La comisión estatal argumenta frente a la “violencia sindical” -tema que ha preocupado a la OIT- que la supuesta elevada tasa de construcción en el país ha hecho permeable a la industria de grupos delictivos. Asimismo, el gobierno señala que menos del 5% de los casos corresponde a dirigentes sindicales electos.
En menos de un mes seis hombres vinculados al sector construcción han fallecido víctimas del sicariato en Ciudad Guayana. Foto Correo del Caroní/Archivo
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
El término “violencia sindical” es incorrecto para el Gobierno venezolano. De acuerdo con los resultados de una mesa de trabajo instalada en el 2011 -entre gobierno y sindicatos- , menos del cinco por ciento de los casos denunciados como sicariato sindical se corresponde con dirigentes legítimamente electos.
Este fue uno de los argumentos que usó la comisión estatal para responder a la queja de los sindicatos ante la Organización Internacional del Trabajo que, en su última reunión -en diciembre de 2012- tomó nota de los planteamientos del Ejecutivo.
La exposición del gobierno ha quedado recopilada en el informe publicado en marzo pasado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en el cual -una vez más- el órgano de las Naciones Unidas pide conformar una comisión tripartita, presentar los resultados de las investigaciones, el estatus de los casos y las sentencias dictadas para sancionar a los responsables.
Según el análisis oficial, el impulso en la construcción de viviendas y desarrollo de infraestructura, los beneficios de la convención colectiva que según el gobierno ampara a 1 millón 200 mil personas, el aumento del poder adquisitivo y “la cantidad de obras que existen en el país ha hecho permeable a la acción delictiva de algunos grupos”.
Compromiso gubernamental
Según el planteamiento del Ejecutivo ante la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno resolvió garantizar la vigilancia y control del ingreso a las obras, exigir carnetización de todos los miembros del sindicato y estableció que todos los delegados sindicales deben ser electos y sus resultados deben ser consignados a las autoridades.
Entre las medidas, se impide el acceso de armas a las obras, se hace patrullaje, se desmiente las informaciones de prensa en los que las víctimas no sean dirigentes sindicales y se creó una comisión de seguimiento multidisciplinaria que se reúna el primer lunes de cada mes.
En el estado Bolívar el general Julio César Fuentes Manzulli, comandante de la Policía del estado Bolívar y secretario de Seguridad Ciudadana en el estado Bolívar, preside una de estas comisiones.
La conclusión se deriva de la mesa de trabajo en el sector construcción y la Comisión Especial para el seguimiento de los casos de violencia laboral presidida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y de Justicia en noviembre del año 2011.
“La facilidad de acceso a las obras ha permitido la presencia de personas ajenas que deambulan entre los trabajadores y trabajadoras. Estas personas cuando son abordadas por los vigilantes de las empresas constructoras se identifican como sindicalistas sin que pertenezcan a ninguna de las estructuras sindicales”.
Sin relación
Sin presentar documentación alguna, el Gobierno señaló que “en la mayoría de los casos de asesinatos de personas atribuidos a la violencia sindical, no se pudo establecer relación de trabajo alguna con ninguna empresa del sector de la construcción, ni fue identificada como perteneciente a la estructura de ninguna de las organizaciones sindicales que activan en el sector de la construcción”.
De acuerdo con los resultados de la investigación oficial, pudieron confirmar que “estas personas (víctimas) permanecían en las obras de la construcción pero no realizaban ninguna actividad sindical”.
Con lo cual, el Ejecutivo asegura que menos del 5 por ciento de las víctimas -denunciadas como violencia sindical- se corresponde a miembros de alguna organización o es el resultado de la acción de organizaciones sindicales “por lo que el término de violencia sindical es incorrecto”.
En los casos en los que se determinó que los fallecidos eran trabajadores o dirigentes sindicales, “se determinó que el acto de violencia contra la persona no tenía vinculación alguna con la actividad sindical”.
Concluye que existen organizaciones sindicales registradas que “servían de fachada a la actividad de grupos ajenos a la actividad sindical”.
En ascenso
Con base a lo expuesto, la Comisión reiteró al gobierno la solicitud de que se cree una comisión tripartita nacional para tratar la violencia en el contexto sindical, pese a que la conclusión de las “mesas de trabajo” haya sido que las muertes en el ámbito de la construcción no pueden calificarse como “violencia sindical”.
Siendo así, pide que comunique la totalidad de los casos de violencia antisindical en el país, la apertura de investigaciones, procesos penales contra los responsables, las órdenes de detención emitidas y las sentencias dictadas, en vista de la “gravedad de la situación y que las centrales sindicales han venido alegando la vinculación sindical con los homicidios de numerosos dirigentes sindicales y sindicalistas”.
En las recomendaciones, también se pide a las organizaciones de trabajadores que se le comunique al Gobierno el nombre de los dirigentes víctimas de homicidio y el “máximo de precisiones” sobre las circunstancias.
Bolívar “líder” en violencia sindical
En menos de un mes seis personas vinculadas al sector construcción en el estado Bolívar, algunos de ellos dirigentes sindicales y otros desempleados, fueron víctimas de sicariato sin que hasta ahora se hayan determinado los responsables.
De acuerdo con el último informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, “la impunidad e indolencia del Estado ante estos hechos sigue favoreciendo que se repitan, se complejice el fenómeno y se extienda”.
Datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) revela que, en el 2012, el estado Bolívar fue el tercer estado con mayor índice de violencia en ese ámbito.
En todo el país fueron víctimas 77 trabajadores o dirigentes sindicales. Según el informe de esta organización, la mayor cantidad de asesinatos ocurrieron en enero, cuando se registraron 13 homicidios.
Correo del Caroní
15-05-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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