Añadió que las oficinas de la Sunavi, sobre todo en el interior del país, funcionan en condiciones muy deficientes, lo que ha generado una "grave deficiencia operativa".
Agregó que en muchas oficinas del interior no tienen ni siquiera computadoras y que los documentos son guardados en cajas. Un balance elaborado a 18 meses de la promulgación de la Ley de Arrendamientos de Vivienda, divulgado por la organización, señala que la Sunavi sustituyó 335 oficinas municipales de inquilinato, que funcionaban satisfactoriamente. "Fue una medida totalmente innecesaria", dijo Orta.
"No conocemos un caso de revisión de contratos de alquiler y de regulación de canon de arrendamiento que haya salido de la Sunavi", informó. Indicó que los contratos que se han acordado desde la promulgación de la ley son, en consecuencia, ilegales. Apuntó que el mercado de alquileres está prácticamente extinto.
Añadió que la Defensoría Pública tiene activos 9 defensores en el país, que deben presentarse en los actos conciliatorios en la Sunavi o en los juicios inquilinarios, cuando el arrendatario no posea representación privada. Es decir, deben acudir a cerca de 40.000 juicios a escala nacional y 11.000 procedimientos administrativos en la Sunavi. En el documento, Apiur afirma que los fiscales que trabajan en la capital "son muy pocos" y deben avaluar 750.000 inmuebles.
La organización solicita al Ministerio de Vivienda y Hábitat el equipamiento de oficinas y dotación de personal imparcial, pues consideran no favorable que los funcionarios sean miembros de asociaciones de inquilinos. También requieren la habilitación de refugios y entrega de viviendas para ejecutar los desalojos, prácticamente detenidos desde la promulgación de la ley.
Piden la dotación de 5 defensores públicos por estado y la reapertura del Tribunal 25.
Por estado. Apiur elaboró un balance del funcionamiento de las oficinas de Sunavi en el interior del país. En el estado Mérida solo han archivado de manera informal los actos conciliatorios, carecen de peritos y en cuanto a consignaciones y revisiones de contrato remiten a la página web del organismo.
En Maracay, sí habilitan los actos conciliatorios vía judicial, pero para las consignaciones envían a las personas a Caracas. Es la única ciudad, además de Caracas, donde se han reportado revisiones de contratos de arrendamiento.
En Puerto Ordaz, la espera para las citas es de dos a cuatro meses, y hay mucho retraso en los actos conciliatorios. En Valencia las oficinas no tienen computadoras y en San Juan de los Morros las conciliaciones se remiten a Caracas. Las regulaciones de canon y las revisiones de contratos ya están empezando a darse en Barquisimeto, luego de que la sede permaneció cerrada ocho meses. En Vargas todavía esperan por la instalación de la oficina. En ocho de las diez sedes evaluadas no hay peritos para la regulación de los alquileres.
El Nacional
22-05-2014
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Lic. Henry Medina
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