Representantes del sector inmobiliario opinan que la medida forma parte de un marco legal punitivo
NICOLLE YAPUR
La más reciente resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que establece la venta obligatoria de inmuebles intervenidos a la Inmobiliaria Nacional por un lapso de 5 años desde su protocolización, afecta a 18.000 unidades en todo el país, dijo Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en una nota de prensa.
Agrego que la medida constituye un nuevo ataque frontal contra la propiedad privada y que en los últimos años estas normativas sólo han empeorado la situación de la vivienda en el país.
“Supongamos que usted compró un inmueble y que está valorado en una determinada cantidad de bolívares, y entonces el ministerio interviene la obra y te dice que solo vas a poder vender tu propiedad al Gobierno, y al precio que ellos establezcan. ¿No es esto una violación del principio constitucional de propiedad privada expresado en el artículo 115 de la carta magna? Sí, lo es, porque el artículo garantiza la capacidad de disponer de los bienes”, dijo el directivo.
Recordó que cuando los inmuebles fueron intervenidos nunca fue publicada una sentencia que demostrara que los promotores habían incurrido en ilícito. “Aquí ha sucedido una acción irregular y violatoria de la propiedad una tras otra. Primero el Gobierno expropió edificios alegando estafa inmobiliaria y nunca probó las acusaciones, y ahora a las familias que compraron esas casas y apartamentos también les afectan sus derechos, porque los forzarán a vender al Gobierno a un precio inferior al valor del mercado”, agregó.
En una entrevista transmitida por Globovisión declaró que el cálculo del precio mediante el método establecido en la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles está fuera de la realidad. Algunos apartamentos de conjuntos intervenidos, como El Encantado, se ofrecen en páginas web por encima del millón de bolívares.
Muchas obras intervenidas durante su construcción por presunta estafa inmobiliaria fueron terminadas a través de recursos de la banca y de los propios propietarios, quienes se quejan de que el Gobierno no puede reservarse el derecho de preferencia ni imponer condiciones de venta.
Revisión inmediata. Martini afirmó que la nueva resolución se une a un marco legal que considera punitivo y restrictivo para los futuros desarrollos. “Sin seguridad jurídica no habrá inversiones. En el país debe garantizarse la propiedad privada, resoluciones como la última del Ministerio de Vivienda y leyes como la Ley de Arrendamientos deben ser revisadas ya”, señaló en la nota de prensa.
Añadió en la entrevista televisada que la legislación ha generado anarquía en las transacciones inmobiliarias. Adicionalmente, las dificultades para acceder a los materiales de construcción han mermado la oferta de viviendas, al tiempo que aumenta la demanda.
Las Cifras
1,2% cayó la actividad del sector construcción en el primer trimestre de 2013, de acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela.
57 conjuntos residenciales fueron intervenidos por el Gobierno en 2010 por supuestas irregularidades y cobros de ajuste por inflación.
El Nacional
21-06-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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