Oriana Faoro
Voceros de la CPU revelaron que en Ciudad Guayana hay disponibles 5.204 hectáreas con zonificación o vocación residencial, aptas para construir unas 260 mil viviendas.
ofaoro@correodelcaroni.com
La Contraloría de Planificación Urbana (CPU) del municipio Caroní fue oficialmente constituida ayer en la sede del Colegio de Ingenieros de Ciudad Guayana. 44 personas de toda la urbe se congregaron para ofrecer declaraciones sobre la situación que presenta el municipio respecto a la violación de la ordenanza de zonificación urbana, que se ha observado últimamente en la ciudad.
Simón Yegres, representante de la CPU, denunció que “hemos detectado 170 sitios en la ciudad en los que se está violando la ordenanza de zonificación, bien sea resguardados o violentados, por ocupación espontánea o institucional” para el uso residencial, que originalmente están destinados para servicio de recreación pasiva (SRP) o servicio deportivo (SD), como en los terrenos donde se construyen proyectos de la Misión Vivienda en las urbanizaciones Villa Icabarú, Villa Paratepuy y Los Mangos, de la mano del Instituto de Viviendas, Obras y Servicios del estado Bolívar (Inviobras) y el Instituto Nacional de Viviendas (Inavi).
Yegres reveló que esta organización no gubernamental (ONG) busca “dar respuestas y acciones contundentes” ante las referidas situaciones, y denunciar a los entes transgresores de la norma, entre los que nombró a Inviobras, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Alcaldía de Caroní y al Ministerio del Ambiente, atribuyendo a estos dos últimos la responsabilidad de construir “Villa Orinokia, al lado de la cárcava de Alta Vista”, resaltando que es un terreno vulnerable y no apto para construir viviendas, lo que pone en peligro a sus ocupantes.
Es por ello que la CPU denunciará también “a los entes contralores que deberían frenar este tipo de atropellos, como la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía”, que en sus palabras no están cumpliendo su función. Yegres se refirió a los recursos de amparo constitucional introducidos por las comunidades organizadas de las urbanizaciones Villa Paratepuy y Villa Icabarú, que solicitan la paralización y demolición de las edificaciones de la Misión Vivienda en ambos sectores, como acciones similares a las que serán tomadas por la ONG a futuro, tratando de abarcar todos los terrenos que han identificado.
Los representantes de la CPU manifestaron que realizarán “demandas y reclamos con acciones de calle” para hacer oír su voz, y esperan que su organización “sea respetada, en los términos que establece la Ley de Contraloría Social”, instrumento legal en el que se basan para su constitución, así como también planean elaborar y entregar propuestas para re-direccionar debidamente el desarrollo urbano de la ciudad: “Queremos que se cumpla el plan de desarrollo urbano local que fue desarrollado en 1993”.
Suficiente terreno para zonas residenciales
Tomando en cuenta que la necesidad habitacional en Caroní, que según Yegres es de 70 mil viviendas, el vocero de la CPU mencionó que en Ciudad Guayana “existen 5.204 hectáreas en el perímetro urbano con zonificación o vocación residencial, donde se podrían construir unas 260 mil viviendas”, y se refirió a tres sectores en los que se podría explotar este potencial, que no han sido tomados en cuenta:
“La UD-200, que se ubica hacia el sector del Caronoco, donde se podrían construir 20 mil viviendas, la parte sur-este de la avenida Atlántico, en la parroquia Unare”, que podría beneficiar 50 mil familias, y en San Félix hacia los lados de Caruachi.
Los voceros de la contraloría esclarecen que de utilizarse estos espacios se solucionaría el problema de vivienda, sin violentar el desarrollo urbano de Ciudad Guayana, pues en algunos casos se afecta más que la ordenanza de zonificación.
“¿Irá la avenida Libertador en Puerto Ordaz?, porque ya en su eje de vía está ocupado en nueve puntos” dijo Yegres, refiriéndose a las UD 338 y 339, así como también a la UD-235 ubicada en el sector Los Mangos, donde se edifica la comunidad Francisco de Miranda, perteneciente a la Misión Vivienda, y refirió que con la consecución de estos proyectos, se imposibilita la construcción de la mencionada vía, que en proyecto constituye una de las 4 arterias viales más importantes de la ciudad, junto con la avenida Loefling, la avenida Guayana y la avenida Atlántico.
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La Misión Vivienda y la anomia social en Guayana
Desde principios de este año han comenzado las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Ciudad Guayana, que han desatado la controversia entre vecinos de numerosos sectores de la ciudad: Villa Icabarú, Villa Paratepuy, Los Mangos, Villa Asia, entre otros.
Representantes de la comunidad de los sectores mencionados se han movilizado para hacer respetar la zonificación de los terrenos de sus localidades, destinados a la recreación y al deporte, pero pareciera que dichas voces no tienen oídos receptores que hagan cumplir sus reclamos: en Villa Icabarú, los vecinos introdujeron un amparo constitucional, para solicitar la paralización y demolición de la Misión Vivienda en el sector El Legado, que no ha surtido efecto, caso similar al de Villa Paratepuy, con la edificación de El Gigante.
Vecinos de ambos sectores exhortan un pronunciamiento contundente de la Alcaldía de Caroní y su máximo representante, José Ramón López, para poner fin a esta serie de atropellos cometidos en nombre de la emergencia habitacional, pues la municipalidad ha respaldado las acciones legales sólo en el ámbito administrativo.
Al irrespeto de la zonificación se suman los resguardos de terrenos para la futura construcción de viviendas que han realizado varios grupos de ciudadanos, sin contar con la autorización de ningún ente oficial, como en el caso de Curagua 2 la semana pasada, o el caso de las construcciones de Villa Tempo, en Villa Icabarú y Habitania, en Alta Vista, en donde la invasión a la propiedad privada pasó a ser una forma de reclamo de viviendas.
¿Dónde están la Alcaldía, el órgano rector de vivienda y las leyes?
Correo del Caroní
20-09-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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