martes, 3 de septiembre de 2013

Propietaria rechaza invasión de su finca en Carayaca

El caso lo han visto 12 instancias de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial

Mejías se siente desasistida

"Me siendo desasistida", afirma Elizabeth Mejías Fagúndez (65), la propietaria de la finca Las Lapas, carretera nacional Colonia Tovar vía Carayaca, para rechazar la inacción del Estado venezolano ante la invasión de sus tierras.

Fagúndez indica que el ocupante de su finca es Carlos Mario Oquendo, ciudadano colombiano naturalizado venezolano, con antecedentes penales por tres delitos.

El conflicto de Mejía por sus tierras comenzó antes de conocer a Oquendo. En 1985, su esposo estableció una alianza con dos ingenieros para cultivar fresas y hortalizas en la zona. Tres años más tarde, los ingenieros solicitaron un amparo ante la Procuraduría Agraria de Vargas para quedarse con la finca, el cual fue admitido por la Juez Provisoria del Tribunal Superior Agrario, Nora Vásquez. "La juez de Carayaca (Lilia Castillo Rodríguez) me dio ocho días para desalojar mi casa. Me fui a Miraflores con toda mi documentación y el Instituto Agrario Nacional revocó la medida", relata Mejías.

En 1996 comenzó Oquendo a tomar espacios de la finca de Mejías. Fue demandado en La Guaira y el caso remitido a la juez de Carayaca Lilia Castillo, quien se inhibió. El expediente llegó a manos del juez Sabino Galván Flores (suplente de la juez Nora Vásquez), quien el 3 de mayo de 2002 emitió sentencia a favor de Oquendo no solo sin haber citado a las partes involucradas sino admitiendo como abogada defensora de Oquendo a quien se desempeñaba como Procuradora Agraria de Vargas, Odra Isabel Ariza.

Desde 2004 el caso reposa en el Tribunal Supremo de Justicia donde el expediente se ha extraviado en dos oportunidades. En 2008, Mejía introdujo nuevamente una demanda en contra del proceder del juez Galván, pero en el expediente apareció ella como juez denunciada y no como "denunciante del juez. "¿A qué se deben tantas irregularidades?", dice Mejías.

Tampoco ha tenido respuestas en el Ministerio de Agricultura y Tierras, la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio Público. A la finca (inicialmente de 20 ha.) no solo han llegado más ocupantes sino que en 2009 el INTI dio a Mejía una declaratoria de permanencia pero en solo 6 ha. ACL

El Universal
19-08-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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