miércoles, 12 de febrero de 2014

Víctor Maldonado: Con la Ley de Precios Justos el gobierno puede expropiarte si les da la gana

Para el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Víctor Maldonado, la recientemente aprobada Ley de Precios Justos convierte a toda empresa de utilidad pública en desmedro del artículo 115 de la Constitución. 

Ahora, "toda actividad económica y todo ejercicio económico. Por lo tanto, toda empresa es expropiable y toda actividad económica es confiscable", agrega Maldonado en la última parte de la conversación con Noticiero Digital. 

¿Cuál es la situación hoy en día del comercio venezolano luego del “Dakazo”? 

-Yo creo que el comercio venezolano está en el momento de tomar decisiones cruciales. Porque es como tener sobre la mesa un conjunto de factores; unos que te convienen y otros que no te convienen. Ahora, parece que los que no te convienen son los más importantes. 

-Por ejemplo, hay una pregunta que es crucial, que se hace todo empresario: ¿me respetan o no me respetan los derechos de propiedad? Bueno, en Venezuela no hay derechos de propiedad. No es que no te lo respetan. Es que no hay derechos de propiedad. 

-La Ley Orgánica de Precios Justos te confisca un derecho constitucional con muchísima alevosía. No alude al artículo 115 de la Constitución sino que alude al 114. El 115 es el que dice que se garantiza el derecho de propiedad, y que sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. 

-¿Qué ha hecho el gobierno? En primer lugar, envilece la invocación de utilidad pública, y la envilece porque esta misma ley orgánica de precios justos declara de utilidad pública todo. Toda actividad económica y todo ejercicio económico. Por lo tanto, toda empresa es expropiable y toda actividad económica es confiscable. 

-El artículo 115 de la Constitución se conoce como el artículo de las garantías expropiatorias; porque no está visto como una atribución del gobierno sino como un freno a los gobiernos. Ahora, esto invierte los términos; esta Ley de Precios Justos ocupa de manera temporal con disposición gerencial. 

-La ocupación temporal de una empresa supone que el ocupante empiece a manejarla y empiece a manejar los recursos, y no sólo eso sino que en ese trámite, como ya todos somos de interés público, ellos son capaces de confiscarte si así les da la gana, porque el artículo 3 que aludíamos antes de la ley dice que no sólo esto es para implantar el socialismo como modelo económico y para luchar contra las distorsiones capitalistas, sino también para lograr cualquier otro fin que determine el Ejecutivo Nacional, o sea, permiso para la imaginación arbitraria. 

-La segunda pregunta que se hace el empresario es si él tiene acceso libre y competitivo a las materias primas e insumos que necesita para su producción, y la respuesta es que no la hay en Venezuela. Porque aquí hay un férreo y rígido control, poco transparente de las divisas; pero además, hay control de costos; hay control de precios; hay control de ganancias; hay control de la legislación laboral, que no es equitativa; que nunca decide a tu favor la Inspectoría de Trabajo. 

-Hay un sistema que se llama SADA, que te regula la distribución de la mercancía. O sea, tú estás absolutamente controlado por el gobierno, y el gobierno te coloca un conjunto de trabas que obstaculizan tu gestión empresarial. Por lo tanto, tú no tienes esa posibilidad de acceso libre a la materia prima. 

-La tercera pregunta que se hace el empresario es si tiene por delante una economía estable. Y la respuesta es que no tiene una economía estable. Porque este es el único país que tiene una altísima inflación; que tienes que lidiar con la escasez, y que, además tú, seguramente, eres el culpable de la inflación y de la escasez. 

-La cuarta pregunta que se hace un empresario es si tiene seguridad, y la respuesta es que no tiene seguridad; porque sucede que no hay seguridad jurídica, ya lo sabemos; pero tampoco seguridad personal que te ocasiona costos. 

-Cada uno como puede, cuidándose a su manera. Pero que son costos que tú tienes que sacar de tu bolsillo. Bueno, esos costos representan el 8% del PIB; una cifra, para buscarle un equivalente, que se podría cotejar con el 15% del déficit fiscal que arrastra hoy en día Venezuela. He allí una de las razones por las que el país está en el suelo. Los venezolanos tenemos que dedicar parte de nuestros ingresos para cuidarnos; porque la policía no sirve, porque la policía se corrompió. 

