miércoles, 5 de diciembre de 2012
Paralizan planta de transporte de cemento en Catia La Mar
Los trabajadores exigen cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial
Trabajadores del Centro de Transporte y Concreto de Catia La Mar mantienen paralizadas las operaciones por la falta de higiene y seguridad industrial.
Juan Martínez, secretario de organización del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Empresa Vencemos del Distrito Capital, señaló que desde hace cuatro años vienen sufriendo desmejoras ante la mirada indiferente de las autoridades.
Cuenta que tienen equipos dañados, no se realiza la limpieza diaria y el surtidor de gasoil interno no sirve, y los trabajadores deben costear el gasto de combustible.
Ayer se agotó la paciencia de los trabajadores y decidieron apegarse al artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), que establece el derecho de los trabajadores a desarrollar sus labores en un adecuado ambiente de trabajo y de seguridad.
"Si las normas dicen que no estamos prestos para ejecutar las labores, nos apegamos a la Lopcymat", manifestó.
Martínez aseguró que no levantarán la protesta hasta no recibir solución. Destacó el compromiso con la Gran Misión Vivienda, pero también exige el mismo compromiso de las autoridades con los trabajadores. Agregó que varios compañeros padecen de enfermedades ocupacionales, sin recibir su indemnización.
En la planta de cemento de Catia La Mar la situación no es diferente, según Ulises Rodríguez, secretario general del Sindicato de Planta, Transporte y Concreto.
Precisó que a pesar del expediente que reposa en la Inspectoría del Trabajo, siguen sufriendo desmejoras de sus condiciones laborales. YF
El Universal
04-12-2012
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Lic. Henry Medina
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Ninguna autoridad se ha acercado a los huelguistas de la Misión Vivienda
El cansancio y el agotamiento se hace presente en los manifestantes.
David A. Rondón
Desde el lunes pasado un grupo de trabajadores de la Misión Vivienda de Monagas llegó a Caracas por reclamos salariales. En una semana protestaron, iniciaron una huelga de hambre y se mantienen a la expectativa, esperando ser escuchados por alguna autoridad del Gobierno que no se les ha acercado hasta la fecha.
Zoraida Veliz, una de las manifestantes, recordó que los reclamos van dirigidos a la Vicepresidencia, ente que podría gestionar todo lo referente a los pagos que se les adeudan.
Tras no ser escuchados por la vicepresidencia, decidieron apostarse a las afueras de la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), donde cada día se nota más su cansancio y debilitamiento. Los primeros días llegaron con cartones y sábanas, pero a estas alturas tienen colchonetas y abundantes botellones de agua.
El proceso electoral del 16 de diciembre les preocupa, pues temen no ser escuchados mientras se mantenga la campaña en todo el país. “Estoy decepcionada del sistema social del Gobierno. Somos trabajadores de la construcción que hemos laborado con todas nuestras ganas para ofrecer viviendas dignas, pero no nos han recompensado como se debe. No nos rendiremos, tienen que haber una revolución dentro de la revolución, enfocada de verdad en el área social. No puede ser de la boca para afuera. Tenemos derechos, los conocemos y por ello los reclamamos”, aseguró Veliz.
El Carabobeño
03-12-2012
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Distribuidor de Ciudad Caribia no operó
Los vecinos de Ciudad Caribia esperan la apertura del distribuidor localizado entre los viaductos 2 y 3 de la autopista Caracas-La Guaira | Samuel Hurtado
Se construyó en agosto de 2010 y ha tenido varias fechas de inauguración, pero ninguna se ha cumplido
MAOLIS CASTRO
Los vecinos de Ciudad Caribia esperaron ayer sin éxito la apertura del distribuidor localizado entre los viaductos 2 y 3 de la autopista Caracas-La Guaira, que prometió la empresa contratista de la obra, Zago Maquinarias. “No funcionó, pese a que nos dijeron que iba a estar listo. Ahora se escucha que entregarán esto el miércoles, pero ya no tenemos mucha fe”, dijeron.
