Eunice Medrano Gamero
Los intentos de invasión siguieron por segundo día.
egamero@correodelcaroni.com
Los gases lacrimógenos, los disparos al aire, la presencia de la Policía del estado Bolívar (PEB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no fueron suficientes para que más de 30 trabajadores de Ferrominera Orinoco (FMO) y vecinos de comunidades aledañas desistieran de la idea de tomar -por la vía ilegal-, las dos torres pertenecientes al proyecto residencial Habitania. “De aquí no nos saca nadie”, aseguraron desde el complejo ubicado en Alta Vista, Puerto Ordaz.
Desde el pasado martes, los trabajadores se mantienen en la caseta de vigilancia del conjunto residencial privado. Un cordón policial resguarda la entrada y la GNB solo está “para reforzar cualquier situación de alebrestación”.
Los trabajadores de FMO aseguraron que no son invasores, sino simples empleados que han dado su vida por el fortalecimiento de una empresa que actualmente se enfrenta al desfalco, la extorsión y la corrupción. Los ferromineros exigen que se les pague los cinco años que les deben de “prestaciones, caja de ahorros y aporte de vivienda”.
Por otro lado, los representantes de otras comunidades, que también intentaron invadir el recinto, afirmaron no rendirse ante los métodos de intimidación de la PEB, todo lo contrario, prometieron mantenerse firmes, pues dicen que la estructura formará parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), y que ellos mismos la culminarán.
“Nos engañaron”
En horas de la noche, el abogado Kenny Vargas, defensor del Pueblo en la jurisdicción, se aproximó al lugar de la manifestación e invitó a mantener la calma. También aclaró que sólo el Estado puede decidir qué se hará con las propiedades de Yamal Mustafá, quien es dueño de Corpobrica y director del diario Primicia, y Rawdan Sabbagh, expresidente de la estatal, ambos imputados y por la espera de un juicio por presuntos casos de corrupción.
Según Luis Noriega, vecino del sector, Vargas se comprometió a ir con sus compañeros a las 8:00 de la mañana de ayer al Parque Habitania, para discutir las soluciones al problema. A las 12:30 del mediodía no había ido nadie.
El grupo afirmó sentirse, una vez más, estafado por el gobierno por incumplir su palabra, asegurando que aumentarían sus fuerzas para no abandonar “la lucha”.
Para los trabajadores de FMO esto es hacer justicia por el desfalco de la empresa, y reiteraron que no quieren nada regalado sino comprar y pagar cada bolívar del monto. “No somos invasores, aquí hay intenciones de pagar. Son años que tenemos trabajando en Ferrominera y no tenemos nada, porque esos corruptos acabaron con todo”, vociferó uno de ellos, mientras el presidente de Sindicato de Trabajadores de la Construcción (Sinatracom), Ángel Fajardo, intentaba mediar con el grupo.
Más afectados
Los propietarios del edifico no son los únicos afectados por esta situación, sino también los más de 40 trabajadores de la construcción a quienes, la PEB les impidió el paso para así evitar infiltrados. Para exigir su derecho al trabajo pidieron la presencia del sindicato, pero los intentos de negociación de Fajardo fueron en vano. Los manifestantes se negaron a retirarse de la obra.
El comisario de la PEB, Ángel Suárez, negoció con el sindicato, y a las 2:00 de la tarde se encontraron con el ingeniero de la obra en la Comisaría de Cachamay para que, mediante la lista de nómina, se verificara y confirmara la entrada de los trabajadores el día de hoy.
“Si presentan la nómina con todos los nombres de los trabajadores de la obra nosotros garantizamos la continuidad de la misma, pero antes no. Porque debemos evitar que alguien se filtre”, aseguró Suárez.
Por su parte, los propietarios que el martes lograron entrar al edificio salieron ayer, luego que la PEB les garantizara que nadie tomaría las instalaciones de las residencias.
La ley dice que:
Según el artículo 155 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, la ocupación ilegal de terrenos o inmuebles está totalmente prohibida por el Estado.
“Se prohíbe las invasiones u ocupaciones ilegales de terrenos públicos o privados por parte de personas naturales o jurídicas, en atención a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado no dará beneficio o garantía alguna a las personas naturales o jurídicas que realicen invasiones u ocupaciones ilegales de tierras, en contravención con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. Los propietarios de tierras que fueren objeto de invasión u ocupación ilegal en contravención con lo dispuesto en este artículo, podrán ejercer todas las acciones que establecen las leyes competentes para la reivindicación de su propiedad”.
Correo del Caroní
19-09-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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