Red de Ciudadanos Activos hizo censo de la deuda a dueños de 29 terrenos
Gran cantidad de parcelas con vocación turística fueron expropiadas en Playa Grande CRUZ SOJO
NADESKA NORIEGA ÁVILA
La Guaira.- En total unos 29 terrenos privados han sido expropiados en el estado Vargas para el desarrollo de la gran Misión Vivienda Venezuela. Catorce de estos se hallan ubicados en la parroquia Caraballeda (Tanaguarena y Caribe), uno en Maiquetía, uno en Macuto, uno en El Junko y doce en la parroquia Urimare (Playa Grande y Week-End).
Además del uso al que fueron destinados por orden del Gobierno Nacional, los terrenos tienen otro aspecto en común: no han sido cancelados a sus propietarios.
Así lo aseguran voceros de la Red de Ciudadanos Activos de Vargas, organización que se encargó de levantar una especie de censo y de calcular los costos de indemnización que debieron haber sido cancelados, con base en lo establecido en el Decreto Ley de Emergencia para Terrenos y Viviendas promulgado en 2011.
"De acuerdo a nuestra investigación el Estado adeudaría unos 75 millones de bolívares, solo en Vargas, por concepto de terrenos expropiados y también de bienhechurías que fueron derribadas para dar paso a los urbanismos", explica el presidente de la Red, el profesor y dirigente social, Carlos Teixeira, quien advirtió que sale en defensa de muchos propietarios, quienes no alzan la voz por temor a posibles represalias.
Expropiación indebida
Teixeira agrega que los integrantes de la Red de Ciudadanos Activos consideran que la expropiación puede ser una vía válida, si se cumple con la norma establecida y si no se ocasionan perjuicios mayores que beneficios. En este caso, apunta, "lo que hay es una apropiación indebida de terrenos",
Entre los terrenos contabilizados por la Red de Ciudadanos Activos de Vargas destacan las parcelas ubicadas en la avenida principal de Tanaguarena, la manzana ubicada a la entrada de los antiguos hoteles Sheraton y Meliá Caribe, la gran cantidad de parcelas de vocación turística ubicadas en Playa Grande, el estacionamiento del Gran Hotel El Junko y los terrenos y la estructura del restaurante Brasamar.
En el caso de las bienhechurías, los denunciantes cuantifican las oficinas de transporte pesado, negocios, garajes, ventas de repuestos, negocios de cerámica y hasta un autolavado. Todos ubicados en la Meseta de Machado, a la entrada de Playa Grande, cuyos terrenos son propiedad del aeropuerto de Maiquetía y donde ahora se levantan viviendas desarrolladas por la empresa turca Summa.
Daños al aparato productivo
"Lo que nosotros reclamamos es que estas deudas sean canceladas de inmediato, pues se le ha hecho un grave daño al aparato productivo local, se ha sentado un precedente negativo que ahuyenta la inversión local y se han perdido innumerables puestos de empleos", sostiene Teixeira.
Si se trata de una expropiación, el Estado está obligado a cancelar un precio justo y en un tiempo también justo. Y es que no tiene gracia cancelar a precios de 2009 en el año 2015 (seis años de por medio), cuando el valor se haya depreciado.
Uno de los propietarios afectados por la medida y quien prefiere mantenerse en anonimato, indicó que ni en la Procuraduría de Vargas, ni en la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), le han precisado el procedimiento para recibir el pago por su terreno, ubicado en una zona de Tanaguarena, considerado de primera.
"Es injusto que el precio sea establecido por el organismo que luego tendrá que hacer ese pago y por supuesto en los lapsos que les conviene y no en los que establece la ley", continuó reflexionando Carlos Teixeira.
Sin embargo, en la Procuraduría del estado Vargas aseguran que se realizarán las cancelaciones.
"Respetamos el Estado de Derecho. El pago de esos terrenos que estaban baldíos u ociosos está garantizado a los dueños", aseguró Pedro Rodríguez, titular de ese despacho en el Litoral Central.
El Universal
30-05-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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