“La delincuencia se reproducirá si no hay propiedad”. Foto Archivo El Nacional
Alfredo Padilla, coordinador de Modepaf, aseguró que el problema de fondo en la Misión Vivienda es la falta del sentido de pertenencia.
Hasta el año pasado, el costo de los apartamentos de la Misión Vivienda rondaba los 400.000 bolívares. En 2013, una lista de costos e inversiones divulgada por el Órgano Superior de Vivienda y Hábitat reveló que un apartamento de 69 metros en Caracas tenía un valor de 350.000 bolívares, y una vivienda de 56,35 metros rondaba los 280.000 bolívares.
La mayor parte de esa inversión ha sido asumida por el Estado. Mario Isea, quien en 2012 presidía el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, dijo entonces que el subsidio a esas viviendas podía ser hasta de 80%. Agregó que a los damnificados se les reconoce además la pérdida de la casa, con una tasa de interés por crédito de 4,6% y hasta 25 años para pagar. Sin embargo, a la fecha quienes viven en apartamentos de la Misión Vivienda continúan siendo adjudicatarios y no propietarios.
A juicio de Alfredo Padilla, coordinador general del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar, este modelo mediante el cual las familias no son propietarias de los inmuebles, pese a estar ocupándolos, propicia la delincuencia dentro de los urbanismos de la Misión Vivienda al no sentir que el inmueble les pertenece.
Padilla describió el proceso de construcción, adjudicación y ocupación de las viviendas de interés social como una cadena de eventos que facilitan el delito. Recordó: "El programa social comenzó con el estímulo a la ocupación de terrenos, predios o inmuebles a medio construir. En Vargas, la consigna de uno de los movimientos dedicados a identificar terrenos propicios para la construcción de desarrollos habitacionales era 'La propiedad no es de quien la ostenta, sino de quien la ocupa', y en el centro de Caracas recordamos la expropiación de 19 pequeños estacionamientos cuyos propietarios aún no han recibido una locha”.
Una vez identificado el terreno, Padilla señaló que el problema se prolongaba a los sindicatos de la construcción que se apropiaban de la fabricación de las viviendas y luego con las denuncias de casos de funcionarios que cobran comisiones para la asignación de las familias a los urbanismos.
Dentro del urbanismo. Existe la Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, aprobada en 2011. El instrumento se deslinda de la Ley de Propiedad Horizontal y en su lugar hace referencia a la propiedad familiar y multifamiliar.
“Al no existir un condominio, en los edificios manda el grupo más fuerte que, como en el caso de Ocumare del Tuy, son quienes ostentan las armas y se imponen por la fuerza. Al final del día, terminas afectando al resto de las familias que fueron adjudicadas y que están obligadas a padecer a los delincuentes”. Padilla señaló que de este modo el gobierno continúa siendo el propietario de los inmuebles.
“El primer paso para disminuir los niveles de violencia es convertir en propietario a quien le dieron la vivienda. La delincuencia se reproducirá si no hay propiedad. No es lo mismo ser dueño, que adjudicatario”.
EMILY AVENDAÑO
El Nacional
06-05-2015
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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