Con distintas manifestaciones de calle los vecinos han dejado claro su rechazo a la instalación de una planta de concreto
Entre los años 2007 y 2008 los vecinos de La Carlota dieron la lucha por paralizar el proyecto de construcción de viviendas en los terrenos correspondientes a la base aérea de La Carlota. Hoy, en las hectáreas que serían transformadas en un parque verde metropolitano, solo se observa una concretera, una estructura que genera más riesgos que beneficios, según los habitantes del sector.
Afecciones en la piel, en las vías respiratorias y conjuntivitis han sido las primeras consecuencias que han experimentado los vecinos más cercanos a esta planta de concreto que trabaja las 24 horas del día.
Ante el riesgo evidente, los vecinos aseguran que seguirán protestando. Por ahora, las manifestaciones de calle han servido, a juicio de Irais Gruber, al menos para disminuir el ritmo de trabajo en la concretera.
"Hemos notado que cada vez que realizamos una protesta baja el ritmo de trabajo en la concretera y al menos podemos abrir un poco las ventanas y dormir sin mucho ruido", comenta esta vecina. Pero eso no es suficiente.
Sumado a las caravanas y bici caravanas, a las protestas de calle y a las pancartas que han guindado en los edificios, los vecinos de Chuao tienen previstas más acciones para finalmente clausurar o al menos mudar la concretera.
Un grupo de vecinos asumirá la labor de visitar las escuelas para conversar con profesores y representantes sobre las consecuencias negativas de las plantas de concreto para la salud. Y es que al menos 30 instituciones educativas, con un promedio de ocho mil alumnos, funcionan en Chuao.
"Tenemos información de que en el colegio El Ángel hay alumnos y profesores que están empezando a sentir los efectos del concreto en el aire", comenta Gruber. Los menores de edad, junto a la tercera edad (que en esta urbanización representa casi 60% de la población) son los más vulnerables por este tipo de contaminación.
Acudir a instancias gubernamentales y tribunales tampoco está descartado. Sandra Carrillo, representante de Asochuao, prefiere no dar detalles de las acciones legales, pero asegura que el Estado está violando no solo las leyes de ambientales, sino también la Constitución.
"La Constitución dice que toda persona tiene derecho a disfrutar un ambiente sano. Tenemos una Carta Magna de avanzada y no se está respetando, ni siquiera se tomó en cuenta a las comunidades", comenta Carrillo.
La fuga de cemento que ocurrió en San Agustín y afectó a la Escuela Nacional Bicentenario Republicano es una evidencia del riesgo que se corre por el escaso mantenimiento y los errores de manipulación de este tipo de estructuras, comenta esta representante de Asochuao.
Fomentar los lazos con otras comunidades afectadas por la instalación de concreteras, como es el caso de Santa Eduvigis, Vista Alegre, Juan Pablo II y Santa Mónica, es otro de los objetivos de los representantes de la urbanización.
Asimismo, están preparando un expediente con informes médicos de los vecinos que hasta el momento han presentado afecciones físicas para tener evidencias reales de los daños.
El Universal
12-06-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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