lunes, 16 de julio de 2012

Roberto Orta: "Ley de Justiprecio está desfasada de la realidad y es inconstitucional"

Violación al derecho de propiedad y desconocimiento de las mejoras y bienhechurías del inmueble, son algunas de las críticas que han hecho diversos expertos en la materia acerca de lo estipulado en el Decreto Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los casos de Expropiaciones de Emergencia con fines de Poblamiento o Habitabilidad, aprobada vía Habilitante por el presidente Hugo Chávez.

La normativa, publicada en Gaceta Oficial el pasado mes de junio, establece los procedimientos para determinar el justiprecio de aquellos inmuebles que sean adquiridos por el Estado en caso de expropiaciones de emergencia, previstos en la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda.

El documento reza que después de establecida la base de cálculo, el justiprecio se actualizará tomando como referencia “la variación del índice nacional de precios al consumidor (INPC), la tasa de interés pasiva nominal de los depósitos a plazos superiores a noventa días capitalizable mensual y la tasa de interés activa nominal promedio ponderada; todo de acuerdo a lo publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV)”.

Para Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), con ese método se están desconociendo una cantidad de factores de obligatoria apreciación que se reconocen en todas las demás leyes, como lo son el valor del mercado y el valor fiscal, que -explicó- es el que declara el propietario cuando compra o vende una propiedad o cuando declara el Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

“Evidentemente al desconocer todos esos factores, el valor que se procede o que resulta del método que aplica el Gobierno, en muchos casos será muy bajo y en otros muy altos, en referencia al valor real de la propiedad o al valor catastral que el mismo municipio establezca”, indicó.

-Si se aplica, por ejemplo, la inflación en el caso de un inmueble suburbano, puede que esa inflación dé por encima del valor real de la propiedad, pero en el caso de inmuebles bien ubicados el valor va a hacer totalmente ínfimo con respecto al valor del inmueble. Lo que busca el Gobierno es pagar un precio irrisorio por las propiedades que viene expropiando, agregó Orta.

Por tal razón, calificó a Ley para la Determinación del Justiprecio de Inmuebles en casos de Expropiaciones, como “desfasada” de lo que es la realidad del país y de lo que es la realidad del valor de las propiedades, al tiempo que señaló que también es inconstitucional, “porque viola los procedimientos establecidos en el artículo 115 de la Constitución, donde se establece que el pago del justiprecio tiene que ser oportuno”.

No hay pago

El presidente de Apiur aseguró, que más allá de lo que contemple el reglamento del justiprecio, lo que se está viendo en el país es que las expropiaciones de terrenos, galpones o estacionamientos, que se han llevado a cabo en los últimos años, no se están cancelando “porque no hay una política de pago por parte del Gobierno nacional”.

Entonces -acotó Orta- el método que establezca esta ley pierde peso, ya que la Procuraduría General de la República no realiza los juicios de expropiación, ni cita a los propietarios para llegar a acuerdos amigables y, por ende, en la inmensa mayoría de los casos no se paga ni un centavo del justiprecio.

¿Ciudades sostenibles?

En el Plan de la Gobierno 2013-2019, propuesto por el presidente de la República, Hugo Chávez, se aborda la creación dentro de los planes regionales, “de los corredores de desarrollo de ciudades sostenibles, los cuales, apoyándose en las ciudades intermedias, equilibrarán la ocupación productiva del territorio… y privará así el concepto de ciudad”.

Tomando como referencia esa propuesta, el presidente de Apiur, Roberto Orta, aseveró que el Gobierno no está construyendo nuevas ciudades y tampoco lo hará, pues hasta el momento sólo ha edificado la llamada Ciudad Caribia, en Caracas. “Lo que hemos visto es que se han tomado una gran cantidad de terrenos en las zonas urbanas ya existentes, han improvisado planes de viviendas con efectos electorales y han excluido al sector privado”, resaltó.

Ultima Hora
04-07-2012

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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