ALFONSO LINARES
Participación privada
Tal como han informado los diferentes medios de comunicación social, el Ejecutivo consintió en reunirse con los representantes de los inmobiliarios y constructores, mediante encuentros por separado donde, fundamentalmente, se planteó y discutió la preocupación que se tiene por la baja oferta privada de viviendas y la supuesta distorsión existente en los precios de venta.
Instó a su vez, a dichos gremios, a presentar propuestas para enfrentar la situación, solicitud que atendieron de inmediato las respectivas cámaras.
En declaraciones suministradas a esos mismos medios, el Ministro del ramo expresó su convicción: "Una vez aumente la oferta de viviendas por parte del sector privado, los precios especulativos bajarán" (El Universal, 29/12/2013).
Ciertamente, la participación del sector privado en la promoción y construcción de conjuntos habitacionales ha venido cayendo en el país durante los últimos años del actual régimen. Es consecuencia de la incertidumbre y desconfianza que ha cundido en dicho sector pues, a lo largo de estos años, ha sido sometido a absurdas intervenciones, amenazas, obstáculos, regulaciones, controles, expropiaciones, invasiones, escasez de insumos y cerco jurídico con nuevas leyes y resoluciones que se aplican discrecionalmente.
Ahora pareciera que el Gobierno ha entendido que por sí solo no puede; por tanto es de suponer que considera también imprescindible la participación significativa del sector privado en la producción y oferta de viviendas, para alcanzar un pujante mercado habitacional, con abundancia de unidades de variados tipos y precios equitativos.
Pero, para ello (se pidió a los privados que financiaran y construyeran ochenta mil viviendas este año), pensamos que se debe acoger el conjunto de medidas y propuestas que desde hace tiempo han venido señalando las mismas cámaras del sector, así como académicos y profesionales expertos del urbanismo y la vivienda.
En este contexto, creemos que bastaría con que se establecieran básicamente dos medidas: I) adecuadas políticas macroeconómicas que generen sustancial y sostenida merma de la inflación y un clima propicio para la inversión; II) seguridad jurídica con reglas del juego claras, que conlleven respeto inequívoco a la propiedad privada y estímulo a la producción nacional. Sin embargo, estimamos que todas esas propuestas chocan con el desarrollo del llamado "Plan de la Patria", presentado por el Ejecutivo y aprobado por la AN, donde se intenta implantar un modelo inviable que vulneraría la propiedad privada en favor de una pretendida propiedad social o colectiva, que agravaría los problemas que tenemos. Ante esto, hacemos votos porque se rectifique el citado plan y, por ende, que las reuniones celebradas no sean diálogos estratégicos del momento sino bases firmes de verdaderos puentes que faciliten una amplia participación privada dentro del campo inmobiliario y de la construcción en general.
mdu@unimet.edu.ve
El Universal
25-01-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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