El hacinamiento es una de las principales motivaciones de quienes invaden. Foto: Gabriela García - Gabriela García
Por:
LORENA MELÉNDEZ G.
Denuncian desorden en los registros de los aspirantes a recibir un inmueble del Estado
“De aquí se fueron los que estaban en el sistema. La excusa es que, como no estamos en data, tenemos que arreglárnoslas como podamos", afirma habitante de refugio en Los Cortijos
"La ocupación de vivienda es un mecanismo de exigencia de derechos", dice Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea
"Si la persona que invade está en lista de espera (de la GMVV), se borra de ahí”, ordenó Hugo Chávez en 2010
Aunque las ocupaciones son reconocidas como mecanismo de presión para exigir derechos, desde el Gobierno se criminaliza esta acción. En esta séptima y última entrega, Contrapunto cuenta cómo viven quienes aguardan, algún día, recibir el beneficio
La noche del 23 de abril de este año, Gladys Flores se vio retratada por primera vez en un documental. Ella estaba en la proyección de Ruina, del alemán Markus Lenz, la película que se grabó en el lugar que durante siete años fue su casa: la Torre de David, en la avenida Andrés Bello de Caracas. Cuando culminó, pasó al frente del salón para contar su historia.
En septiembre de 2007 invadió el lugar junto a casi dos mil familias que ingresaron al espacio con carpas y que, poco a poco, se instalaron en 28 pisos del bloque A y en 19 del B. Allí se organizaron para contar con electricidad y para hacer llegar el agua a través de tanques, bombas hidroneumáticas y mangueras en cada nivel. Levantaron paredes de ladrillos, enmarcaron puertas, pintaron y se adueñaron de una estructura, nunca culminada, que de ser el proyecto de un centro financiero, pasó a ser una edificación intervenida que quedó en manos del Estado tras la crisis bancaria de 1994.
“No digamos que fue una vivienda digna, pero sí una solución para el momento. Muchas veces tenemos que tomar otras alternativas aunque no nos gusten para después lograr algo mejor. Y eso fue lo que hicimos nosotros, tomar la Torre de David para que, al final, el Gobierno nos diera nuestra vivienda que era lo que nosotros queríamos. Y lo logramos”, comentó la mujer que a finales de este mayo se mudó al apartamento que le entregó la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en Ciudad Tiuna.
Pero otros que han tomado la iniciativa de invadir en los últimos años no han sido respaldados por el Estado con el otorgamiento de viviendas que sí recibieron quienes ocuparon este edificio que, en 2011, ganó el León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia por las bienhechurías que sus inquilinos hicieron allí.
Por ejemplo, las mujeres que invadieron una casa hogar de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, ubicada en El Valle, fueron desalojadas 12 horas después de haber tomado aquellas instalaciones, con un acta que comprometía a distintos entes del Ejecutivo a iniciar gestiones para conseguir una solución al problema de hacinamiento que atravesaban las féminas y sus hijos.
Aunque las citas pautadas se llevaron a cabo, tanto con el Gobierno del Distrito Capital como con la Vicepresidencia de la República, en ningún lado les dieron una respuesta concreta. “Quedamos peor que como estábamos antes”, afirmó una de las invasoras que no quiso revelar su nombre, quien acotó que en ambas dependencias le ratificaron que quienes irrumpieron en la residencia de las monjas serían sacadas del censo de la GMVV. Una de estas afirmaciones la hizo Ernesto Villegas cuando aún ocupaba el despacho capitalino.
El sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señaló que desde la perspectiva jurídica existen leyes en el país que condenan la invasión de la propiedad privada. Incluso, desde algunas administraciones locales -como es el caso del municipio Acevedo del estado Miranda- se han decretado medidas que criminalizan estas ocupaciones. Adviertió que aunque algunas de estas acciones son emprendidas por "mafias organizadas", cada caso debe estudiarse por separado.
“Esta pelea es política. El marco normativo de la Misión Vivienda no establece ese tipo de penalidad y lo que nosotros siempre argumentamos es que la ocupación de vivienda es un mecanismo de exigencia de derechos -como cerrar una calle, que también está comenzando a ser penalizado- y que la gente lo realiza como último recurso cuando no ha tenido respuesta de los diferentes organismos del Estado”, apuntó el especialista.
