Un nutrido grupo de personas que se consideran víctimas de violaciones del derecho a la propiedad se reunió ayer en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas para relatar sus historias, micrófono en mano.
Propietarios sacados de sus pensiones, dueños de estacionamientos expropiados que no han recibido indemnización o edificios invadidos abandonados a su suerte por las autoridades fueron algunos casos expuestos en la asamblea.
"Esto lo hacemos para organizar a la población afectada, víctima de la indolencia, para proponernos luchar jurídicamente y explorar otros horizontes, como podría ser un referéndum que anule las leyes que van contra la propiedad", explicó Gerardo Poveda, del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar, el cual pertenece junto con otras organizaciones al Frente Nacional de Defensa de la Propiedad.
Poveda aseguró que aproximadamente 600 personas han acudido a las organizaciones aglutinadas en ese frente, con el objetivo de reclamar violaciones de sus derechos y buscar orientación legal.
Uno de los testimonios más dramáticos lo ofrecieron Nancy Castro y su hija Nancy Gabriela Riveros, que expusieron su caso mientras sostenían un afiche contra la violencia y otro que mostraba a los cuatro hijos de la familia acompañados del padre, asesinado el 3 de marzo pasado.
"Injustamente le arrancaron la vida para quitarle un hotel", dijo la hija. Nancy Castro contó que desde enero, un grupo denominado Frente de Resistencia Contra los Desalojos Arbitrarios amenazó a su esposo con invadir el hospedaje que, desde 2006, la familia tenía en Santa Rosalía. Dos meses después, un desconocido lo mató a medianoche en otro negocio en el que vendía repuestos.
"Yo voy a la Fiscalía y me dicen: Niña, vete para tu casa, tú no sabes en lo que te estás metiendo", dijo Nancy Gabriela Riveros, con la voz quebrada.
Su madre le hizo un llamado al Presidente: "Yo he votado nueves veces por este proceso. No creo que usted utilice a esas personas que actúan por políticas mal interpretadas. Por favor, escúchenos".
Esa fue una de las historias relacionadas con la Ley de Arrendamiento y el decreto contra los desalojos arbitrarios. Otras se referían a expropiaciones inesperadas para construir viviendas o a edificios ocupados ilegalmente.
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, dijo que por esa ley "muchos tienen confiscada su propiedad; se está haciendo populismo con lo ajeno". Advirtió que hay una nueva ola de invasiones en época electoral.
Orta arrancó gran cantidad de aplausos del auditorio cuando dijo: "El comunismo no pasará en Venezuela, hay que organizarse por la propiedad en el país".
Rechazan la ley de costos.
Las agresiones al derecho a la propiedad privada que fueron denunciadas no sólo tienen que ver con la vivienda, sino también con temas como el comercio en los mercados municipales.
"Con la nueva Ley de Costos y Precios Justos el abastecimiento se le dificultará a los pequeños vendedores", aseguró Hilario Ramos, quien tiene un puesto en el mercado de La Pastora y está vinculado con el sindicato que agremia esos establecimientos.
Ramos aseguró que actualmente se les dificulta conseguir la mercancía, por lo que reclama a la Alcaldía del Municipio Libertador que permita la autogestión por parte de los concesionarios, para que se organicen y logren comprar al mayor la mercancía.
Moisés Carrero acudió a la reunión para denunciar que un grupo de familias cuyas viviendas están afectadas por el incremento del nivel del lago de Valencia fueron trasladas a refugios. "El Gobierno no quiere tomar la decisión para solucionar el problema", se lamentó.
GEORGELY MORÍN
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El Nacional
24-11-2011
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