El distribuidor, construido desde agosto de 2010, ha tenido varias fechas de inauguración, pero ninguna se ha cumplido. La última vez que se pensó estaría listo fue a finales de septiembre, antes de las elecciones presidenciales, cuando se cerró el paso en varios canales de la autopista Caracas-La Guaira para avanzar en la obra.
En Ciudad Caribia residen más de 1.100 familias –la mayoría perdió sus viviendas por las lluvias de 2010–, que con frecuencia reclaman la falta de transporte. Sólo cuentan con 28 vehículos rústicos que los trasladan a Caracas o La Guaira. Sin embargo, aseguran que son insuficientes para cubrir la demanda en el complejo urbanístico.
El Nacional
04-12-2012
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Obreros de Misión Vivienda piden su bono navideño
Cerraron la avenida Libertador a la altura de Maripérez. Reclaman la cancelación de seis mil bolívares por cada trabajador
Protesta en la avenida Libertador
Mabel Sarmiento Garmendia.- Los obreros de la Misión Vivienda asignados en la construcción de Quebrada Honda reclaman la cancelación del bono navideño decretado por el Ejecutivo Nacional a finales de noviembre de este año.
Cerraron la avenida Libertador a la altura de Maripérez por espacio de una hora. Un representante del gobierno distrital está negociando con los manifestantes. Además piden el pago de 600 bolívares por bono de producción.
La empresa contratista es FCF Constructora. Según Luis Lozada, vocero de los 167 obreros, dijo que ese dereto salió el 20 de noviembre de este año. Amenazan con volver a cerrar si la respuesta no es favorable a sus peticiones.
Últimas Noticias
03-12-2012
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Tercerizados de Venalum y Alcasa irrumpen con protesta en Alta Vista
Los manifestantes cerraron las avenidas Guayana y Las Américas, cerca del edificio CVG.
10 horas duró la tranca en el centro de Alta Vista, donde confluye el tráfico y la actividad comercial de Ciudad Guayana. Los cooperativistas de CVG Venalum mantienen su reclamo por el bono compensatorio por los beneficios adeudados y los de Alcasa exigen su traspaso a la nómina fija de la estatal. Ambos grupos son la expresión de un atropellado sistema de tercerización de mano de obra, cuya eliminación sigue siendo una falsa bandera del Gobierno nacional.
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Fotos Diego Meinhard
Trabajadores de otras empresas evalúan sumarse a la manifestación por la definitiva eliminación de la tercerización
“¡Sigan votando por Chávez!” gritó con desdén un transeúnte al bajarse de un taxi -subiendo la avenida Las Américas- a pocos metros de la protesta de cooperativistas de CVG Venalum; la primera manifestación del mes de diciembre y la sexta desde noviembre que involucra el cierre de alguna avenida de Ciudad Guayana.
Menos de 10 autobuses de la estatal bastaron para colapsar la ciudad. Cuatro en Las Américas, en ambos sentidos, y otros dos en la avenida Guayana congestionaron el tráfico de Puerto Ordaz ante la mirada paciente de decenas de funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y los insultos de otra decena de conductores que hicieron maromas para escapar del embotellamiento.
Los cooperativistas que protestan por el pago de un bono (aprobado por el gobierno para el sector aluminio y Sidor) y los tercerizados de Alcasa que reclaman pasar a la nómina fija, decidieron congestionar las vías desde las 9:00 de la mañana de este lluvioso lunes para ser escuchados.
Antes, a las 7:00 de la mañana, estuvieron concentrados pacíficamente esperando una reunión con el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Rafael Gil Barrios, pero éste les dijo que los iba a “agendar”.
