El propietario no puede pedir la desocupación del inmueble. Foto Archivo El Nacional
De 40.000 solicitudes de desalojo introducidas ante la Sunavi solo 2.000 han sido tramitadas
DULCE MARÍA RODRÍGUEZ
En el mercado inmobiliario la oferta de unidades en alquiler se ha contraído 95% desde 2011 y el restante 5% se destina a un grupo muy reducido de personas constituido por diplomáticos o profesionales expatriados que trabajan en empresas multinacionales, afirmó Carlos Calanche, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
“El alquiler dejó de ser la válvula de escape para las jóvenes parejas que desean formae un hogar o para quienes buscan independizarse pero no pueden adquirir vivienda en el mercado secundario”, añadió.
La principal traba sigue siendo la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, en la que se privilegia el bienestar del inquilino frente al derecho a la propiedad. Indicó que desde la promulgación de la legislación, en marzo de 2011, se ha venido agudizado el déficit en la oferta de unidades en alquiler por sus excesivas regulaciones.
Entre los principales impedimentos establecidos en la normativa el abogado mencionó que el propietario debe inscribirse en la Superintendencia Nacional de Vivienda y solicitar que le regulen el canon para poder alquilar por la vía legal. Sin embargo, como el método para el cálculo del alquiler no considera el valor del terreno donde está construida la vivienda, el monto es desproporcionado y alejado del mercado. “No alcanza ni para cubrir el pago del condominio”, dijo Calanche.
Además, la legislación no le ofrece al propietario seguridad jurídica. En caso de que el arrendatario no pague, le cambie el uso al inmueble u ocasione daños graves al bien, este no podrá ser desalojado. Es necesario someterse a trámites engorrosos. “Así gane, el propietario no puede proceder a pedir la desocupación del apartamento porque la Sunavi debe proveerle una vivienda o refugio al arrendatario y el gobierno no cuenta con ellos”.
El abogado indicó que hay 40.000 solicitudes de desalojo en la Sunavi, de las cuales solo 2.000 han sido tramitadas y los propietarios están a la espera de refugio para sus inquilinos. Sin embargo, el problema es que hay solo 9 refugios para cubrir las solicitudes de los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital.
De acuerdo con Calanche, los propietarios que tienen alquilado inmuebles de vieja data, por más de 20 años, no se los han podido vender a los inquilinos porque no cuentan con documentos de condominio. Lo bueno, indicó, es que a partir del dictamen 1.171 emitido el 17 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia, los sectores involucrados se reúnen para negociar y han llegado a la conclusión de que la Sunavi está colapsada, no dispone de infraestructura ni personal y un proceso de 4 meses dura 2 años. Además, no existen refugios para dar cumplimiento a la sentencia de desalojos.
El Nacional
31-05-2016
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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