Por primera vez en más de una década los presidentes de Fedecámaras y Consecomercio fueron citados por el Gobierno. Y el verbo citar no puede ser más oportuno, pues el representante del Ejecutivo que los recibió fue el Ministro de Relaciones Interiores, no el de Finanzas o el de Industrias. Jorge Roig y Mauricio Tancredi fueron acusados de conspiradores y de ser los cabecillas de una supuesta “guerra económica”.
A pesar que los dos representantes empresariales salieron declarando que el encuentro había sido cordial, lo cierto es que el ministro Rodríguez Torres los amenazó con medidas más enérgicas si los gremios empresariales no “colaboraban” en la lucha contra el acaparamiento y la especulación. Roig abundó en explicaciones sobre las razones reales de la escasez, las cuales fueron apenas escuchadas por el funcionario.
A todo efecto práctico, el diálogo que había con las empresas privadas si no está roto, se ha estancado.
La razón es básicamente electoral. El Gobierno parece haber decidido postergar hasta después de los comicios municipales del 8 de diciembre cualquier decisión importante en materia económica. El discurso se ha endurecido de nuevo y los empresarios reaparecen como los grandes enemigos del país, responsables de la escasez “inducida”, según la lógica oficialista, y del rebrote inflacionario que, aparentemente, el Gobierno no tiene herramientas para contener.
Aunque la semana que viene comienza, aparentemente, la discusión parlamentaria de la reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios para abrir espacio a una “semi” legalización de un mercado de divisas alternativo, fuentes financieras indicaron que la concreción de cualquier medida cambiaria está, por ahora, descartada.
La arremetida del Gobierno con el tema de la supuesta “guerra económica” hace inviable cualquier tentativa de flexibilización del control de cambio. Es más, la denominada “ala radical” del Gabinete Económico parece fortalecida. El ministro de Planificación Jorge Giordani declaró que, a su juicio, el Gobierno le daba suficiente “plata barata” a las empresas.
Son malas señales. El Gobierno parece refugiarse en sus peores dogmas, pensando que la radicalización le dará mejores resultados electorales, pues hay una creciente preocupación interna ante la posibilidad de que ocurra una “pérdida” importante de Alcaldías.
Altag
03-10-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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