martes, 23 de octubre de 2012

Gobierno no ha cancelado aún bienhechurías de fincas tomadas


El retraso del Gobierno en el pago de las tierras tomadas el año pasado, por orden del entonces vicepresidente ejecutivo Elías Jaua, en la Sierra de Perijá es uno de los factores por los cuales ha aumentado la tensión entre productores y comunidades yukpas. Más aún después de lo ocurrido la semana pasada: 8 personas resultaron heridas de perdigón cuando miembros de la etnia, liderados por el cacique Sabino Romero, invadieran la finca Medellín y se llevaron 200 cabezas de ganado e implementos de trabajo. Aunque el incidente no está directamente vinculado con la demora en la cancelación de las bienhechurías a los dueños de las 25 fincas que el Ejecutivo anunció que entregaría a los yukpas, acentúa al clima de conflicto. Neuro Chacín, nieto de Otto Chacín, dueño de Paja Chiquita, es uno de los propietarios cuyas haciendas fueron intervenidas el año pasado. Sin embargo, antes de que se dictara la medida los indígenas habían invadido las tierras en 2004. Recuerda que irrumpieron violentamente y los amenazaron de muerte si no salían. La familia Chacín producía 650 litros de leche por día y tenían 710 reses. Hoy está ocupada por la comunidad de Río Yaza con un conuco de topochos, ñames y plátanos para consumo propio. A lo lejos también se ven animales, sobre todo gallinas. "Era la única fuente de ingreso de mi mamá y de mi papá. Ellos quedaron arruinados. Yo tengo mi carrera y me mantengo con eso". Chacín aclara que la mayoría de los yukpas esperan que los productores reciban sus pagos para ocupar las tierras, sin embargo, otros, como en el caso de su familia, no. Después del 12 de octubre de 2011 hubo reuniones entre las autoridades y los dueños de la fincas para hablar, entre otras cosas, de la demarcación y el pago, y aunque el Gobierno basa su decisión en el artículo 119 de la Constitución, referido a los asentamientos indígenas, Chacín asegura que hay una mala interpretación del texto. Comunicación de productores. No todas las propiedades recuperadas por el Gobierno están productivas. Por lo menos 12, entre esas Paja Chiquita, Dinamarca y El Brasil, ya estaban invadidas por los yukpas. Ahora están desoladas. Diego García es nieto de Diego García, propietario de la hacienda El Capitán, pionera en la transferencia de embriones e inseminación artificial de ganado. Aunque están militarizados siguen trabajando y a la espera del pago. En las manos tiene el avalúo efectuado por el Instituto Nacional de Tierras el 17 de diciembre del año pasado. García, a nombre de otros seis productores, mandó una comunicación en marzo de este año a Luis Motta Domínguez, presidente del INTI, para exponerle los casos. El 21 de junio el funcionario le respondió que los recursos estaban requeridos y que sólo faltaba la aprobación para la cancelación. En agosto envió un recordatorio del pago y días después el general le informó que ellos sólo cumplían funciones de tramitación y que el encargado de solicitar las asignaciones al Presidente era el Ministerio de Agricultura y Tierras. García dice que no sabe con quién hablar. Motta Domínguez le recomendó contactar al ex vicepresidente Elías Jaua. Jesús Iragorri, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, señala que Machiques se deprimió económicamente después del anuncio de recuperación de fincas. La producción de leche pasó de entre 700.000 a 800.000 litros por día a 400.000, es decir, cayó 50%. Hablan los indígenas. El coordinador de la sociedad Homo Et Natura, Lusbi Portillo, responsabiliza al Gobierno de lo que pasa en la Sierra de Perijá y lo acusa de carecer de voluntad política para resolverlo. Agrega que son 75 fincas y 600 parcelas las que deben ser pagadas y no 25, porque de lo contrario los problemas seguirán. "En la gestión del presidente Rafael Caldera, a través de la senadora Lucía Antillano, se liquidaron propiedades que solicitaban yukpas y barí para vivir, pero con la revolución eso se paró". Asegura que ocuparán las tierras hasta que los productores reciban lo que les corresponde, sin embargo, desaprueba la manera en la que viven los indígenas. "Padecen enfermedades como tuberculosis y diarreas, y en el hospital de Machiques no hay suero antiofídico para mordeduras de serpiente". Este mes 300 yukpas se fueron al Fondas de San Francisco para solicitar los créditos agrícolas ofrecidos hace 2 años y aunque inicialmente les prometieron 15.000 les dieron 3.000. Ellos rechazaron la oferta.Provea: Ha sido lento proceso de demarcaciónMarino Alvarado, director de Provea, afirma que el proceso de demarcación en la Sierra de Perijá ha sido lento si se compara con lo que establece la Constitución (Capítulo VII referido a los derechos de los pueblos indígenas). Incluso, las tierras otorgadas han sido calificadas por las propias comunidades de malas y poco productivas. Hasta 2009 Provea manejaba una cifra de 3% del total que debe ser delimitado y aunque han pedido números oficiales al Ministerio de Pueblos Indígenas no han obtenido respuestas. "Otro problema es que el Gobierno ha sumado a la división de los yukpas y no hay una opinión unificada de todo este problema", expresa Alvarado. Fuentes de Machiques indican que en 2009 hubo una demarcación para las comunidades de los centros piloto Tinacoa, Aroy y Shirapta, y aun cuando les entregaron un título de propiedad colectiva no se dieron cuenta de que el documento daba la potestad al Estado de realizar explotaciones mineras cuando lo creyera conveniente, ya que al parecer hay carbón en la Sierra de Perijá. Tres comunidades más, Tukuko, Kashmera y Toromo, aguardan por sus espacios, que son las 25 fincas objeto de la medida emanada por el Gobierno el año pasado. No están de acuerdo con una posible explotación minera y esperarán que a los productores les cancelen sus tierras para ocuparlas. En toda la zona hay 14.000 yukpas, aproximadamente, y la mayoría son hombres.

El Nacional
22-10-2012

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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