Esta última afirmación va de la mano con las palabras que Flores, la antigua inquilina de la Torre de David, pronunció ante la audiencia que vio el documental que ella protagonizó. Así contestó cuando le preguntaron si quienes invadieron el rascacielos sabían que estaban al margen de la legalidad: “Las leyes se han quebrantado muchísimas veces y no solamente por la gente pobre. Si vamos a hablar de leyes, caeríamos en un campo muy amplio. Entre nosotros sí estábamos conscientes de que esto era ilegal, pero sabíamos que a pesar de todo no estábamos haciendo nada que dañara a nadie porque eso estaba solo, no le estábamos violando los derechos a nadie, más bien estábamos peleando por los nuestros, por el artículo 82 (de la Constitución Nacional de Venezuela) que es el de tener derecho a una vivienda digna. Por eso sí estábamos peleando”, justificó.
Pero no fue otro sino el propio presidente Hugo Chávez, creador de la GMVV, quien vetó a los invasores de la lista de beneficiarios de este programa social. En su espacio Aló Presidente del 23 de mayo de 2010 comenzó por reclamar a las autoridades “mano dura” para evitar cualquier tipo de toma de terrenos o edificaciones.
“Hay que meter la Guardia (Nacional) entonces, el Ejército, pero no lo podemos permitir (las invasiones) porque mayormente no son las personas más necesitadas las que invaden. Hay mafias detrás de los llamados invasores, y después empiezan a negociar y utilizan a mujeres y niños. No se les puede permitir (...) Si estuviera (la persona que invade) en lista de espera, se borra de allí”, dijo el mandatario en esa oportunidad.
Invasores entrevistados por Contrapunto certificaron que aquella sentencia de 2010 es repetida por militares, autoridades locales y funcionarios públicos de despachos como la Vicepresidencia de Venezuela y el Ministerio de Hábitat y Vivienda, cuando se habla sobre el derecho que tienen o no de optar por una casa construida y financiada por el Gobierno. Para quien invade, no hay Misión Vivienda.
Consulta en esta infografía interactiva las cifras clave de la GMVV:
http://162.243.44.42/static/muse/INFOVIVIENDA/index.html
Una muestra más de la orden cumplida de Chávez es el reciente desalojo ocurrido en las áreas verdes del Hospital José Gregorio Hernández, en Los Magallanes de Catia. Allí se derribó en junio un aproximado de 50 casas que fueron construidas en los últimos cinco años. Sin previo aviso, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, junto a cuadrillas de trabajo del Gobierno del Distrito Capital, Guardia Nacional, milicianos y policías nacionales, arribaron al sitio para sacar a los moradores sin ofrecerles un nuevo destino ni tampoco la oportunidad de inscribirse en la GMVV. Sólo la presión de los invasores, luego de varias horas de protestas y reclamos, hizo posible que buena parte del grupo fuese llevado a un refugio en Fuerte Tiuna.
La línea contraviene una afirmación que Ricardo Molina, titular de Hábitat y Vivienda, hizo el pasado 25 de junio: “Estamos preparados para comenzar la toma de terrenos y el inicio de obras en todo el territorio nacional para seguir avanzando en la construcción” de residencias, advirtió.
El veto a los tomistas no sólo echa por tierra un mecanismo de protesta, sino que también da la espalda a la realidad de ciudades como Caracas, donde entre 40% y 65% de las residencias han sido autoproducidas por sus pobladores, una afirmación que hizo Josefina Baldó, expresidenta del Consejo Nacional de Vivienda (Conavi) en un foro sobre tenencia de tierras organizado por la Alcaldía Metropolitana, basado en los estudios realizados por la arquitecta e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, Teolinda Bolívar.
