El 4 de mayo, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) publicó el cartel de notificación para iniciar el procedimiento de rescate de tierras y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento sobre el Hato Brasil, ubicado en el municipio Maturín, estado Monagas.
La acción, ejecutada con el propósito de desarrollar el cultivo de soya en estos terrenos según se lee en la notificación del ente regulador agrario, frena por completo el desarrollo urbanístico del norte de Maturín.
Vicente Brito, presidente de la Red por la Defensa del Trabajo, la Propiedad y la Constitución y ex presidente de Fedecámaras, alertó que en estos terrenos se estaba diseñando la construcción de 1.800 viviendas de las cuales 800 ya estaban bastante adelantadas y en etapa de preventa.
"¿Cómo es posible que el INTI tenga en estos momentos un millón de hectáreas en Monagas con uso del 5% y dicte una medida cautelar sobre estos terrenos donde hay planes residenciales?", se preguntó Brito, quien precisó que las más de 800 hectáreas tienen potencial para albergar 10 mil viviendas.
De las siete empresas afectadas por esta decisión del INTI, cuatro están relacionadas con la familia Brito, por lo que el expresidente de Fedecámaras ve en esta acción una retaliación política debido a las múltiples denuncias que ha realizado el vocero sobre las ilegales expropiaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo.
Además, en junio de 2006 el INTI dictó un "rescate de tierras" sobre un lote de 536 hectáreas que también eran propiedad de Brito, por lo que el dirigente gremial denunció una persecución en su contra por parte del Gobierno.
Los terrenos afectados por la medida están valorados en 900 millones de bolívares y ya que el precio de cada unidad habitacional oscila entre 350 y 500 mil bolívares, la imposibilidad de construir las 10 mil viviendas produciría pérdidas que superan los 5 mil millones de bolívares.
INDECISIÓN GUBERNAMENTAL
Brito señaló que entre los años 2001 y 2006 en el Hato Brasil se estaba desarrollando el cultivo de soya (al igual que el Gobierno pretende ahora) con técnicos brasileros, pero el proyecto fue paralizado por el Ministerio de Agricultura y Tierras al alegar que los insecticidas y herbicidas que se estaban utilizando eran contaminantes del suelo y afectaban las zonas residenciales aledañas, por lo que se sustituyó este plan por la construcción de viviendas.
Pero ahora el Gobierno cambió de idea y quiere retomar, pero bajo su mando, la siembra de soya. "Pensamos llevar este caso a la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo como una violación de los derechos ciudadanos", informó Brito.
Por su parte, Fernando Castro, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano e Infraestructura, denunció que la competencia del INTI es sobre terrenos rurales y no urbanos, por lo que esta acción es inconstitucional.
"El artículo 178 de la Constitución establece que la ordenación territorial y urbanística son competencia de los municipios, por lo que el INTI no puede actuar sobre estos terrenos", explicó Castro.
Tal Cual
08-05-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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