Expropiaciones en Vargas van más allá de las viviendas

Ni uno solo de los terrenos despojados han sido cancelados por entes oficiales

Estos espacios los expropiaron para edificar allí el Mercado Cacique Maiquetía. Entre tanto, instalaron a buhoneros "provisionalmente" mientras se decide construir dicho mercado CRUZ SOJO
NADESKA NORIEGA ÁVILA
La Guaira.- El desarrollo no solo de viviendas, sino de cualquier obra de infraestructura en Vargas, en los últimos tres años, parece estar marcado por un proceso de expropiación.

En este lapso, 64 propietarios han sido despojados de parcelas de terrenos (en 35 decisiones de la Procuraduría de Vargas y 29 de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, Opppe), mientras que otros 33, ubicados en terrenos del Estado venezolano, han perdido sus bienhechurías y los espacios donde desarrollaban prácticas comerciales.

Lo peor, tanto para propietarios como para expertos sociales y dirigentes políticos, es que a ninguno de los afectados se le han pagado indemnizaciones estipuladas en la ley. Otro aspecto es que esta indefensión jurídica aleja al inversor privado de la entidad costera.

"La política de expropiación no es novedosa en Venezuela. Así se construyeron obras como el Metro de Caracas, las ampliaciones viales de la capital o el propio Teatro Teresa Carreño, pero hubo en la mayoría de los casos un respeto por cumplir los pasos establecidos y pagar un precio justo. Pero lo que se vive en Vargas no es un proceso legítimo de expropiación, sino la apropiación indebida de terrenos, violentando la norma y sin pagarle nada a nadie. Esta práctica ha afectado a quienes les han arrebatado terrenos, a comerciantes o empresarios, y a quienes usando terrenos del Estado pagando arrendamiento, también les fueron demolidas sus estructuras, sin ningún tipo de indemnización" explica Carlos Texeira, vocero de la Red de Ciudadanos Activos Nelson Mandela y quien lleva un acucioso registro de esta situación en Vargas.

Según cifras manejadas por la red, para comienzos de este año, el Estado venezolano adeudaba a propietarios de terrenos expropiados para viviendas Bs 75 millones, lo que se incrementa a cerca de Bs 160 millones, cuando se le adosan los terrenos expropiados con otros fines, como un mercado para una venta de comida rápida en Catia La Mar; la bomba Tacagua en Catia La Mar para la Plaza Mayor; espacios del viejo restaurante Timotes para el mercado de economía informal Cacique Maiquetía; y la ultima expropiación hecha el lunes, de 6 mil m2 en la Av. Soublette de Maiquetía, para un hospital. La misma red asegura unose 4 mil puestos de empleo se han visto afectados con la política de expropiaciones y desalojos.

"El tema no es si las obras son necesarias o no. El tema es cómo el Estado atropella al dueño de un área de cualquier tamaño, porque pueden ser 6 mil o mil metros de terreno o hasta la Chocita de Tacupay. El Gobierno paga a biolorrusos, a turcos y a chinos, menos a los venezolanos que expropia", dice Texeira.

Para el diputado regional José Barreto, lo más grave es la falta de cumplimientos de los procesos. En el caso de la última expropiación, realizada a la empresa Inversiones Pamela 89 C.A., el Legislativo de Vargas no aprobó la intervención del terreno, valorado en aproximadamente en Bs 30 millones, y afirma que no existe siquiera un decreto que respalde la actuación del procurador de Vargas, Pedro Rodríguez. "Así como en esta ocasión, en muchos de los casos de expropiaciones anteriores no ha realizado la declaratoria de utilidad pública que es exigida por ley, a menos que los otros seis diputados del PSUV en Vargas hagan sesiones privadas y especiales para aprobar por vía expresa solicitudes del Procurador y el Gobernador", apuntó Barreto.

"Para aprobar una expropiación por vía de utilidad pública se debe presentar un proyecto que justifique tal acción legal. El proyecto para el terreno de Pariata no existe. Lo del hospital general fue un anuncio apresurado para tranquilizar a la opinión pública. Además del abuso y la ilegalidad que reviste en el caso de terrenos expropiados arrendados a terceros, este monto ingresa ahora a las arcas de gobierno regional".

El propio legislador advierte que el proceso de expropiación, desalojo y construcción ha desfavorecido el crecimiento de importantes activos de Vargas, como el aeropuerto de Maiquetía, frustrando futuros desarrollos de espacios, como pistas y estacionamientos.

PAGOS A PRECIOS DE LOS 80

Para el procurador de Vargas, Pedro Rodríguez, las actuaciones de la gobernación "están apegadas a derecho".

"Todas y las expropiaciones han sido dirigidas y autorizadas por el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro y nos hemos apegado a la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública", señala.

Recordó el funcionario que "las expropiaciones no tienen porqué ser sólo para viviendas, sino para todo lo que es de utilidad pública y necesario para el pueblo".

En cuanto al pago de las indemnizaciones por parcelas y bienhechurías, aseguró que aquellas adelantadas por la Gobernación, "ya están en proceso para el pago".

Fuentes de los afectados aseguran que las conversaciones se mantienen estancadas por los precios irrisorios de indemnización. Muchos afectados tienen dos años esperando pago; la propuesta presentada, según propietarios, es pagar 70% del precio en que se compro el terreno, muchos de ellos adquiridos en los 70 y 80.

El Universal
30-11-2012

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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