El reto también es atender el crecimiento poblacional
El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de Fedecámaras, Fernando Castro, argumentó que la Ley de Arrendamiento que se discute en la Asamblea Nacional, es un secuestro de la propiedad privada y no se parece a ninguna normativa de algún país democrático del mundo.
“Una ley que no prevea la posibilidad de ser el gran estímulo de la generación de vivienda en alquiler, deja totalmente desamparadas a las parejas jóvenes. El primer eslabón para obtener un techo digno es el alquiler, no la vivienda propia. Emplazamos a los parlamentarios a exhibir alguna ley de algún país democrático que tenga estas restricciones a la propiedad, no lo hay; pero en Cuba sí existe un drama”, sostuvo.
Añadió que 50 años después de que se puso “este cerco en Cuba en los años 60”, el resultado es el mayor hacinamiento urbano de toda Latinoamérica.
Destacó que el reto de vivienda lo tienen todos los países del mundo. Citó por ejemplo cómo países de Europa han hecho de la vivienda en alquiler su gran eslabón. “En Francia el 44% de toda la vivienda digna está en alquiler pero han creado los mecanismos que regulan para que nadie salga lesionado en la relación arrendado-arrendatario”, comentó.
Enfatizó que dentro del marco constitucional los gobiernos deben prever concertar las partes para atender el reto de crecimiento anual. “En Venezuela desde décadas se negó la oportunidad de una política proactiva que impulse el desarrollo masivo de vivienda en alquiler; pero más en este período no se han sentado en una mesa los distintos actores para construir una política de estado de hábitat y vivienda”, señaló.
Castro precisó que en el país existe un déficit estructural de 2 millones 400 mil de viviendas, y que de los 500 mil nuevos venezolanos que nacen “representan que cada año, al margen del déficit, tendríamos que producir 102 mil unidades de vivienda”.
“Lo primero que tiene que tener una ley es futuro, ser justa e incluyente”, señaló Castro argumentando que la Ley de Arrendamiento no lo contempla.
A un año de las estafas inmobiliarias
Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri, recordó que el próximo 31 de octubre se cumplirá un año de aquellos urbanismos que fueron expropiados bajo el calificativo de las estafas inmobiliarias.
“Se lanzó al escarnio público a una cantidad de venezolanos dedicados a la producción de vivienda y donde no se permitió ver el fondo del problema que tenía que ver básicamente por el cobro del IPC y la caída de las materias primas. Un año después lamentablemente estas 15 mil familias que fueron afectadas por este tema manifiestan diariamente y cierran calles”, dijo.
Para Martini Pietri la ineficacia en la atención del problema es consecuencia de la exclusión, de la ausencia de un plan de desarrollo sustentable de producción de vivienda y de cerrarse ante la importancia que tiene el sector privado en materia de construcción y para el desarrollo de un país.
Aboga por la equidad y la justicia en el nuevo marco legal. “Porque tiene que entenderse que en el momento en que se sobreprotege al alguno de los participantes o actores se viola el derecho del otro”, advirtió.
“En la práctica tenemos que hacer un plan sustentable entre las empresas privadas, gobiernos, actores y docentes para diseñar una política que permita el desarrollo de viviendas en compra y en alquiler”, emplazó.
La fundadora y vocera de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, María Elena Navarro, informó que le hicieron llegar un documento a la directiva del parlamento que contempla la solicitud de una disposición transitoria que proteja los grandes principios de derecho, la justicia y retroactividad de la ley .
“También se pidió la derogación del decreto ley contra desalojos arbitrarios”, agregó.
A su juicio, la Ley de Arrendamiento rompe con los principios consagrados del derecho universal y que tiene que ver con la equidad. “Es una ley que castiga sobremanera al hombre trabajador y ahorrativo que ha logrado, a través de varias generaciones, adquirir dos o tres viviendas para subsistir con su familia y asegurarse una vejez digna”, dijo.
Para Navarro la ley es punitiva, al sostener que “apoya al insolvente”.
Unionradio.net
20-10-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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