencia es la historia que se repite en todos los “resguardos”. En San Félix también se observa el déficit habitacional de Caroní, donde lo que una vez fue la biblioteca pública Ana Emilia Delón, conocida como Banco del Libro, en el sector La Unidad, fue invadida hace más de un mes por un grupo de 70 familias que exige al Estado ser tomados en cuenta en la entrega de inmuebles por la GMVV.
Tal es el caso de María Esther Núñez. Tiene 10 años viviendo alquilada junto a su esposo y sus dos hijos. La “casa rural” que renta en La Unidad aumentó de precio, y al no poder sufragarlo “nos dieron tres meses para desocupar” en enero de este año, pero no ha conseguido otra opción.
“Los alquileres pasan el sueldo mínimo, que gana mi esposo, y si llamas te dicen que no si tienes niños” afirmó la mujer, que decidió invadir la sede solicitando ayuda al Estado, aunque se mantiene en la casa que alquila.
Varios de sus compañeros acondicionaron las aulas menos deterioradas para dormir allí, pues ya fueron desalojados de los que antes eran sus hogares, y no tienen adónde ir. “Queremos respuestas, el estudio que hace la GMVV lo engavetan (…) aquí en la parroquia Simón Bolívar no han entregado ninguna casa, todo es en Puerto Ordaz”, reclamó Núñez, alegando haberse inscrito en el registro del plan habitacional y no haber sido tomada en cuenta, desde 2011.
El rostro detrás de un “resguardo”
Elizabeth Moreno, resguarda en el cerro Roberto: “No estoy trabajando, como me sacaron un riñón… Me ayudan son mis hijas, pero no es igual que te pasen (dinero) a tu trabajar (…) es fuerte pagar un alquiler, lo mínimo son mil 600 bolívares, y una sola piecita”.
María Esther Núñez, resguarda en el Banco del Libro: “Queremos respuestas, el estudio que hace la GMVV lo engavetan (…) aquí en la parroquia Simón Bolívar no han entregado ninguna casa, todo es en Puerto Ordaz”.
Correo del Caroní
16-06-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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