Después de atender por 20 años un negocio de empanadas en la avenida Andrés Bello en Maripérez, José Antonio Pereira tiene que desalojar el establecimiento en los próximos 10 días, por orden de la Alcaldía de Libertador. "No tengo otro local; ando desesperado como todo el mundo por aquí", confiesa.
El problema se repite en los casos de, aproximadamente, 70 pequeños comerciantes del sector, de acuerdo con las cifras que manejan los afectados. Sin embargo, en la página web del alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, se indica que son sólo 42 negocios. El jueves 13 de octubre todos recibieron una comunicación de la Sindicatura Municipal de Libertador en la que se les notificaba que tenían que hacer entrega de los terrenos donde están los locales, en lapsos que varían entre 1 y 14 días según cada caso.
La justificación para el desalojo es que en ese terreno se construirán viviendas multifamiliares. Según la página del alcalde, se edificarán 320 apartamentos para damnificados. En los negocios afectados ya colocaron carteles que aluden a la Gran Misión Vivienda Venezuela. "Han traído a damnificados hasta el lugar donde están los negocios y les han dicho que aquí les van a construir sus casas", relata Edna Avanzini, empleada de la Ferretería Materiales S.A., de la avenida Andrés Bello. El dueño, Emil Mezerhane, tiene un documento de la Dirección de Control Urbano de la alcaldía en el que se señala que debe pagar una multa de más de 15 millones de bolívares.
El empresario explicó que la sanción le fue impuesta con la justificación de que construyó en zona verde, pero él asegura que la zonificación de esa área la califica como urbanizable con viviendas y comercios. "Nos van a demoler y a multar, y si no desalojamos nos van a quitar los bienes", se lamentó Mezerhane: "Tenemos 50 años aquí, supuestamente ilegales. ¿Pero no estábamos ilegales cuando pagamos los impuestos?" Con multas y sin indemnización. En la calle Zulia de Maripérez se agrupan aproximadamente la mitad de los comercios afectados por la medida.
Al fondo de la vía está la carpintería de Eduardo Cortelucci, que tiene 45 años en el lugar. El plazo que le otorgaron para desalojar el local fue de 14 días y la multa es de 14 millones de bolívares impuesta −según explicó− con el argumento de que construyó en zona verde. Él asegura que eso no es cierto porque la mayoría de los comerciantes había alquilado el terreno a la familia Mezerhane, que tenía inmuebles allí y que en algunos casos fueron ampliados. "Ni vendiendo el negocio podría pagar la multa. Y si la canceláramos, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos vamos de mendigos? Lo que nos está pasando es la quiebra, es una desgracia", dijo.
Los trabajadores se quejaron porque se quedarán sin empleo. Los comerciantes consultados aseguraron que el desalojo no implica indemnización. La mayoría alquiló el terreno inicialmente a la familia Mezerhane, pero desde hace más de un año paga el alquiler a la Sudeban, que ahora es propietario de los terrenos. Así lo explicó Zoilo Lozán, que tiene una imprenta en la calle Zulia de Maripérez. Dijo que es imposible que saque sus maquinarias de trabajo en 10 días −tal y como se lo solicitó la alcaldía− porque las imprentas tienen dimensiones grandes y para mudarlas tiene que romper una pared y alquilar una grúa. "Si existe un decreto en contra de los desalojos arbitrarios, ¿por qué esa medida no nos beneficia? ¿Al salir de nuestros negocios de qué vamos a vivir?", preguntó.
Entorno Inteligente
19-10-2011
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Lic. Henry Medina
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