ENTORNO URBANO: Seguridad

Las cargas se enderezan en el camino, Descartes la cosa andará bien o mal

Seguridad
Es difícil vislumbrar el razonamiento agazapado en la decisión de clausurar el penal de Uribana. Puede que el traslado a otras cárceles sea una forma de intimidar a los reclusos por la posibilidad de estar más inseguros y más sometidos a la verdadera autoridad de esos establecimientos. Si cundiera esta solución no habría cárceles y los presos podrían ser exportados, siempre que se dilucidara si esa exportación generaría divisas o por el contrario, tendría un costo. Un efecto, inconveniente, podría ser el aumento desmesurado de la delincuencia, en procura de viajes gratis al extranjero. Mofas aparte, suponer que intimidar haya sido la razón no es justo porque significa evaluar como ínfimas las inteligencias de quienes tuvieron la ocurrencia y de quienes la aplicaron. Pero si este modo de razonar catalogara la criminalidad como un producto urbano, podría ocurrir que para eliminarlo propongan clausurar las ciudades y distribuir toda la población sobre el territorio ocupable, a razón de tres hectáreas por familia. Aunque este razonamiento es absurdo, preocupa que reviva por tener un precedente durante el periodo herreriano, cuando con el "día de parada" se intentó curar la enfermedad matando al enfermo.

Con Uribana en funcionamiento, quizás hubiera sido muy arduo encontrar el armamento en poder de presos privilegiados, en especial si es trasegado por los encargados de mantener orden y seguridad. Debe ser complicado quitarle a alguien un bien vendido por uno mismo, sobre todo si ese tráfico genera prosperidad. Por algo el dicho popular: el mejor negocio en Venezuela es el petróleo y el segundo las cárceles. Tal como en los penales, la inseguridad afecta a la ciudadanía, desvalida ante un hampa provista de armas en abundancia y respaldada por la ineficiencia del sistema judicial y de la fuerza pública policial. Y seguirá así hasta que las cárceles funcionen como centros educativos formadores de ciudadanos.

El exceso de armas en poder del público también ocurre en otras naciones, como es notable en Estados Unidos, donde además del crimen ordinario, han ocurrido ataques masivos a niños en sus aulas y a espectadores de salas de cine, eventos imprevisibles pero posibles, si se dispone de armas modernas. Pero allí puede haber solución si se aplica literalmente la Constitución promulgada en 1787 donde quedó establecido el derecho de todos los ciudadanos para poseer y portar armas, decisión apropiada para un país en formación, donde la cacería ayudaba a sobrevivir y era indispensable defender la tierra ocupada. Pero es indiscutible que ese derecho se refiere las armas de fines del siglo XVIII, no a las letales disponibles hoy en día, automáticas, semiautomáticas o de precisión y mucho menos químicas, bacteriológicas o de otra índole. Con esta interpretación el control sería sencillo, requeriría poca burocracia y por lo tanto tendría un costo bajo. No haría falta una nueva enmienda y soslayarían la discusión en curso. Estas notas pueden parecer broma, pero cabe precisar a cuales armas se refiere la Constitución e imaginar cómo sería el texto si se redactara hoy.

Victor Artis
vartis@cantv.net

El Universal
16-02-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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