Katy Jurado
Inversionistas prefieren construir centros comerciales en vez de viviendas
Puerto La Cruz.- En 2004, la periodista Lourdes Fernández decidió irse a trabajar a China. Pensando en preservar su vivienda, ubicada en el Conjunto Residencial La Caridad de Barcelona, optó por alquilarla. Nunca imaginó que nueve años después podría correr el riesgo de perder el único bien familiar que dejó en Venezuela.
A través de una carta enviada a El Tiempo, la afectada contó su historia, la cual se ha repetido en otros casos, tras la aprobación en noviembre de 2011 de la Ley para la Regularización y Control del Arrendamiento de Viviendas, que impide los desalojos, si antes no se garantiza una vivienda alternativa al inquilino.
Aunque asegura que siempre tuvo una relación cordial con el arrendatario, la situación cambió en noviembre de 2012, cuando le pidió finiquitar el contrato y éste se negó.
“Le he dado todas las prórrogas que contempla la ley. Ya hay un pronunciamiento del Tribunal Primero del municipio Simón Bolívar que ordenó la desocupación del inmueble y condenó en costas a la parte demandada. Sin embargo, desde que comenzó este litigio, el inquilino vive gratis en mi casa, pues los tribunales decidieron cancelar las cuentas arrendaticias y nadie lo obliga a cancelar. Me pregunto: ¿es esto justo?”.
El expediente por apelación se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo de Anzoátegui, a la espera de una decisión. “No es mi intención presionar a los jueces, sólo les pido celeridad, ya que en Beijing vivo de un contrato renovable y debido a las nuevas regulaciones de residencias para extranjeros, ya estoy en el último año del lapso permitido, por lo que deberé regresar a Venezuela y necesito recuperar mi casa”.
Similar es la situación del propietario de un apartamento en la zona norte de Anzoátegui, quien desde hace un año viene solicitando la desocupación del inmueble. Señaló que también cuenta con varias decisiones judiciales a su favor, pero ha sido imposible que los inquilinos le entreguen el bien que adquirió para poder tener un ingreso adicional. No quiso ser identificado porque, al parecer, en este caso ha habido intentos de extorsión.
Primera opción
Años atrás, la casa alquilada era la primera opción para las parejas jóvenes o nuevos profesionales que no podían comprar un bien hasta que estuvieran estabilizados económicamente.
“Lamentablemente este mercado desapareció. La ley violentó la propiedad privada de muchos venezolanos que habían ahorrado en vivienda para que una parte de ese ingreso los ayudara en su retiro o para tenerla como activo financiero”, indicó el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Anzoátegui, José Ramón De Los Ríos.
Desde 2003, los precios de los alquileres fueron congelados. Por 10 años, en la mayoría de los casos, ambas partes (inquilino y arrendador) habían logrado ponerse de acuerdo para fijar un canon justo. Con la puesta en vigencia de la nueva normativa legal, la oferta se redujo 90% ante el temor de la gente de perder su activo más importante.
El dirigente empresarial señala que esta situación se puede verificar con sólo revisar los avisos clasificados de la prensa regional. “En octubre de 2003 se publicaban cerca de 120 anuncios de inmuebles en alquiler en la zona norte de Anzoátegui. Este año, no vemos más de 45 y todos dirigidos a empresas, porque en teoría esta figura pareciera estar fuera del ámbito de la Ley de Arrendamiento”.
Existe ahora otra disyuntiva. Hay quienes prefieren tener el inmueble cerrado, sin obtener ningún beneficio, a salir perjudicado o perderlo. Uno de los que se ha inclinado por esta alternativa es Alonso Fernández, un comerciante automotriz que durante más de 15 años tuvo en alquiler un apartamento ubicado en Lechería.
De Los Ríos aseguró que algunas empresas inmobiliarias han dejado de ofertar estos inmuebles para no tener que intermediar, de llegar a presentarse un conflicto legal.