"Ante la complejidad del problema de la vivienda autoproducida, que representa el grueso del patrimonio inmobiliario del país, y ante la diversidad de situaciones a atender en los barrios, insistimos en la necesidad de establecer alianzas y formas mancomunadas entre organizaciones comunitarias, entes públicos y profesionales que apoyen la elaboración y gestión de los proyectos, así como la ejecución de las obras requeridas de urbanización y mejoramiento de viviendas existentes y de nuevas viviendas adecuadas para los pobres. Es preciso que el deseo de hacer más viviendas nuevas tome en cuenta los usos y costumbres de la población, y la importancia que para ésta representan las localizaciones en las ciudades". señaló Bolívar, junto a Hilda Torres e Iris Rosas, en "El intento de vivienda para todos desde el Estado venezolano", análisis publicado en 2012.
Entren que caben 25
El piso del cuarto donde duerme Flor Zapata con su pareja y sus dos hijos es de madera. El material usado no es un capricho, sino una necesidad. La casa de su suegra, una pequeña vivienda ubicada en el barrio Cañicito de la parroquia El Valle, se le hizo diminuta cuando nacieron sus niños, y más aún cuando su cuñado decidió casarse y tener un bebé. Por eso, entre todos decidieron hacer un segundo piso y procurarse un poco más de espacio.
Pero la construcción de ladrillos se truncó cuando supieron que debajo de la casa pasaba un desagüe. Tuvieron que improvisar con tablas que se doblan, se desnivelan y que incluso les han impedido meter una litera dentro del cuarto. “Es que por el peso no se puede”, explicó la joven de 21 años sobre la única cama que tiene y en donde se acomodan sus dos muchachos. Ella y su marido duermen en una colchoneta en el piso. Eso fue lo que le hizo unirse a quienes invadieron la casa de las monjas en El Valle.
Unas cuadras más adelante, en el barrio Bruzual, está la casa de la familia Istúriz, una especie de laberinto que se ha ampliado para albergar a 25 personas entre hijos, nietos y sobrinos. Allí duermen Dannexssy, otra tomista, con sus dos hijos en una litera que queda atrapada entre las paredes que la rodean. Al lado, su madre Gladys vive con su padre y uno de sus hermanos. En el otro cuarto, se quedan sus tres hermanos, su cuñada y su sobrina de un año. Todos, en realidad, están en un mismo salón al que se le han levantado separaciones y hecho espacio para una cocina y un baño.
En el tope de la casa de los Istúriz está Yuliberth con sus dos hijos adolescentes. Para llegar a la habitación, no sólo hay que atravesar todo el costado de una casa sino también subir por unas precarias escaleras metálicas que alcanzan la platabanda de la residencia. A diferencia de Dannexssy, el baño no le queda cerca, sino en la planta baja de la vivienda de su abuela.
Por vivienda también aguardan en los refugios quienes, en ocasiones, han sido señalados como invasores. Ese es el caso de las 11 familias que ocupan un anexo de la Cantv en Los Cortijos, quienes aseguran haber sido borrados de las listas de la Misión Vivienda sin que se les diera explicación. Apuntan que el desorden que existe en los registros ha generado que se hayan quedado rezagados en las asignaciones.
“De aquí se fueron los que estaban en el sistema. La excusa es que, como no estamos en data, tenemos que arreglárnoslas como podamos. A mí, por ejemplo, me estaban haciendo un estudio de caso y ahora no aparezco", comentó una de las residentes del albergue que ya lleva tres años en el sitio. Su certificado de vivienda en alto riesgo comprueba que no llegó de manera fortuita hasta allí.
Las 11 familias continúan a la espera de la casa prometida en un espacio con problemas de filtraciones e higiene que se ha oscurecido por la falta de bombillos - antes los reponía la compañía telefónica a cargo - y con una falla en el suministro de agua, producto de una bomba hidroneumática que no se pudo volver a reparar. Hay basura y escombros en los alrededores, dejados por sus antiguos compañeros reubicados, y una plaga de chiripas que prácticamente tomó la cocina. La seguridad de la instalación depende totalmente de ellos. Lo único que aún les llevan, desde el Gobierno, son los insumos para que limpien el lugar. Desde hace un año dejaron de recibir la porción de alimentos que, de acuerdo a la Ley de Refugios Dignos, les toca a diario. "Nosotros nos sentimos abandonados porque aquí se está con las uñas”, dijo quien quedó damnificada desde 2012.
Contrapunto
11-08-2015
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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