-Cuando tú me preguntas por lo que ha pasado después del “Dakazo”; bueno, ha pasado que todo esto se te hace presente. Te inquiere, te pregunta, te plantea que te responda: ¿tiene sentido seguir siendo empresario? En realidad, la respuesta está en proceso: uno sí nota en las ciudades que hay menos tráfico, y la razón de esto está en que hay menos actividad económica; no porque desaparecieron los caraqueños. 

-Y así uno nota cosas; que es lo que me hace recordar aquello que decía Luis Herrera Campins de que había que aprender a oír crecer la hierba. A mí siempre me pareció esa frase genial. Porque eso lo único que indica es que bueno, finalmente, tú tienes que aprender a construir realidades sobre datos fragmentarios. ¿Qué sabes tú? Tú sabes que la gente anda como loca, para irse a otros países teniendo en cuenta, sobre todo, que para la gente joven no hay oportunidades de desarrollo profesional. 

-De modo que todo esto forma parte del mismo mal; de que los comercios deciden retirarse; los comercios deciden replegarse; los comercios deciden trabajar menos, y los venezolanos encuentran que, sin actividad comercial, no hay patria. Porque, a diferencia de lo que dice el gobierno, sin empresas no hay oportunidades en el camino de la prosperidad, y eso es lo que está poniéndose en juego las escasas 465 mil empresas que tiene el país. 

-Esa cifra representa la menor densidad promedio de empresas per cápita de toda América Latina; porque el gobierno se ha esforzado en hostigarla, en obstaculizarla, y Venezuela es el único país que tiene crecimiento negativo de empresas e industrias. Por decir algo, Brasil registra un millón de empresas trimestralmente nuevas, y nosotros las dinamitamos. Eso tiene que ver con un discurso que te coloca a la empresa como el enemigo, y no como parte del activo social. 

En lo que va de año, ¿cómo ha sido el comportamiento de Cadivi con el sector comercio? ¿Se regularizó la entrega divisas? 

-Para nada. Hay sectores a los que se les debe novecientos días, y es más lo que les deben que las expectativas de las asignaciones que les van a aprobar. Pero hay algo peor, que hay que recordar: a Cadivi acceden cerca de doce mil empresas, y estamos hablando de cerca de 465 mil. El resto de las empresas tiene otra economía; que es la economía paralela. ¿Por qué? Porque Cadivi exige tal nivel de requisitos que, en lugar de ser un mecanismo integrador, es un mecanismo excluyente, y en donde sólo las grandes empresas pueden tener acceso. 

-Pero, además, son sólo las grandes empresas las que pueden beneficiarse de un mecanismo que aprueba hoy, y paga dentro de 900 días; que ese es el cuento que no echa García Plaza ni se conoce la Tarazón. El cuento es que las empresas privadas fundadas en la buena fe; creyendo que el gobierno en algún momento va a cumplir con sus obligaciones sólo con la aprobación formal de Cadivi, que es uno de los tantos pasos que hay que dar en este engorroso mundo del mercado cambiario, se arriesgan a traer la mercancía; la pagan con sus propios dólares, a la espera de que Cadivi les reponga la inversión. Pues, eso se rompió. 

-En ese sentido, tú te consigues con empresas que de buena fe trajeron sus cosas: empezando por las farmacéuticas que procedieron de esa forma, y ahora Cadivi no les paga, y esto se traduce en el hecho de que no viene una medicina más, por consecuencia, al país; ya que se rompe la cadena de proveedores. 

-El gobierno amenaza a la nación con importar directamente; bueno, ya sabemos la eficiencia de las importaciones del gobierno. Porque hay una cosa que no se puede dejar por fuera. El gobierno tiene más del 40% de la capacidad de distribución de alimentos y de bienes esenciales del país; el gobierno reconoció el año pasado que tenía 22 mil puntos de distribución de alimentos. 

-Esto significa que hay un punto de distribución de alimentos por cada 1 mil 341 personas. Si eso fuese cierto o si eso funcionara bien, aquí no tendría que haber una sola cola para nada. Porque habrían más puntos que capacidad de la gente, para conseguir cosas. Pero ese mecanismo en manos del Estado es tan fracasado, como todas las políticas del Estado. Pero genera, digamos, corrupción, genera malversación; genera ineficiencia, y eso es lo que todos los venezolanos estamos pagando.

Noticiero Digital
11-02-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo corredor_inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es



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