La producción de campo y la propiedad de las fincas se verán afectadas a raíz de la orden que dio ayer el Tribunal Supremo de Justicia de despenalizar el delito de invasión en terrenos rurales, establecido en el Código Penal. Así lo considera el presidente de Fedenaga, Manuel Cipriano Heredia. Afirma que no castigar las invasiones representa un golpe para la propiedad privada en el país: "Es una sentencia fuera de lugar. La aplicaron y ahora remiten todo lo que tenga que ver con invasiones a nivel de fincas y terrenos a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Esto es un palo cochinero pues ahora no se podrán aplicar los artículos 471 y 472 del Código Penal, en los que se aplican multas y años de prisión a quienes atenten contra la propiedad privada". Considera que el Gobierno debería tomar en cuenta el impacto negativo que tendrá la orden del TSJ. "¿Qué vamos a hacer? Estamos sacrificando dólares preferenciales para poder comprar por fuera los productos que estamos produciendo en el país. Estamos acabando con nuestro aparato productivo", advirtió. En la ciudad. A pesar de que las invasiones siguen siendo un delito en terrenos urbanos, no han dejado de proliferar en diversos estados. En Nueva Esparta, varias familias que se autocalifican como "los sin tierras", invadieron una urbanización en construcción en el municipio Gómez, al norte de la isla de Margarita, apoyados por el consejo comunal del sector Villa Palmera. Betsaida Colmenares enfatizó que el engaño de las autoridades colmó su paciencia, ya que desde 2008 fue censada por funcionarios de la Alcaldía de Gómez para optar a una vivienda y tres años después se mantiene en la misma espera. En total son 26 viviendas aledañas al hotel Bahía Palmera las que fueron ocupadas por similar número de familias. El censo realizado por el Consejo Comunal Villa Palmera en el que determinaron el estatus socioeconómico de 300 familias necesitadas aumentó la impaciencia de las familias que optaron por la ocupación ilegal. Las estructuras invadidas no cuentan con servicios básicos ni comodidades, por lo que algunos instalaron sus carpas dentro de las paredes de bloques. A principios del mes de febrero, varias familias invadieron unos terrenos cercanos a la basílica menor de Nuestra Señora del Valle y pocos días después se registró una ocupación ilegal en La Asunción, donde se construye una urbanización para los agremiados al Colegio de Profesores de Nueva Esparta. En la primera ocupación, a pesar de las peticiones a Fiscalía por parte del gobernador Morel Rodríguez, por considerar que afecta la actividad turística, no se procedió al desalojo de los invasores. 130 familias invasoras. En Lara, el fin de semana pasado 130 familias del sector Veragacha, integrantes de la Asociación Civil Bravo Pueblo−Alí Primera, ocuparon ilegalmente unos terrenos privados de la zona, donde se construiría un complejo habitacional. "Teníamos esto en proyecto pero hace más de 10 años esperamos respuestas y ya nos cansamos", dijo una de las invasoras. Situación similar se constató en la urbanización La Concordia de la capital larense, donde cerca de 25 familias se establecieron de forma ilegal en un terreno no apto para construir viviendas. Levantaron ranchos y carpas, pese al rechazo de los habitantes del sector. El 2 de diciembre, funcionarios policiales desalojaron a alrededor de 150 indígenas zulianos que ocuparon un edificio en la carrera 19 con calles 7 y 8 de Barquisimeto. El lugar era habitado por damnificados del año 2010 que también esperan por soluciones habitacionales. Más de 300 ocupaciones. En Carabobo las invasiones estuvieron controladas hasta 2004, cuando la Ley de Policía Estadal permitía a funcionarios de este cuerpo desalojar a quienes se apropiaban de terrenos, pero 2005, cuando se centralizaron esas competencias, comenzaron a proliferar. Las zonas donde se puede evidenciar mayor número de invasiones son el municipio Libertador, el sur de la ciudad de Valencia, el eje oriental de la entidad que integran Diego Ibarra, San Joaquín y Guacara; Los Guayos y el municipio Juan José Mora. En total se cuentan más de 300 zonas invadidas en la entidad, revelaron fuentes conocedoras de la materia. Aunque en los últimos dos años no se han visto mayor número de invasores en el estado, algunas de las antiguas ocupaciones se expandieron y ahora cuentan con varios sectores. ANGÉLICA LUGO EQUIPO DE CORRESPONSALES
El Nacional
13-12-2011
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