El titular de la Cámara de la Construcción notó que constructores internacionales son privilegiados con pagos en divisas. / Foto: ARCHIVO
El presidente de la Cámara de Construcción del estado Nueva Esparta, Juan Carlos Meleán, indicó que persisten a inicios de 2015 las trabas para la reactivación de la actividad constructora.
“Venimos acusando una paralización importante por varios motivos, entre ellos, el asunto de los insumos principales como lo son el cemento y la cabilla”, dijo Meleán.
El dirigente gremial apuntó que la Ley de Estafa Inmobiliaria y la norma relativa a los inquilinatos han deprimido la actividad de construcción de viviendas.
La Ley de Estafa Inmobiliaria prohíbe incrementar los precios de las propiedades residenciales de acuerdo al índice inflacionario, también conocido como el Índice de Precios al Consumidor.
“Dadas las características de la inflación, que se proyecta para este año de tres cifras, ¿cómo puede la construcción, que lleva un proceso relativamente largo en producir ese inmueble, no verse afectada con esos índices?”, dijo Meleán.
Este instrumento legal ha causado que los promotores privados gestionen la valorización de desarrollos habitacionales de dos formas:
• La primera es publicando el precio de las casas desde el inicio de la obra, lo que obliga a hacer una estimaciones de cuánto costarán los materiales de construcción y otros costos de producción a futuro.
• La segunda es publicar el precio de venta final después de culminar la obra.
“Han disminuido las cantidades de vivienda que puede construir el sector privado”, dijo Meleán.
En 2014, el gremialista apuntó que el sector privado sólo concluyó alrededor de 20 mil unidades habitacionales, lo que representa una significativa desocupación de la capacidad instalada de las constructoras, que pueden edificar hasta 120 mil soluciones habitacionales.
Trato desigual
El representante de los constructores afirmó que los convenios para edificar viviendas con empresas de naciones aliadas al Gobierno nacional, como Rusia, China o Irán, implican que el Estado venezolano pague a empresas extranjeras hasta USD 120 mil por unidad, mientras que al constructor nacional se le exige que construya casas a un costo de 500 mil bolívares.
“No se está sincerando el costo real de lo que es la vivienda acorde al costo de los insumos. Si no se corrige, se está apartando a los productores locales y permitiendo la entrada de empresas foráneas”, expresó Meleán.
La escasez de material encarece las viviendas terminadas, ya que no hay parámetros claros para calcular los costos de construcción.
Divisas
Meleán explicó que gran parte de las empresas del sector no han iniciado actividades por la incertidumbre que existe sobre la política económica del Gobierno nacional.
Un punto esencial es cómo operarán este año los mecanismos oficiales de autorización de divisas. Indicó que las importaciones son esenciales para mantener la producción de materiales de construcción en el país o también la adquisición directa de productos terminados para las viviendas.
“La construcción tiene muchas aristas; algunos insumos dependen directamente de las divisas, como partes eléctricas, maquinarias, tuberías. Tanto el cemento y la cabilla son nacionales con componentes importados”.
Recordó que el año pasado en una mesa de diálogo con el gobierno regional, se presentó la propuesta de admitir licencias de importación para que las empresas del ramo adquieran directamente del exterior materiales de construcción.
Meleán afirmó que así se aprovecharía la ventaja del Puerto Libre para apalancar la actividad de la construcción en Nueva Esparta. Pero esta propuesta no fructificó
El Sol de Margarita
26-01-2015
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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