La respuesta indignó a los trabajadores y provocó el cierre de las avenidas. “Usted sabe que nosotros dimos un espacio, pero ¿Por qué ellos no nos respetan?”, cuestionaba uno de los técnicos de Venalum al comandante del Destacamento 88, Frank Lynch, que intentó en vano mediar en la protesta.
“¡Tú sabes que esto que ustedes están haciendo es ilegal!”, replicó el comandante a un vocero de los cooperativistas, Douglas Zamora, y luego se retiró.
Los trabajadores responsabilizaron a Lynch de lo que les pudiera ocurrir, pues uno de los efectivos grababa con su teléfono celular el intercambio entre manifestantes y la Guardia Nacional.
Por 10 horas la ciudad estuvo completamente congestionada por el cierre de avenidas de un grupo de trabajadores
Pero la discusión no pasó de allí. Mientras los guayaneses modificaban su agenda para llegar a sus casas o buscar a sus hijos a las escuelas, una cuadrilla de efectivos de la GN esperaba tener algún recado, alguna buena noticia para los manifestantes, pero ésta no llegó.
Por un recuento
En la tarde, el asistente del presidente de Venalum se acercó a la protesta junto a otros vicepresidentes de CVG. El encuentro decepcionó a los voceros de los 1.200 cooperativistas de Venalum, pues una vez más fueron interrogados sobre los motivos del reclamo.
Con paciencia los trabajadores repitieron sus argumentos. Uno, que por estar amparados por el contrato colectivo de Sutralum les corresponde el bono (40 mil bolívares) aprobado por el Ejecutivo para los trabajadores del sector aluminio, por concepto de retraso en la discusión del contrato. Dos, que de no darse el bono les deben 12 aumentos presidenciales.
Los 238 tercerizados de Alcasa, que esperaban desde febrero su incorporación a nómina, insistieron en que, por ser un mandato del presidente Hugo Chávez, les corresponde engrosar la nómina de más de 4 mil empleados de la reductora.
Amanecerá y veremos
La última vez que los trabajadores protestaron fue el 19 de noviembre cuando cerraron la avenida Guayana, en ambos sentidos, cerca del peaje Guayana. En aquel entonces, luego de nueve horas de protesta los cooperativistas abrieron el paso tras la promesa del presidente de la CVG, presidente de Sidor y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rafael Gil Barrios, de mediar ante el Ministerio del Trabajo.
El dirigente de los cooperativistas, Franklin Gascón, aseguró que tomarían medidas más radicales si el Ejecutivo no se pronunciaba este lunes.
A las 6:34 de la tarde los trabajadores decidieron levantar la tranca en el centro de Alta Vista, con la promesa de que este martes se harían sentir.
CVG descalifica la protesta
En un comunicado la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) rechazó la protesta de los trabajadores de Venalum y Alcasa, asegurando que el Gobierno “en su visión humanista garantiza los derechos de los trabajadores a través de una política laboral continua”.
Atribuyeron la protesta a la “actual coyuntura electoral” en la que se han presentado “diversas manifestaciones de trabajadores y sectores de oposición al proceso revolucionario, que exigen respuestas inmediatas a través de medidas radicales como el cierre de vías públicas”.
De acuerdo con el remitido de prensa, los trabajadores se negaron al diálogo cerrando avenidas y secuestrando autobuses de CVG Venalum. Por esa razón, ratificaron “la garantía a los derechos laborales de la clase trabajadora, sobre la premisa del respeto y el diálogo” y rechazaron “toda forma que violente los derechos ciudadanos de las venezolanas y venezolanos al libre tránsito y a la paz”.