Los inversionistas han preferido dedicarse a la construcción de centros comerciales o empresariales, que colocar sus capitales en viviendas de alquiler. El presidente de la Cámara de la Construcción, Nelson Blanco, considera que el riesgo es muy alto.
“Aunque no se aplique con todo su rigor, el instrumento jurídico existe, y hasta que la Asamblea Nacional lo modifique, es poco probable que el escenario cambie”.
Gabriela Gutiérrez lleva un año intentando comprar una vivienda. Ella y su novio son profesionales jóvenes. Ya perdió la cuenta de cuántos inmuebles han visitado para ver si el precio de venta se adapta a su presupuesto. “En esta zona no hay apartamento que cueste menos de 2 mil bolívares en obra gris. Tendríamos que colocarle al menos pisos, las rejas de protección, el aire acondicionado y la cocina para mudarnos con lo indispensable, y eso representa un alto costo para nosotros”.
Desde hace dos años, ambos viven en la casa de un amigo, que por la confianza que les tiene aceptó arrendársela. “Pagamos Bs 4 mil 700 mensual por un apartamento de dos cuartos y dos baños en Lechería. Ese no es el precio real, pues en el mismo edificio, uno igual, lo alquilan en Bs 8 mil”.
La opción del financiamiento no le entusiasma a esta pareja, pues la banca sólo presta Bs 350 mil a través del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Faov).
Hace 10 años, en los avisos clasificados de El Tiempo se ofrecían hasta 120 apartamentos en alquiler en la zona metropolitana de Anzoátegui. Los de tres cuartos tenían un costo mensual entre 400 y 600 bolívares de los viejos. En la actualidad, la oferta no pasa de 50 unidades, y todas dirigidas a empresas.
Desaparecido
Aunque no hay cifras oficiales, se estima que a escala nacional este mercado se contrajo casi 90%. De Los Ríos afirma que la mayoría de los inmuebles disponibles permanecen cerrados, además “desde hace muchos años aquí no se construyen viviendas de alquiler porque la ley siempre ha favorecido al inquilino, a quien considera el débil jurídico, lo cual no es equilibrado, porque ahora el propietario también se ha vuelto débil”.
Hace dos años, la oficinista Sofía López alquiló un apartamento tipo estudio en Puerto La Cruz, cerca de su lugar de trabajo. Dice que corrió con suerte, porque fue recomendada por un pariente y además reúne las características que exigían los dueños: soltera y sin niños. Aunque para vivir en ese lugar hay que anotarse en una lista de espera, ella pasó por alto ese trámite.
La joven considera que es el inmueble más económico que ha conseguido, aunque al mes gasta la mitad de su sueldo para vivir allí. Paga Bs 2 mil 300 de canon, adicional a los servicios, aseo y mantenimiento. También le exigieron dos meses de depósito, uno de adelanto y otro por trámites administrativos.
“En Lechería, un apartamento de las mismas dimensiones cuesta hasta Bs 6 mil y en Barcelona hasta Bs 4 mil. La alternativa que me queda es rentar una habitación, pero prefiero la privacidad”.
Durante su búsqueda ha llamado a varios sitios, pero le dicen que sólo alquilan a compañías o ejecutivos de trasnacionales. La Ley para la Regularización y Control del Arrendamiento establece que la discriminación por sexo, credo o raza es ilegal.
Sofía López comentó que algunos propietarios piden una larga lista de documentos, previo a la selección del inquilino. “Carta de trabajo, balance bancario, cédula y referencias personales, sin ninguna garantía de que será aceptado”.
Impedimento legal
La Ley de Arrendamiento y la Ley Contra el Desalojo protegen al arrendatario en casos de desocupación. El procedimiento no se podrá ejecutar sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona. Se multará con mil unidades tributarias a quienes incurran en esta ilegalidad.
“Desde hace muchos años aquí no se construyen viviendas de alquiler porque la ley siempre ha favorecido al inquilino, a quien considera el débil”. José Ramón De Los Ríos. Presidente Cámara Inmobiliaria.
El Tiempo
13-01-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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