LUIS GONZÁLEZ DEL CASTILLO
En nuestras investigaciones recientes nos hemos ocupado de las causas estructurales de la problemática de vivienda y hábitat en Venezuela, señalando a través de tres variables claves y ordenadoras de la investigación: a) tierra, b) trabajo y c) capital, cómo el modelo de Estado venezolano ha sido incapaz de estimular y permitir el desarrollo de un mercado de oferta urbanística y de vivienda cónsono con la necesidades reales de la creciente población, y sus inadecuadas posibilidades de demanda efectiva de tales bienes para la calidad de vida en niveles satisfactorios. Como lapso de estudio nos enfocamos, después de una revisión indispensable del antecedente histórico, en el periodo 1984-2012. En este artículo les resumo dicho antecedente histórico, dentro de la pretensión de continuar escribiendo otros que prosigan con este, en mi opinión y espero también la de ustedes, apasionante tema.
Más allá de la propaganda gubernamental de cada periodo, y sobre todo en esta llamada revolución chavista (nótese que extraigo y salvo el nombre de nuestro Libertador del desastre actual), el resultado tan obvio lo constatamos a cada paso en la ranchificación de nuestra patria, afirmación que comparto, entre otros, con Tomás José Sanabria (El Nacional, 3 de agosto de 2007, edición aniversaria 64).
Entre esos antecedentes históricos pertinentes de señalar, de la problemática de vivienda en Venezuela, está la indefinición de un modelo de Estado eficaz, pues este se convirtió en paternalista, autoritario y endocéntrico, que luego hizo del rentismo petrolero su fórmula mágica de sacar soluciones del barril a manera del conejo del sombrero-chistera.
Desde la Primera República con su Constitución prima-federalista y luego la segunda-bolivariana de 1819 en Angostura, centralista y unificadora, se inició el proceso de reinventar, con 25 constituciones más, la organización y reorganización de distintos aspectos del orden republicano hasta nuestros días. Pareciera que no se pudo en el pasado, ni se ha podido en el presente entender como una necesidad primaria el consenso básico, indispensable, vital, en la definición y organización de un Estado apropiado al progreso compartido por todos, todavía por llegar a Venezuela, tal como el siglo XXI, y por ello seguimos en peor de lo mismo en la actualidad: llegamos tarde al siglo XX y ahora, aún apurándonos, llegaremos tarde al XXI.
La trampa de la secular discusión entre federalismo y centralismo nos fue llevando al estancamiento frente al avance de los modelos de nueva eficiencia y eficacia organizativa de las instituciones y de las políticas públicas modernas. Nuestra literatura está llena de reflexiones sobre cosas que no entendimos, difundimos, concluimos bien y que luego no aplicamos. “Lo que nuestros teóricos del federalismo consideraban ingenuamente como novedad no tendía a otro resultado sino el de cubrir con un ropaje republicano las formas disgregativas y rudimentarias de la Colonia, dándole el nombre pomposo de estados o entidades federales a las ciudades-cabildos o distritos capitulares, que eran entonces lo que casi son todavía: pequeñas ciudades con extensas y desiertas jurisdicciones territoriales” (prólogo de Hernández Ron en Historia política y constitucional de Venezuela de Paolo Ruggeri, 1949).
Como sabemos, el patrón de ocupación y la demografía venezolana cambió mucho desde los años cuarenta, cuando la población en más de 60% se ubicaba en centros poblados con menos de 1.000 habitantes, es decir, absolutamente rural; una década más tarde, ya en 1950, el asentamiento urbano era de casi 54%, y para 3 décadas luego, en 1980, era mayor a 84% urbana. Por ello fue, es y será pertinente el estudiar los modelos específicos de organización e institucionalización del Estado, pero dentro de una clara definición estratégica consensuada y perdurable (constitucional).
Lo que he llamado el modelo de Estado incompetente frente a la problemática de nuestras ciudades, la vivienda y el hábitat, se vuelve a corroborar en la indefinición del actual gobierno que crea y suprime ministerios sin discusión amplia y conclusiones consensuadas de lo que por interés nacional es responsabilidad de todos y derecho de todos. La eliminación del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, frente a los desafíos del cambio climático de este nuevo milenio, supeditando lo general que es todo el ecosistema planetario a lo específico del primer aspecto (a) tierra, entendido desde nuestra porción venezolana del globo terráqueo y nuestros sistemas climáticos, hasta el sitio dónde edificar y sus características, refleja que aún nos queda mucho por entender y corregir.
En nuestro próximo artículo nos enfocaremos, después de este primer abreboca histórico, en la relación de la problemática de vivienda, el aspecto (a) tierra y el
Estado incompetente que tenemos que cambiar.
El Nacional
23-09-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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