Correo del Caroní
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martes, 4 de diciembre de 2012
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Se acabó la propiedad inmobiliaria
Más allá de las circunspecciones ideológicas para prescribir la ruta escogida por el régimen para regir el país, debemos enfocar la mira sobre los aspectos domésticos que afligen a la mayoría como por ejemplo los ámbitos relativos al problema de la vivienda. Los seis primeros artículos en los veinte apartes que conforman la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, están henchidos de reticencias demagógicas como por ejemplo modelo capitalista explotador, arrendamiento socialmente responsable, fines supremos, etc. Y a partir del artículo siete se agregan difusas definiciones para delimitar el carácter de la intervención estatal: vivienda, vivienda estudiantil, habitación, pensión, reparaciones mayores y menores, multiarrendador, pequeño arrendador, etc. En cuanto a la rentabilidad de cada inmueble la reserva neuronal de los ilustrados del régimen parió cada detalle para fijar los cánones de arrendamientos y precios de venta para contener el lucro grosero de los promotores.
La Superintendencia de Arrendamientos ha estipulado nada menos que 256 parámetros para precisar los cánones de arriendos justos de cada caso. No importa la carencia de personal adiestrado para tal tarea; la revolución está por encima de esos detalles. De allí el S.O.S socialista para captar voluntarios express extraídos de los Consejos Comunales, comunas, estudiantes de ingeniería y arquitectura, que con altruismo deseen formar parte de estemovimiento social predispuesto a ejecutar esa compleja tarea.
Sería más productivo y de mayor impacto social que los voluntarios contratados se explayaran por todo el país para hacer un censo de huecos de vías urbanas y suburbanas y no someterlos a la complejidad de avalúos inmobiliarios que los inducirá a graves errores y a la propensión de una gigantesca fuente de corrupción.
En 1990, a solicitud del Colegio de Ingenieros de Venezuela, previa consulta y aprobación de la Asamblea del gremio, se modifican los estatutos para establecer la obligatoriedad que los tasadores sean profesionales de la ingeniería, arquitectura, economía, y profesiones afines, debidamente adiestrados como peritos en la materia. A partir de entonces se estructuró La Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela, conocida nacional e internacionalmente como SOITAVE. Hoy la organización, instituida bajo un riguroso itinerario didáctico, cuenta con 2.500 miembros a nivel nacional.
Pero volviendo a la ley, más allá de los necesarios detalles técnicos, se promulga un conjunto de artículos punitivos en los que se desecha el tradicional derecho de propiedad. En lo sucesivo el arbitrio de bienes particulares quedará a merced del funcionario de turno o de los nuevos peritos express seguramente instruidos en las sedes del PSUV. En otras palabras, en Venezuela tiende a disolverse el derecho a la propiedad privada y por ende de los propietarios a administrarla. Sin duda el régimen está decidido a acabar con la construcción particular de viviendas tanto si son destinadas al arrendamiento o bajo el régimen de propiedad horizontal. De fracasar este aberrado precepto que pretende hacernos más igualitos, como efectivamente fracasará, al régimen le queda el recurso de la confiscación ya experimentado en terrenos e inmuebles particulares.
Es iluso pretender que empresarios del sector arriesguen su inversión so amenaza de ser arrasados por leyes punitivas como estas. Por el contrario se concreta, no de manera tácita sino explícita, el fin de la industria de la construcción para todo ámbito privado. A partir de ahora quedan como códigos muertos lo que al respecto se establece en las leyes especiales y el Código Civil. Así pues se abren nuevos caminos para la corrupción pues los avalúos quedarán al buen criterio de peritos formados en Comunas.
¿Puede alguien dudar que el país está en franco proceso de degradación moral e institucional? Los frecuentes actos de rebeldía e insurrección de personas o grupos enteros que a diario observamos en nuestras calles, son secuela de las crecientes rupturas de nuestra sociedad incitadas por un régimen que se alboroza dentro de la anarquía. Motorizados, invasores, colectivos, PRANES, conforman un innegable patrón de ruptura urbana buscada por un gobierno irresponsable y anarquizante. ¿Piensa alguien todavía que no vale la pena votar el 16-D?
MIGUEL BAHACHILLE M.
miguelbmer@gmail.com
@MiguelBM29
El Universal
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