La resolución de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi) del pasado 28 de marzo de 2014, que ordena a los propietarios de edificios de larga data, con más de 20 años dedicados al alquiler de apartamentos formalizar la oferta de venta a sus inquilinos, movilizó a las partes involucradas.
Por una parte, los colectivos y redes de inquilinos celebran la medida, pues apuestan a que esta vez sí se debe cumplir la ley a cabalidad. “Porque los propietarios no nos estaban parando”, apunta Maglene Sierralta, de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos.
Para estas organizaciones, el hecho de que los dueños acepten el acuerdo de venta constituye un punto de honor a una lucha en la que llevan desde 2006. “Esto es justicia social. La mayoría de los inquilinos son de la tercera edad, muchos hijos de inmigrantes. Hemos hecho una vida con nuestros padres e hijos pagando alquiler desde hace 40 años y más”, cuenta Douglas Acevedo, quien logró comprar su apartamento en el edificio San Biaggio.
“Esto es justicia social, gracias al presidente Chávez. Mi apartamento me costó 67 mil bolívares. A otros les salió un poco más caro porque son más grandes o por estudio socio-económico. A una señora aquí en el edificio le salió gratis, lo pagó un banco del Estado, porque ella es sola y de edad avanzada”.
La medida beneficiará a 25 mil inquilinos que habitan en edificios de vieja data, según registros de las organizaciones de inquilinos.
Los gremios inmobiliarios, representantes de dueños de edificios y de compañías que administran los arriendos que se cobran a apartamentos ubicados en edificios viejos -la mayoría construidos en las décadas de los años 50, 60 y 70-, fustigan la resolución.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), apenas se publicó la resolución, introdujo un recurso de nulidad ante los Tribunales Superiores Contenciosos de Caracas. “Esto es un atentado más contra la propiedad privada, no se puede obligar a vender”, señaló Aquiles Martini, presidente del gremio.
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), que además administra varios de los edificios que serán objeto de la medida, se opone a la resolución en el mismo orden de la CIV, e insiste en que los avalúos que se hacen de las edificaciones están muy por debajo del mercado. “El Estado no debe ponerle precio a la propiedad privada”, sostiene Roberto Orta, representante de Apiur.
Los gremios también se oponen a la metodología de avalúo que aplica la Sunavi para determinar el precio final de los inmuebles, pues aducen que con esta fórmula no se toma en cuenta la ubicación y la zona donde están los edificios.
En descargo, Rigel Sergent, del Movimiento de Inquilinos, sostiene: “Los propietarios dicen que se limita el derecho a la propiedad, pero son ellos quienes lo niegan porque saben que el inquilino que lleva más de 40 años, en muchos casos hasta 50 años pagando alquiler, ya ha cancelado esa vivienda; lo saben, pero quieren seguir lucrándose porque ven la vivienda como una mercancía. Nosotros luchamos por justicia social”.
Empezó a correr el lapso. Lo concreto, en este momento, es que el plazo de sesenta días que prevé la resolución para que los propietarios hagan la oferta de compraventa empezó a correr desde que se publicó la medida que vence a finales de mayo.
Según la resolución, en ese plazo el propietario deberá formalizar la oferta de compraventa; en caso contrario, de no cumplir con este paso, se le aplicará una multa de 2 mil unidades tributarias (UT), que equivale a 250 mil bolívares (una cifra equivalente al precio máximo de un apartamento de vieja data, de 70 metros, tres habitaciones , según la fórmula de avalúo que aplica la Sunavi).
Debido a que esta resolución es una derivación de la disposición transitoria quinta de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda, promulgada en noviembre de 2011, de no concretarse el acuerdo de compraventa al término de los 60 días, la ley prevé que las organizaciones sociales (en este caso, los colectivos y redes de inquilinos) podrán pedir al Ejecutivo que proceda a la expropiación del inmueble, pero voceros de los colectivos destacan que quieren llegar a acuerdos antes de pedir la expropiación. “Queremos comprar. No queremos nada regalado, aunque sabemos que aún con la expropiación el Estado le paga un justiprecio al dueño; pero no queremos recurrir a esa vía sin intentar acuerdos amigables”, resaltó Sergent.
Este vocero relató que, en los avalúos que se han realizado con base en la metodología para calcular el precio del inmueble, la cual toma en cuenta la depreciación (antigüedad, años de construcción), el tamaño del apartamento (metraje) y el mantenimiento (condiciones de la infraestructura, servicios de luz, agua), el valor máximo de un apartamento de larga data es de 250 mil bolívares.
Los censos que llevan los colectivos indican que de las 25 mil familias que habitan edificios viejos, 85% de los responsables del arriendo son mayores de 55 años de edad.
Ante esta realidad, se llegó a un acuerdo con la banca pública encargada de otorgar los créditos hipotecarios -los cuales tienen una vigencia de entre 25 y 30 años para cancelar la hipoteca-, de suscribir un seguro de vida retornable en caso de fallecimiento del beneficiario del crédito. “Pero también en la banca pública nos han indicado que son créditos heredables”, aclaró Maglene Sierraalta.
Otro acuerdo que están concretando colectivos de inquilinos con el Estado es que, en caso de que algún inquilino de los edificios viejos que se vendan en su totalidad no quiera comprar el apartamento, hay una propuesta de que la Inmobiliaria Nacional -estatal adscrita al Ministerio de Vivienda- compre el apartamento, y en el caso de que el ocupante decida mudarse, el Estado dispondrá de esta unidad, bien para el alquiler con opción a compra o para venderla.
Maglene Sierraalta resalta que algunas familias que habitan los edificios viejos y que llevan más de 40 años vivienda allí y tienen la capacidad de comprarlos de contado. “Hemos ahorrado, tenemos una buena jubilación o contamos con el apoyo de nuestros hijos y nietos, pero necesitamos que nos hagan la oferta. Todas las familias tienen la mejor disposición y posibilidad de pagar el crédito”.
Al tratarse de edificios con más de 30 años de construidos, y a muchos de los cuales se les ha aplicado la regulación, el alquiler que pagan en promedio ronda los 500 y 300 bolívares. En muchos de estos inmuebles los inquilinos asumen los gastos de mantenimiento, pagos de servicio de agua y luz. “En muchos casos las administradoras o los propietarios no quieren asumir ningún pago de servicios ni de mantenimiento”, apunta Sierraalta.
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06-05-2014
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